Como hemos puntualizado anteriormente (ver “El debate sobre la deuda pública”, Hoy N° 1800), la deuda que se registra como tal es sólo la del Tesoro Nacional, sea con los bonistas privados residentes en el país o en el exterior, los organismos públicos (como las deudas tomadas con el Banco Central, el Nación y otros bancos estatales, la Anses, etc.), y los organismos internacionales (como el FMI, Banco Mundial, BID, Club de París, etc.). Es decir, que no incluye las deudas tomadas por las provincias y municipios, ni las deudas tomadas por los organismos públicos, bancos y empresas del Estado, sean nacionales, regionales o locales.
Volviendo a las deudas del Tesoro Nacional, sea por distintas emisiones de bonos o créditos directos –que es la que maneja el Ministerio de Economía de la Nación–, como hemos dicho las mismas se componen básicamente: un 40% con bonistas privados, un 37% con organismos públicos y un 23% con organismos internacionales.
Del total de esa deuda, que supera el equivalente de 300 mil millones de dólares, el 80% es en moneda extranjera, por la política de dolarización del macrismo. Pero sólo una tercera parte, equivalente a unos 100 mil millones de dólares, es considerada deuda externa: la parte con acreedores residentes en el exterior y bajo ley extranjera. Es decir los bonistas privados residentes en el exterior, en general grandes fondos de inversión, y las deudas con los organismos internacionales, estando solo en cuestión la deuda con el FMI.
El gobierno de Alberto Fernández, con su ministro Guzmán, se ha puesto como prioridad hasta el 31 de marzo la negociación de la reestructuración de esta parte de la deuda con vencimientos apremiantes y tasas de interés usurarias en tres frentes internacionales.
Uno es el de los bonistas privados principales beneficiarios de la “bicicleta financiera” con la que nos endeudó el macrismo. En esto en particular se vienen realizando febriles conversaciones en Nueva York con los nueve fondos que más deuda argentina tienen (BlackRock, BNY Mellon, Capital Group, Fidelity, J.P. Morgan, Pimco, Prudential, State Street Global y Vanguard) para consensuar qué tipo de canje aceptarían, para postergar los grandes vencimientos y reducir sus tasas de interés usurarias (elevadas por el llamado “riesgo país”).
El segundo frente es el fenomenal endeudamiento de 44 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que también nos legó el macrismo para que los usureros imperialistas se pudieran llevar del país las fabulosas ganancias de la “bicicleta financiera”. En un esfuerzo por lograr la postergación de esta deuda con los menores condicionamientos posibles estuvieron encaminados todas las gestiones diplomáticas en Europa, encabezadas por el propio presidente, incluida la visita al papa Francisco. A dos días de esa entrevista, en el seminario de representantes de grandes países acreedores y del propio FMI realizado en Roma, el Papa sostuvo ante los mismos que “no se puede pretender que las deudas contraídas sean pagadas con sacrificios insoportables (…) Es ciertamente justo el principio de que las deudas deben ser pagadas. No es lícito, en cambio, exigir su pago cuando impusiera de hecho opciones políticas tales que llevaran al hambre a poblaciones enteras”.
El tercer frente que apareció la semana pasada es el remanente de una vieja deuda con el Club de París que se venía estirando con sucesivos pagos y renegociaciones desde la dictadura videlista, hasta alcanzar una tasa de interés astronómica (ver recuadro).
Al filo de la navaja
En cuanto a la parte de la deuda pública en pesos y en dólares no incluida en las negociaciones internacionales, por ser con tenedores de bonos u organismos residentes en el país, la estrategia del ministro Guzmán viene siendo hasta ahora la de postergar (“reperfilar”) los pagos a bonistas en dólares con vencimientos hasta agosto, la de canjear los bonos en pesos que vencen por otros bonos de más largo plazo ajustables a una tasas de interés bonificada o, en el caso de los bonos que tienen los organismos públicos, canjeárselos directamente por otros bonos de hasta 10 años de plazo a la misma tasa que a los bonistas privados.
Esta estrategia tuvo un primer choque en la propuesta de renegociación de la deuda de la provincia de Buenos Aires en dólares heredada del gobierno de Vidal, donde se cruzó un fondo estadounidense llamado Fidelity que tenía un 25% de la misma, frustrando la posibilidad de un canje por bonos de la provincia. En esto operó también el exministro macrista Lacunza diciendo que la provincia tenía suficientes fondos para pagar en efectivo el vencimiento de ese bono y los otros en cuestión, como el heredado de la gestión de Scioli.
El mismo problema está encontrando ahora el Ministerio de Economía de la Nación, ante el inminente vencimiento del llamado Bono Dual (por ser exigible en pesos o dólares). Aquí aparece cruzándose el fondo Templeton, de buena llegada con exfuncionarios del macrismo Dujovne y Caputo, con un 24% de la tenencia de ese bono. De ahí el fracaso de la primera licitación de bonos en pesos con más plazos y menos tasa, que deja el margen de apenas una semana para una nueva oferta que si fracasa no dejaría otra opción que emitir unos $500 mil millones hasta abril para que cobren los bonistas (algo que ya se descartó desde la Casa Rosada) o directamente optar por un nuevo “reperfilamiento” de la deuda, por lo menos hasta agosto como hizo con los bonos en dólares de los residentes en el país. En tanto, los “inversores” comenzaron a vender los bonos en pesos para buscar bonos en dólares en Nueva York (lo que allí mejoró algo sus precios, afectando las condiciones para la renegociación externa en curso), aumentando el peligro que implica la dolarización de las carteras sobre el precio del dólar, la inflación y la profundización de la recesión. El apoyo anunciado por Trump para las negociaciones tiene también este doble filo: hace que aumente el precio de los bonos radicados en Nueva York, aumentando las pretensiones de sus tenedores en cuanto a disminuir el recorte de intereses que es también lo que requiere el mismo FMI para acordar una renegociación.
La deuda con el Club de París
El Club de París es un foro que reúne a los 22 países acreedores más grandes y tiene su sede en Francia. La deuda argentina a ese grupo es de larga data (se tomó durante la dictadura militar y se multiplicó durante los gobiernos de Alfonsín, Menen y De la Rúa). En 2001, cuando Argentina declaró el default, quedó pendiente el pago de u$s1.879 millones. Dicha cifra se multiplicó con los años a causa de los intereses y en 2014, el entonces ministro Kicillof llegó a un acuerdo: aceptó pagar u$s9.700 millones en cinco años (de 2015 a 2019).
Pero en 2019, el gobierno de Macri hizo ese pago de forma parcial y quedaron pendientes por cancelar u$s1.900 millones y que vencerían en mayo de 2020. Como parte del acuerdo estipulaba que se permitía posponer pagos a cambio de una penalidad –y debido a que el gobierno de Mauricio Macri canceló sólo el mínimo de interés– la tasa que en un principio era del 4% para los saldos de capital pasó a ser del 9%. Es eso y los plazos de pago lo que Guzmán plantea renegociar, para que sean las mismas condiciones que las que aceptarían los bonistas privados del exterior.
“Hacer austeridad fiscal para pagar la deuda en una situación de deuda insostenible no funciona y, por el contrario, es contraproducente y empeora la situación”, señaló el ministro de Economía sentado junto a Georgieva en el seminario internacional realizado en Roma con la participación del papa Francisco. Alli agregó a la caricia de referirse a la postura “muy constructiva tomada por parte del FMI”: “Estamos felices por eso, pero no es suficiente. Necesitamos más”, en referencia a las negociaciones con los bonistas privados en el exterior y a los países integrantes del Club de París.
Escribe Eugenio Gastiazoro
