El viernes 8 de noviembre el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva salió libre de la cárcel de Curitiba (sur), en aplicación de un fallo adoptado la noche del jueves 7 por la máxima corte del país, el Tribunal Supremo de Brasil, que, en una ajustada votación por 6 a 5, determinó que es inconstitucional la prisión de una persona condenada antes de que se agoten todos los recursos.
La Corte anuló así una jurisprudencia que había establecido en 2016 en el marco de la crisis política desatada por la llamada operación Lava Jato –la mayor investigación contra la corrupción en la historia de Brasil–, con la que había autorizado ejecutar una pena de prisión después de que ésta se confirmara en segunda instancia, pese a que en esa fase quedaban aún dos apelaciones pendientes en tribunales superiores. Según la nueva decisión, la prisión solo podrá ordenarse cuando, como establece la Constitución, se complete el “trânsito em julgado” (“cosa juzgada” en castellano) y se hayan agotado todos los recursos posibles, con lo que la culpabilidad estará plenamente determinada.
Lula estaba en prisión desde el 7 de abril de 2018, cuando empezó a cumplir una pena de ocho años y diez meses tras ser condenado en segunda instancia por corrupción, acusado de vivir a modo de soborno en un apartamento a la playa de la constructora OAS (Oderbrecht), supuestamente a cambio de beneficios para la adjudicación de contratos con Petrobras durante su gobierno de 2003 a 2010.
El expresidente negó siempre dichos cargos, teñidos de una manipulación judicial para impedirle presentarse a los comicios presidenciales de 2018, en los que resultó electo Jair Bolsonaro. Su postura ganó fuerza cuando Bolsonaro designó ministro de Justicia al juez Sergio Moro, emblema de la operación anticorrupción Lava Jato y autor de la primera condena contra Lula.
La decisión de la Suprema Corte de Brasil de liberar a Lula ha sido recibida con gran alegría por todos los sectores populares y democráticos de América Latina y de todo el mundo, como parte de la lucha por la defensa de los derechos humanos. Pese a ello el gobierno de Bolsonaro ha hecho aprobar por la mayoría adicta del Congreso de Brasil un repudio a la solidaridad con Lula manifestada desde siempre por Alberto Fernández, el candidato presidencial del Frente de Todos triunfante en las elecciones del 27 de octubre. Lo que no deja de ser una muestra más de la hipocresía de ese sector oligárquico fascista en el gobierno de Brasil, ya que el propio Bolsonaro viene apoyando a Macri y opinando que los argentinos “no sabemos votar”, en descarada interferencia en la política interna de nuestro país.
Hoy N° 1791 13/10/2019
