El 20 de noviembre un inmenso convoy de vehículos policiales y militares, con apoyo de helicópteros, llegó a la refinería de Senkata para desalojar a los pobladores, que la habían tomado pacíficamente, y llevar camiones con combustible hasta La Paz, donde ya se notaba la escasez de gasolina y alimentos. El 80 por ciento del transporte público no estaba funcionando. Se repetía así lo ya ocurrido en el año 2003, cuando el entonces presidente, Sánchez de Lozada reprimió brutalmente en esa planta, matando a más de 60 indígenas aymaras, hasta que tuvo que renunciar.
Desde la Defensoría del Pueblo, encabezada por Nadia Cruz y el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) confirmaron hasta ahora que hubo nueve muertos y 59 heridos en el operativo. “La población en este momento lo que está pidiendo es justicia y está en su legítimo derecho, después de tener en este momento seis muertos. Con la colaboración del Ministerio Público y peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) se va proceder a hacer la autopsia para poder señalar cuál ha sido la causa de la muerte para que se diga la verdad”, declaró Nadia Cruz.
Los cuerpos fueron velados en la parroquia de San Francisco de Asís, cubiertos con la bandera boliviana, mientras se reclamaba justicia para los muertos, ayuda internacional y la renuncia de Jeanine Áñez a la presidencia. Desfachatadamente, el ministro de Defensa, Luis Fernando López afirmó categóricamente que “el ejército no disparó un solo proyectil”, mientras que la Defensoría del Pueblo declaró el 20 que había 32 muertos desde el inicio del golpe. Una vez que el forense comprobó la causa de las muertes, llevarían los féretros hasta la plaza Murillo “para que las personas sepan cuantos son los muertos”.
Efectivamente, el jueves 21 una multitudinaria marcha descendió de El Alto hasta La Paz con algunos féretros de las víctimas. La policía reprimió la protesta cuando se trató de poner los ataúdes sobre una tanqueta militar. Tanto que algunos féretros quedaron en el suelo.
Organizaciones sociales de El Alto anunciaron nuevos bloqueos en las carreteras que abastecen a La Paz. También podría haber nuevas acciones contra el golpe en Cochabamba, donde se mantienen bloqueos y enfrentamientos con fuerzas represivas.
Como hemos señalado en notas anteriores, el trasfondo de la cuestión es quién va a aprovechar, y dónde se van a industrializar los inmensos yacimientos de litio y al servicio de quién estarán el petróleo y la producción agrícola de Bolivia.
Ante el temor que producen las manifestaciones populares, Jeanine Áñez, presionada desde sus propias filas para acelerar la transición, envió al Congreso un proyecto de ley para convocar a nuevas elecciones “como todo el país lo está demandando”. El 23 de noviembre, con la intervención de la Conferencia Episcopal Boliviana, las Naciones Unidas y la Unión Europea, se llegó a un acuerdo con la bancada parlamentaria del MAS, para llamar a elecciones, de las que quedarían excluidos Evo Morales y García Linera por haber cumplido dos mandatos consecutivos. Todavía está en juego la composición del Tribunal Electoral. La situación sigue abierta.
Redoblemos la solidaridad con el hermano pueblo boliviano en su resistencia al golpe fascista.
Hoy N° 1793 27/11/2019
