Hay 30.000 detenidos desaparecidos por la dictadura y sólo 800 causas abiertas contra genocidas. De ellas, únicamente 33 llegaron hasta ahora a juicio oral y apenas 12 terminaron con condenas.
Pocos días antes de la Navidad, el 18 de diciembre, la Cámara Nacional de Casación Penal, a pedido de las respectivas defensas, ordenó la libertad de los genocidas Alfredo Astiz, Jorge Acosta y otros 21 represores. Con la firma de los jueces García y Yacobucci, argumentó que el tiempo que llevan detenidos sin ser juzgados haría ilegal su permanencia en prisión. Ese mismo día la presidenta Cristina Kirchner tenía agendado un acto en el ex centro de detención de la ESMA. Desde allí, en un encendido discurso, habló de “un día de vergüenza para la Argentina y la humanidad y también para nuestro sistema judicial”.
El miembro de la Corte Carlos Fayt fue el primero en devolver la pelota: “No es culpa nuestra –dijo–. Es culpa del Congreso que no ha dictado las normas procesales necesarias que permitan avanzar con los 800 juicios que hay parados”. Poco después, sobre el filo de la feria judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió el 28 de diciembre la acordada 49/08. En ella reparte culpas con el gobierno y el Congreso, y tira la brasa encendida para el próximo año. Crea un organismo –la Unidad de Superintendencia– para monitorear las causas contra represores, pide normas procesales, más salas de audiencias, creación de nuevos tribunales orales, aceleración en el nombramiento de jueces y mayores recursos materiales y humanos.
El documento de la Corte recuerda también que el 15 de julio de 2008 había advertido por carta al ministro de Justicia, Aníbal Fernández, que los procesos “no pueden ser llevado a juicio en un tiempo razonable”, mencionando las causas ESMA y Primer Cuerpo de Ejército, y habían pedido la creación de dos nuevos tribunales orales. No obtuvo respuesta.
Mientras gobierno y jueces se tiran mutuamente la pelota, víctimas, familiares y millones de argentinos seguimos esperando que se haga justicia, con el juicio y castigo a los culpables. Pedimos a Adriana Calvo, de la Asociación ex detenidos desaparecidos, y del colectivo Justicia ya –nucleamiento de organismos para impulsar los causas contra los genocidas– su opinión.
Lo que se podría haber hecho y no se hizo
A.C.: Se pasan la pelota justamente porque todos saben que tienen parte de culpa en esto, la cadena de responsabilidades es muy larga. Y es así cuando hay una política apuntada precisamente a que no haya juzgamientos o por lo menos que no haya los juzgamientos que nosotros queremos: los procesamientos de todos los genocidas y por todos los compañeros. Creemos que ha quedado clarísimo con la acordada de la Corte, donde plantea como un problema que las querellas quieran eso. Nosotros pensamos que la política desde el Poder Ejecutivo, pasando por el Poder Legislativo y, por supuesto, con su correlato en el Poder Judicial, ha llevado a juicios paradigmáticos, ya sea porque los acusados son muy conocidos, o porque las víctimas son conocidas, y que así termine todo. Y entonces, dentro de esa política, no puede sorprender que haya ocurrido este hecho de las excarcelaciones, porque era inevitable; no fue una sorpresa: era la conclusión inevitable de la forma en que se está juzgando. Tenemos por un lado un Poder Ejecutivo que lo único que hizo fue impulsar la anulación de las leyes, pero nada más; no impulsó ninguna otra medida tendiente a que esa anulación derivara realmente en juicio y castigo.
La anulación de las leyes es un paso importante, que conseguimos con nuestra lucha; que era indispensable, porque era el primer enorme escollo que hacía imposible el juzgamiento. Pero es sólo sacar una primera piedra del camino hacia la justicia, después vienen otro montón de piedras, que hay que remover, y podrían haber removido: por ejemplo, los jueces de la dictadura; por ejemplo, los fiscales de la dictadura; por ejemplo, abrir inmediatamente todos los archivos, ya que esto es muy completo, no hacía falta buscar nada ni andar haciendo investigaciones secretas, sino entregar inmediatamente a los jueces todo el listado de personal que se desempeñó en todos los lugares donde funcionaron campos de concentración; eso es algo que lleva exactamente 24 horas si el gobierno quiere hacerlo. Éstos son sólo algunos ejemplos de lo que podría haber hecho el Poder Ejecutivo y no hizo.
“No hay decisión política”
–Después, del Poder Judicial ni hablar: lógicamente con las manos libres, porque el Poder Ejecutivo no tomó ninguna medida, tenemos desde los jueces directamente cómplices de los genocidas –amigos, parientes, socios, familiares– hasta los jueces a los que no les importa demasiado el tema, y no hacen nada. Y aun llegando a los jueces que sí les interesa un poquito, no hay una clara política desde el Estado de cómo actuar con estos juicios, y por lo tanto, aun esos poquísimos jueces que piensan que los genocidas deben ir a la cárcel, tratan estas causas como si fueran delitos comunes, por separado, las desguazan, hacen perder de vista el plan sistemático, alteran toda la etapa de instrucción, todas la pruebas, la documentación. Así, imposible. Este camino es el que nos lleva a tan pocos condenados a cinco años y tres meses de anuladas las leyes.
Y además hay hasta ¡absoluciones! Uno de los represores de Coordinación Federal, por ejemplo, quedó absuelto por el sólo hecho de tener licencia médica el día que ocurrió el hecho que se estaba juzgando. ¿Cuándo se lo va a juzgar por todos los demás hechos?
No hay una decisión política. Entonces nos indigna que ahora hablen de sorpresa, se rajen las vestiduras, cuando en realidad se está haciendo todo para que suceda lo que sucedió.
–En el gobierno hablan de juicio político a los jueces de la Corte de Casación que firmaron el fallo.
–Se está preparando, para la Cámara de Casación, y el Tribunal Oral Federal Nº 5. La Secretaría de Derechos Humanos ahora impulsa un juicio político contra los mismos jueces contra los cuales nosotros impulsamos un juicio político cuando asesinaron a Febres con cianuro. Precisamente fueron esos jueces los que se negaron a cambiarle el lugar de detención, y terminó asesinado. Consideramos que era responsabilidad de los jueces y les pedimos juicio político. Por supuesto, los diputados oficialistas, en particular Diana Conti, lo negaron, dijeron que estábamos delirando más o menos. Es una hipocresía.
–Diana Conti respondió a la acordada de la Corte diciendo que los jueces ya tienen “las herramientas necesarias”.
–Diana Conti, que en su momento actuó en el Consejo de la Magistratura, es la representante por la Cámara de Diputados, actuó como relatora ante nuestro pedido de juicio político a los jueces; ella fue la que hizo el informe diciendo que estos jueces eran maravillosos. No sorprende: ella fue la que al ocupar el cargo de Derechos Humanos con el gobierno de De la Rúa dijo que no se podían anular las leyes, que era imposible anularlas.
