En la Argentina existen no más de tres mil grandes empresas que poseen cerca del 50% de la superficie de la tierra, y en su mayoría las poseen en las zonas netamente productivas de nuestra república. El resto de la tierra está en manos de cientos de miles de pequeños y medianos productores, siendo estos últimos los que trabajan y producen en sus localidades, generando trabajo y movimiento económico local. Dentro de este estrato están los Agricultores Familiares, que trabajan la tierra con sus manos y su familia, generando los alimentos que consumimos en su mayoría todos los días: el otro campo, que no estaba visibilizado y que, gracias a los verdurazos, las ferias y mercados populares se han logrado poner en escena; motorizador de las economías territoriales y que tendrían que ser sujeto de políticas diferenciadas a la hora de implementar políticas para este sector. La modificación de las retenciones publicada el 14 de diciembre del 2019 en el Boletín Oficial refleja la necesidad del gobierno de actualizar el valor de las retenciones al valor actual del dólar y de lograr recursos genuinos para enfrentar la grave crisis social y alimentaria que dejó el macrismo en la Argentina.
Si vemos, en el gobierno de Macri, de la mano de su ministro Etchevehere y con el silencio cómplice de las entidades de la mesa de enlace, se estableció por Decreto, el 783, en el mes de septiembre del 2018, un sistema de retenciones que imponía, en su artículo 1º hasta el 31 de diciembre de 2020, un porcentaje del 12% de retenciones para todos los productos que se exportaban. Luego, en el segundo artículo de ese decreto, mencionaba que no se podía superar nunca los $4 por dólar pagado por los países que compran nuestros granos. Es importante recordar que en ese septiembre del 2018 las retenciones de $4 por dólar que ingresaba por la exportación de granos y sus derivados, a un dólar de $38, equivalían a un 10% de aumento en las retenciones. Para dar un ejemplo, la soja tenía 18% de retenciones más $4 por dólar (total 28%). Con la modificación publicada el sábado anterior pasa a 30% la soja, ya que elimina los $4 por dólar para poner un porcentaje fijo de 12%, en el caso del maíz, el trigo y los demás productos quedan en un 12%. En tanto, carnes, leche en polvo, harinas y legumbres tendrán el 9% fijo de retenciones.
Como vemos, lo anunciado hace unos días es una actualización del valor de las retenciones de solo el 2% para la soja, principal cultivo que se produce y se exporta en casi su totalidad, siendo muy poco en consumo interno de esta oleaginosa. El «esfuerzo» que tanto proclamó y pidió el gobierno de Macri los primeros días luego de que asumió en el 2015 y que cumplió los años siguientes, lo cargó sobre los hombros de todos los trabajadores y del pueblo, con el brutal aumento de las tarifas y combustibles dolarizados, con la devaluación del dólar y por ende de los salarios, con tasas de interés usurarias y una serie de políticas que llevaron luego de sus cuatro años de mandato a dejar una Argentina con un 40% de pobres. Todo esto no tiene comparación con el 2% de aumento en las retenciones autorizado al gobierno de Alberto Fernández, retenciones que serán volcadas a reconstruir lo que el gobierno anterior destruyó.
Desde nuestro espacio político reafirmamos que es necesaria esta actualización, en pos de aportar estos recursos a los más pobres y a reactivar el tejido productivo. También creemos que el gobierno nacional, y lo venimos planteando desde hace varios años, debe cambiar el esquema de retenciones por un esquema que segmente las mismas, donde se cobre en función de las toneladas producidas y no a todos por igual como se está implementando en la actualidad. Estas retenciones segmentadas tienen que tener en cuenta no solo las toneladas producidas por el productor, sino también la región geográfica, tanto por las condiciones edáficas, climáticas y cercanías a los puertos y lugares de acopio de los granos. No es lo mismo producir en la zona núcleo de la pampa húmeda, donde los suelos poseen una fertilidad natural totalmente extraordinaria, comparada con suelos de la provincia de Santiago del Estero o Chaco, además de las condiciones climáticas, milímetros de lluvias y estacionalidad de las mismas, y como dijimos con un costo de flete superior que los productores de la pampa húmeda no poseen o no es significativo.
Planteamos la segmentación también porque los costos de producción de un productor grande difieren con un productor chico, ya que el que más volumen de insumos compra mejores precios consigue y el que más volumen produce vende en mejores condiciones. Los productores más chicos son los que invierten en su zona, compran insumos y maquinaria en las cooperativas y en las empresas de cada localidad, dan fuentes de trabajo local, son el motor de mucho de los pueblos del interior donde es imposible que llegue una industria y de cientos de trabajos, sino que el trabajo rural y relacionados al agro, son los principales trabajos de los jóvenes en estas localidades. Las políticas que se necesitan implementar hoy para evitar la desaparición de más productores, son políticas diferenciadas -teniendo en cuenta lo que expresamos en los párrafos anteriores- y generando también políticas específicas para las economías regionales, para la Agricultura Familiar, políticas directas que fomenten la lechería, la citricultura, la producción avícola, impulsando políticas de fomento de estas producciones, en transición a modelos de producción agroecológicos, desgravando impuestos, dando créditos blandos, accesibles, con años de gracia a valor producto, incentivando los mercados locales, de cercanía y el autoabastecimiento de las poblaciones del interior.
Escribe Ing. Agr. Pablo Benetti, Comisión Agraria del PTP, dirigente de la Federación Nacional Campesina.
Hoy N° 1797 08/01/2020
