En medio de las jornadas de lucha que se extienden a lo largo de todo Chile, que no cesan a pesar de la criminal represión que ya cuenta con más de 17.000 detenidos desde el inicio de la protesta, más de 200 personas con pérdida de visión de un ojo, violaciones y torturas, como se puede leer en un informe emitido hace unos días por Amnistía Internacional, el viernes 15 de noviembre, en una reunión en la vieja sede del Congreso Nacional se suscribió un documento denominado “Acuerdo para la paz y una nueva constitución”. Se intentaba con ello salir al encuentro de la exigencia popular de una nueva constitución para Chile y dar por finalizada una rebelión popular que sigue incesante.
El acuerdo sellado esa madrugada contempla la consulta a través de un plebiscito a celebrarse en abril de 2020 en el que se pondrán dos temas a consideración de la ciudadanía: si el pueblo quiere una nueva Constitución y la metodología para encararla.
No concurrieron a la firma del documento el Frente Amplio (coalición formada por Convergencia Social, el Partido Igualdad, Partido Humanista y otros) ni Unidad para el Cambio (Partido Comunista, Partido Progresista y Federación Regionalista Verde Social), quienes cuestionan tanto el contenido como la forma del acuerdo. Sí estampó su firma el diputado Gabriel Boric, del Frente Amplio, quien manifestó que lo hizo a título personal.
La Mesa de Unidad Social rechaza el pacto a espaldas del pueblo
Por su lado, la Mesa de Unidad Social, que agrupa a más de 200 organizaciones sindicales, sociales, de DDHH, de pueblos originarios, medioambientales, feministas, del sector de la salud, de la educación universitaria y secundaria, profesores y académicos, expresaron también su rechazo al acuerdo. En un documento emitido recientemente, la Mesa señala que “este acuerdo de madrugada entre partidos políticos, sin la participación y legitimidad de quienes hemos participados en las movilizaciones, fue construido mientras literalmente se reprimía y se violaban sistemáticamente los derechos humanos. Se hizo entre cuatro paredes y a espaldas de los movimientos sociales”.
Agregan que el acuerdo incluye mecanismos que la Mesa rechaza, como el quórum elevado que perpetúa el veto de una minoría ya que si bien la redacción de la constitución partiría de lo que se denomina una “hoja en blanco”, es decir no teniendo como base la Constitución reaccionaria de 1980 sino partiendo de cero, todas las decisiones deberán adoptarse con el voto favorable de dos tercios de los convencionales constituyentes, otorgando así el poder de veto a un grupo minoritario que sólo le bastará conseguir un tercio de los delegados constituyentes para frenar cualquier intento de cambios radicales a la Constitución de 1980. Además señalan que el acuerdo discrimina a los menores de 18 años y no contempla mecanismos de participación plurinacional y de paridad de género.
La Mesa de Unidad Social manifiesta además que la criminal represión contra el pueblo ejercida por el gobierno, las FFAA y Carabineros tiene responsables políticos que no pueden quedar en la impunidad y deben ser juzgados inmediatamente. Para ello reclaman la conformación de una Comisión de Verdad y Justicia y el cese inmediato a toda política de criminalización y represión a los movimientos y luchadores sociales. Concluye el documento afirmando que la asamblea constituyente sólo puede concebirse como fruto de la movilización popular, lo que implica una ruptura con el “modelo” impuesto por la dictadura y consolidado por los gobiernos de la concertación y la derecha durante los últimos 30 años.
Paralelamente y en el camino de la profundización de la lucha por una asamblea constituyente la Unidad Social mantiene del reclamo inicial de una “agenda corta”, inmediata, de restitución de derechos sociales y contra la precarización de la vida. Se trata de temas urgentes que no pueden esperar al cambio de constitución, como el aumento de las pensiones, el incremento del salario mínimo, salud y educación gratuita y de calidad para el pueblo, precio de los medicamentos y del transporte, etc.
Dirigentes del pueblo mapuche también han expresado su rechazo al Acuerdo del 15 de noviembre, al igual que sus hermanos originarios de la región de Atacama, representados en el Consejo del Pueblos Atacameños, quienes dicen que “esa negociación a puertas cerradas no responde al clamor popular que exige un procedimiento de participación activa y efectiva de los pueblos originarios” y de otros sectores postergados no contemplados en el acuerdo.
La lucha se profundiza
Paralelamente, y aun en este contexto de represión y terrorismo de Estado, en todo el país se ha generado y se desarrolla un proceso inédito de deliberación popular a través de los cabildos y asambleas territoriales y los trawün mapuches, que están construyendo democráticamente propuestas de transformación para una nueva sociedad.
La lucha continúa y se profundiza. El paro nacional del jueves 21 de noviembre fue masivo. Hubo marchas en todo el país. Y el 22 de noviembre, como todos los viernes, también hubo marchas en calles y plazas a lo largo de toda la geografía chilena.
Ahora, la Mesa de Unidad Social acaba de convocar a una huelga general a partir del lunes 25 que se extenderá hasta el miércoles 27 de noviembre. El pliego de demandas de la convocatoria incluye el rechazo al Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, aumento de pensiones, salario mínimo de 500.000 pesos chilenos, reducción de la jornada laboral, acceso garantizado a servicios básicos, establecer como derechos fundamentales la salud, la vivienda y la educación. La huelga se enfocará el lunes y martes centralmente en la Unión Portuaria y sindicatos de comercio y el martes se sumarán el resto de las organizaciones que componen la Mesa.
La marea popular no se detiene. Renovamos nuestro abrazo fraternal y solidario al heroico pueblo chileno que está escribiendo una bella página de las luchas populares junto a los demás pueblos de nuestra América que se levantan contra la opresión, el saqueo y la explotación.
Hoy N° 1793 27/11/2019
