El caso de Lucía, la niña de 11 años víctima de violación que llegó al hospital público con 16 semanas, a partir de allí se montó una enorme maquinaria del Estado, del Poder Judicial y las iglesias con el fin de impedir que Lucía pueda acceder a su derecho de interrumpir legalmente su embarazo (ILE). Esa nena fue rodeada, en primer lugar, por personal no propio del hospital, para tratar de convencerla de que no accediera a la ILE, sino que se esperara y “se salvaran las dos vidas” como dijo en un comunicado el Siprosa (sistema provincial de salud) de Tucumán el día que se realizó la cesárea. Con lo cual, desde el inicio, ellos jugaron con todo a que Lucía no accediera a la práctica de la interrupción del embarazo.
Para ello, montaron una serie de restricciones, desde quién era su tutora, para que esto no se realizara. Para eso intervino el Poder Judicial, con una medida para impedir el aborto. Así, todos los profesionales del hospital se declararon objetores de conciencia, por lo cual no había quién hiciera esta práctica una vez que fuera aprobada. Y pusieron en términos de lo legal cuestiones que no deben ser judicializadas para forzar a una niña a ser madre.
El movimiento de mujeres rápidamente comunicó esta situación que se producía en la provincia, en decenas de comunicados, con una movida nacional donde en todos los lugares se puso en debate la denuncia sobre la negativa del Estado de permitir la interrupción legal del embarazo, y todas las artimañas que están usando desde el poder de las clases dominantes para imponer esta cuestión de “salvar las dos vidas”. Lo que imponen es acorralarla, encerrarla, para que su decisión sea continuar con el embarazo. En el caso de Lucía esto no ocurrió porque tanto su madre como la niña lo solicitaron de mil maneras para que esto no ocurriera. Hay una frase que está en su historia clínica, cuando Lucía pide “quiero que me saquen de adentro lo que me metió el viejo” por lo cual, la nena era consciente de lo que le había pasado.
Eso se agrava en una provincia que nunca adhirió a la Ley de salud sexual y procreación responsable ni a la de educación sexual integral, con lo cual, en estas dos leyes nacionales que defienden los derechos de las mujeres la provincia no adhiere y hace pocos meses, la provincia en medio del debate sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso de la Nación, declara a la provincia “Provida” y defensora del neonato. La única provincia argentina que hace esto, también la Municipalidad de San Miguel de Tucumán en principio lo hizo, con todo el poder del bloque oficialista eso se aprueba entre gallos y medianoche en una sesión de la Legislatura de Tucumán donde no se nos permitió entrar a las que nos oponíamos a esta decisión.
Párrafo aparte merece el papel de las iglesias en atormentar a la niña. El arzobispo de Tucumán declaró públicamente el nombre verdadero de la niña, violando todos sus derechos, que se basan en la confidencialidad. Llama la atención que este personaje nunca dio el nombre de ningún cura pedófilo. Los sectores evangelistas hicieron lo suyo en cada sede de su religión y en las plazas públicas llamando a impedir que Lucía acceda a la ILE.
Todo esto se agrava en un contexto político donde sectores reaccionarios, clericales y conservadores están convirtiendo los cuerpos de estas niñas en territorios a conquistar. Quienes dicen defender las dos vidas se ubican a la cabeza de cercenar los derechos de estas niñas en un plan sistemático: silenciadas, obligadas a ser incubadoras, forzadas a ser niñas madres y torturadas.
Al igual que el caso de la niña de Jujuy, lograron prolongar el embarazo, con el fin de conseguir el objetivo de sacar el embrión vivo. Utilizaron todos los recursos, y hasta –como señalaron algunos informes profesionales- sometieron y manipularon el cuerpecito de Lucía con corticoides para madurar el feto. Tal como ocurrió en Jujuy, la estrategia es prolongar los tiempos, para tener luego como argumento “lo avanzado que está el embarazo” para obligarla luego a parir.
El movimiento de mujeres realizó el mismo día una concentración en el Siprosa solicitando la renuncia de la ministra y el Secretario de Salud y está convocando con fuerza para la marcha del 8 de marzo con la consigna #NiñasnoMadres y #CesáreanoesILE.
Hoy N° 1757 06/03/2019
