El 26 de noviembre se realizó una reunión en Cochabamba denominada “Ampliado de Organizaciones Sociales en Resistencia al Golpe de Estado”, que comenzó con un minuto de silencio para los caídos víctimas del golpe y gritos de “Gloria a los caídos”, “Patria o muerte, venceremos”.
El líder cocalero Andrónico Rodríguez, vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, de la que Evo Morales es el presidente, encabezó la reunión. Participaron también organizaciones sociales de diferentes lugares de Bolivia: la Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales de Bolivia (Csmcib), la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, dirigentes del Distrito 8 de la Junta de Vecinos de El Alto, de la Federación Sindical Interculturales Productores Agroforestales de El Chore-San Juan-Campo Víbora y de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, del municipio de San Julián, del norte de Potosí, entre otras.
Resonó la famosa frase del líder indígena Tupac Katari tantas veces repetida: “Volveré y seré millones”. Se analizó la coyuntura nacional y las movilizaciones sociales que se vienen realizando. Allí se firmó un “Compromiso de unidad de movimientos sociales para la lucha en defensa de la democracia contra el gobierno de facto y golpista.
Entre otros puntos, ratificaron su “apoyo moral y material a nuestro hermano Evo Morales Ayma, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia”.
Confirmaron un “estado de emergencia” y un “cuarto intermedio hasta que el gobierno de facto cumpla con los acuerdos y compromisos asumidos recientemente con los sectores sociales movilizados en el país”.
Plantearon además: “Exigimos a la Asamblea Legislativa Plurinacional y órgano ejecutivo, la inmediata aprobación de la ley de garantías para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, civiles, políticos y constitucionales a favor de las autoridades políticas electas y dirigentes sindicales.
“Pedimos a la Central Obrera Boliviana (COB) que ratifique la posición de fortalecer los derechos fundamentales de la población desprotegida, y repudiamos al gobierno de facto totalitario y asesino, y pedimos la renuncia de la supuesta presidenta autoproclamada”.
El comunicado conjunto exigió un desagravio público de la “wiphala y sancionar a los responsables de la quema del símbolo patrio”. Reclamó la inmediata liberación de los detenidos y el cese a la persecución y detención ilegales, así como la derogación del decreto que libera de “responsabilidad penal” a las fuerzas de seguridad que lleven a cabo la represión.
Andrónico Rodríguez leyó las resoluciones al público que fueron apoyadas por la multitud de organizaciones sociales y sostuvo al final: “Aquí estamos quienes sentimos el proceso de cambio y hemos estado en permanente lucha. Estamos en estado de emergencia y si hay incumplimiento por el gobierno de facto de estos puntos, nos volveremos a movilizar. A partir de ahora trabajaremos para reorganizarnos como Movimiento al Socialismo. Se mandarán notas a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que nos informen qué hicieron antes y después de la renuncia del hermano Evo Morales, también enviaremos otros puntos de carácter regional que se han planteado. Desde el trópico de Cochabamba convocamos a la unidad del país frente a la adversidad y a comenzar con la pacificación”. Los movimientos que firman esta declaración no participaron, en su mayoría, del diálogo con el gobierno de facto realizado el pasado fin de semana.
La zona de Cochabamba ha sido militarizada desde el inicio del golpe, y hay grupos paramilitares activos, como los que atacaron a la alcaldesa de Vinto: 500 personas contra una mujer sola.
Gravísimas violaciones a los derechos humanos
Una delegación argentina, integrada entre otros, por Adolfo Pérez Esquivel, Juan Grabois, Carlos Zaidman de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, visitó Bolivia y se reunió en El Alto con familiares de las víctimas de la matanza de Senkata. Además de haber sido retenidos en el aeropuerto de Santa Cruz, fueron amenazados directamente por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que dijo: “Los estamos siguiendo, estamos viendo lo que están haciendo. En el primer paso en falso que den tratando de hacer terrorismo o sedición, se la van a ver con la Policía”. También recibieron amenazas de “civiles”.
En una extensa declaración, denunciaron que hay 32 muertos, 832 heridos, y 1.513 detenidos. Además de los muertos en Senkata hubo tortura en espacios públicos y dependencias estatales. Constataron diversos casos de violaciones y abusos sexuales graves propiciados por integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad; ataques contra funcionarios públicos y sus familiares por parte de grupos de choque con métodos de amedrentamiento, que incluyeron la destrucción de viviendas particulares, incendios, destrucción de viviendas de familiares, humillación pública y linchamientos. Dijeron que las situaciones relevadas indican la habilitación de “zonas liberadas” para la actuación de grupos parapoliciales. Actuó como principal grupo de choque la Unión Juvenil Cruceñista.
Destacaron que el miedo “está instalado”, y que hay una restricción manifiesta de la libertad de prensa (hecho ya conocido con la expulsión de la TV argentina).
Mientras tanto en La Paz, grupos que apoyan el golpe realizan un “plantón” frente a la Defensoría del Pueblo a cargo de Nadia Cruz, reclamando su renuncia bajo el cargo de “proteger a las hordas masistas”. En la sede de la Defensoría iba a iniciar su tarea la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur presidida por Cecilia Merchán, pero no se pudo hacer, porque la policía da protección a esos grupos.
Hoy N° 1794 04/12/2019
