La llegada de las plataformas de servicios a la Argentina trajo consigo fuertes debates acerca del rol de las empresas y el tipo de relación que estas mantienen con sus empleados. La llamada uberización (por la plataforma de transporte Uber) del trabajo no es más que un nuevo escalón de explotación laboral, al encontrarse los trabajadores desamparados de toda normativa jurídica que establezca límites a cuestiones básicas como salario mínimo, aportes y jornadas laborales estipuladas, garantías que permiten el libre desarrollo personal de quienes se encuentran trabajando para estas empresas. Empresas que bajo la mentira de la innovación y el “sé tu propio jefe” ganan millones a costa del desamparo total de sus empleados. Las plataformas plantean “la innovación, el progreso y un nuevo tipo de trabajo” cuando aplican formas laborales que, al menos masivamente en la Ciudad de Buenos Aires, desaparecieron a comienzos del siglo 20, como es el hecho de que sus empleados se manejen con tracción a sangre.
Tras las protestas realizadas por los trabajadores de Rappi en noviembre del 2018 para exigir a la empresa que reconozca la relación de dependencia de sus empleados, la plataforma se niega a reincorporar a los delegados que organizaron la huelga, priorizando pagar la multa establecida por el fallo –revocado por la Cámara Nacional de Trabajo- que dictó la jueza Stella Maris Vulcano defendiendo el derecho básico de los trabajadores a la organización sindical. Los trabajadores de Rappi crearon ante esta situación la Asociación de Personal de Plataformas (APP) para tener una herramienta sindical que los ampare.
Esta ofensiva a la organización sindical y el derecho a huelga es avalada por el gobierno de Macri, que con sus políticas a favor de las empresas garantiza fallos retrógrados como el dictado por la Cámara Nacional del Trabajo, que establece que al no encontrarse los trabajadores de la plataforma amparados por normativas que afirmen que ellos se encuentran en relación de dependencia con Rappi, la empresa no tiene por qué reintegrar a los tres delegados suspendidos, lo cual resulta un guiño a su modelo de flexibilización laboral. El hecho de que el propio Macri haya dicho que había que dinamitar al Astillero Río Santiago, o que en su discurso del 20 de junio en Rosario haya atacado el rol de los sindicatos, acusándolos de ser “organizaciones mafiosas que atentan contra el desarrollo y el progreso”, demuestran que para hacer pasar la reforma laboral necesitan ir en contra del modelo sindical, que es el que ha permitido que la organización obrera argentina conquiste derechos ejemplares en toda Latinoamérica.
Este atentado contra los derechos de los trabajadores va de la mano de su gobierno de ricos para ricos y de seguir las directivas del Fondo Monetario Internacional en pos de gobernar para unos pocos, a costa del empobrecimiento y la destrucción de la industria nacional. Hoy más que nunca es necesaria la más amplia unidad, como demostraron los trabajadores del Astillero Río Santiago en su ejemplar lucha, para derrotar a este gobierno hambreador en las calles y en las urnas dentro del Frente de Todos.
Hoy N° 1775 24/07/2019
