Los grandes fondos de inversión y bancos usureros vienen apretando al gobierno nacional para que opte entre emitir más pesos para pagar con efectivo los bonos y sus intereses, extender los vencimientos unilateralmente, o no hacer el pago, lo cual viene aumentando las presiones inflacionarias: la semana anterior el Banco Central se vio obligado a frenar la reducción moderada de las tasas de interés, al agotarse los efectos de las congelaciones parciales con las que se trata de atemperar la inercia inflacionaria por la indexación generalizada de la economía (ver nota aparte: “El incendio inflacionario”).
“La mejor opción es cumplir con el pago de pasado mañana y ofrecer un bono con una tasa que tenga un nivel suficiente como para que la gente no corra de los pesos a los dólares”, sostuvieron los voceros de los bancos y poderosos fondos extranjeros tras hacer fracasar la licitación para cubrir los vencimientos del Bono Dual. Y sobre el nivel de las tasas de interés dijeron que si el objetivo prioritario del equipo económico es reducir la inflación, debe mantener un nivel de rendimiento atractivo sin entrar en un terreno negativo.
En su concepción de que para frenar la inflación se deben establecer tasas interés superiores a la inflación para absorber los pesos que requieran los pagos de la deuda, dichos voceros aconsejaron: “Deben seguir utilizando la liquidez en pesos atrapada por el cepo”. Es decir que quieren que, como en los años del macrismo, esa liquidez siga engordando la especulación financiera a costa de las inversiones productivas.
Nuevas complicaciones
A través del decreto 137/2020, publicado el miércoles de la semana pasada en el Boletín Oficial, el gobierno promulgó la Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Emitida Bajo Ley Extranjera. Como su nombre lo indica, la ley sólo confiere facultades al ministro de Economía para hacer canjes o re- estructuraciones de los vencimientos de bonos emitidos bajo ley y moneda extranjera. Además autoriza la prórroga de jurisdicción, para que los nuevos bonos se mantengan bajo legislación extranjera.
Aquí es necesario reiterar que esta llamada deuda externa se refiere sólo a la que el Tesoro Nacional tiene con bonistas residentes en el exterior y organismos internacionales (en esta negociación el FMI y el Club de París). Es decir que no incluye todo el paquete de bonos y acreencias con residentes en el país nominados en dólares gracias a Macri (la mayoría) o en pesos indexados, con cuyos tenedores tropezó el ministro Guzmán en el intento de canjear el Bono Dual (ver “Avatares en la negociación de la deuda”, hoy N° 1802). Es una deuda en su mayor parte en manos de los bancos y fondos usureros imperialistas –aunque estén “residiendo” en Argentina a través de sus sucursales–, que son los que condicionan toda la política financiera obligando al Central, por ejemplo, a limitar sus intenciones de ir bajando las tasas de interés.
Según trascendió, una preocupación del FMI es sobre el programa financiero de este año para la Argentina, que afronta vencimientos por más de US$25.000 millones con acreedores privados –unos US$8.000 millones son intereses–. Esta cuenta excluye a los organismos multilaterales (como el propio FMI o el Club de París) y la deuda intra-sector público, es decir con organismos del propio Estado. De esa cuenta, habría más de US$16.000 millones que tienen que cobrar los privados, cuya moneda de emisión son pesos. Según fuentes del Ministerio de Economía, el “reperfilamiento” del Bono Dual no es una señal hacia el resto de la deuda nominada en pesos. El inconveniente en este caso fue que era suscripto mayormente por fondos de inversión extranjeros vinculados al macrismo, como Templeton y BlackRock.
Pero el viernes pasado, Marcelo Bonelli (Clarín, 14/2) informó que “los bancos acreedores y los fondos de inversión quieren que Argentina haga un pago en efectivo para avanzar en una negociación de la deuda externa. A través de negociadores y conversaciones informales sostienen que si Argentina quiere cuatro años de gracia en los pagos, debe hacer una contribución inicial importante en “cash”. El reclamo es un porcentaje de la deuda total a negociar e implicaría una monumental cifra del orden de los 10.000 millones de dólares. Los banqueros dicen que sólo van a aceptar un acuerdo si los nuevos bonos mejoran en unos 10 puntos la paridad de los actuales en virtual default. Y si Argentina se compromete a hacer un pago “cash” de 10.000 millones de dólares. Quieren que la paridad de los bonos argentinos suba del 45% actual al 55%”.
Por otro lado, la misión del FMI habría hecho preguntas sobre la deuda privada externa que tiene el país (Obligaciones negociables y otras), más allá de los compromisos del Estado con el organismo multilateral y los usureros privados. A éstos habría que sumar los juicios internacionales contra el propio Estado, equivalentes al 10% de la deuda pública llamada externa, que también tendrían que reestructurarse.
Escribe Eugenio Gastiazoro
Hoy N° 1803 19/02/2020
