En escandalosa votación, una ajustada mayoría kirchnerista en diputados dio media sanción al proyecto de ley del gobierno en el que, junto al estímulo al blanqueo del trabajo en negro, quiere hacer pasar una moratoria y un blanqueo de capitales.
El estímulo al blanqueo del trabajo en negro, reduciendo las cargas sociales a los empleadores es una medida positiva, aunque de por sí no garantiza nada: si los patrones no blanquearon a los trabajadores en un momento de crecimiento de la economía, ¿por qué habrían de hacerlo ahora en situación de crisis, por más que se les haga una rebaja en la carga social? Aparte de que resulta hipócrita que el gobierno proponga eso a los privados, cuando es el principal empleador en negro y nada hace por blanquear a sus trabajadores.
También la moratoria impositiva y previsional suena como algo positivo para las pequeñas y medianas empresas que no han podido cumplir con esas obligaciones por dificultades económicas. Pero en el “paquete” no se discrimina ni a los grandes evasores ni a quienes han cometido ilícitos: todas las acciones penales quedan suspendidas con la simple presentación a la moratoria. Y en cuanto al compromiso de mantener el plantel de trabajadores, lo es desde que se sancione la ley, por lo que antes pueden echar a los que quieran.
Incluso al blanqueo de capitales se lo presenta como una medida para favorecer a pequeños ahorristas, que todavía mantendrían fondos sin declarar, en el país o en el exterior, por el síndrome del corralito de 2001. Pero tampoco aquí se discrimina y, cualquiera sea el declarante, no tiene la obligación de declarar la fecha de los activos que blanquee ni el origen de esos fondos, quedando liberado de toda eventual acción judicial. Ni siquiera en el caso de que esos fondos estén en el exterior tiene obligación de traerlos al país.
Así lo que se quiere presentar como un estímulo para la actividad económica (que no es tal porque en vez de inyectar fondos a la economía está destinado a sacarlos, aumentando la recaudación del gobierno), no resulta más que una tapadera para amnistiar a quienes hayan cometido ilícitos en materia impositiva o previsional, como los casos de facturas truchas por sobornos, o para permitirle el blanqueo de fondos malhabidos a los “amigos” o testaferros a muy bajo costo.
02 de octubre de 2010
