La propuesta original del oficialismo planteaba una recaudación impositiva que en términos reales y globales es similar a la del 2018 y 2019. En el proyecto original de Kicillof se proyectaba una suba siguiendo la inflación que implicaba un aumento en la recaudación de 30 mil millones de pesos.
La particularidad del nuevo esquema es que produce una reforma en la matriz impositiva incorporando segmentación y un carácter progresivo del impuesto que va del 15% al 75 % en función del valor de las propiedades urbanas y rurales.
La segmentación y progresividad de la reforma beneficia en primer lugar a los sectores que poseen propiedades de bajo valor, menos de 600 mil pesos; la mayoría de esas propiedades son las viviendas ubicadas en barrios de bajos recursos, que pagarán un 15% de aumento muy por debajo de la inflación acumulada (55%). Son los sectores que además serán los más aliviados por el congelamiento de las tarifas, el aumento de las AUH, la tarjeta alimentaria y otros programas como el de precios cuidados.
La ley aprobada también plantea la exención de los propietarios rurales de menos de 50 hectáreas, y de los tambos con menos de 100 hectáreas, mientras que los de 100 a 150 has. sólo abonaran la mitad. La reforma aumenta la carga fundamentalmente a los 200 terratenientes de más de 2.000 hectáreas de la provincia que pagarán un aumento de 75% y a quienes tienen terrenos urbanos ociosos como inversión inmobiliaria que pagarán hasta un 90% de aumento en sus impuestos.
La oposición trabó la ley dos semanas logrando que se modifique el segmento más alto. El papel de Cambiemos fue muy claro en defensa de los sectores que representa. El 75% de aumento solo afectará a 600 mil propietarios en total. Esto significa según el oficialismo una reducción de 10 mil millones de pesos sobre los 30 mil millones del proyecto original.
Primer análisis
Objetivamente significa una reforma impositiva progresiva que inclina levemente la balanza hacia los sectores populares en desmedro de los sectores más concentrados de la provincia. Aunque esto no alcanza para resolver el presupuesto 2020.
La recaudación, que podrá variar en función del nivel de reactivación, de la capacidad de pago de los contribuyentes y de cómo evolucione la “Rebelión Fiscal” impulsada por los terratenientes de la provincia, será similar en el porcentaje que ocupe en el presupuesto 2020 con respecto a años anteriores.
Hay que tener en cuenta que la deuda de la provincia creció con la gestión Vidal un 447%. El stock de los pasivos bonaerenses pasó de 122.085 a 667.746 millones de pesos entre diciembre de 2015 y agosto de 2019. En los próximos cuatro años la provincia deberá pagar 546.856 millones de pesos por vencimientos de deuda.
Los fondos destinados a pagar intereses entre 2016 y 2018 fueron de 99.234 millones de pesos. Esos recursos son equivalentes a 25 hospitales de alta complejidad de 40.000 metros cuadrados.
Por todo esto, se desprende que el tema central del presupuesto 2020 no pasa por ley impositiva, sino que, en gran medida el futuro de la provincia dependerá de cómo se desarrolle la discusión entre el gobierno y los acreedores externos e internos con respecto a los plazos y montos de intereses de deuda.
Al igual que el presupuesto nacional, en nuestra provincia será determinante la pulseada con los organismos de crédito y demás acreedores externos e internos quienes habían encontrado en el gobierno anterior sus mejores aliados locales para alcanzar tasas de ganancias descomunales y al mismo tiempo condicionar las políticas a favor de los sectores más concentrados de la economía. Una vez más, la discusión de la deuda ocupará un lugar central en la política. Será muy dura la lucha de intereses para que se privilegie la deuda social interna por sobre la deuda usuraria.
El diseño de un nuevo presupuesto deberá contemplar aumentos en salud, educación, infraestructura, producción y, sobre todo, una recomposición salarial para los trabajadores que permita recuperar el poder adquisitivo, que fue seriamente dañado los últimos años (40%).
Un shock en los salarios de los estatales será la única forma de devolver la dignidad y el reconocimiento a quienes garantizamos derechos y sostenemos diariamente la provincia. También será el único camino para recuperar niveles razonables de consumo y lograr una reactivación real del mercado interno y de la economía. El desafío es inmenso y sin el protagonismo de los trabajadores y demás sectores populares en la calle será imposible torcer la balanza a favor del pueblo.
Escribe Pablo Maciel
Hoy N° 1798 15/01/2020
