Con la media sanción que el Senado santafesino le dio la semana pasada a la adhesión a la Ley Nacional 27.348 de Aseguradoras del Riesgo de Trabajo (ART) asistimos a un nuevo avasallamiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la provincia.
La intención de esta modificación, impulsada por el macrismo en 2017 y que tuvo como voceros principales a los sectores concentrados de la economía provincial como la Bolsa de Comercio de Rosario y su por entonces presidente Alberto Padoan (Vicentin), es dificultar que los trabajadores lleguen con sus reclamos por accidentes o enfermedades laborales a la justicia laboral, interponiendo otras instancias previas como las comisiones médicas, organismos dirigidos por las ART.
La adhesión estuvo bloqueada en la provincia por la lucha de un amplio abanico de gremios y algunas fuerzas políticas como el Frente Social y Popular que lo rechazaron en la Cámara de Diputados, mientras era ferozmente impulsada por el gobierno de Miguel Liftchitz en acuerdo con las cámaras industriales y La Bolsa.
Sin embargo en marzo el gobernador Omar Perotti, quien ya había votado a favor de esta modificación macrista cuando fue senador nacional, volvió a enviar un proyecto para la adhesión.
Pero el proyecto no cerraba porque dejaba todavía alguna posibilidad de reclamo a los trabajadores (el trabajador podía cobrar y seguir reclamando), por lo que al proyecto original de Perotti y su ministro de Trabajo Roberto Sukerman le “arreglaron” el artículo 12.
Con la modificación el proyecto de adhesión que ya era de inicio antiobrero empeora aún más la situación de los laburantes. En el proyecto que obtuvo media sanción esta semana si el trabajador decide apelar la decisión de la comisión médica, porque entiende que el nivel de discapacidad que tiene es mayor –y por ende debe cobrar un resarcimiento mayor–, no cobrará hasta tanto la comisión médica central defina la apelación.
Por otra parte, ese artículo establece que «el recurso interpuesto por la aseguradora de riesgos del trabajo se concede con efecto devolutivo respecto a la incapacidad determinada, del monto del capital correspondiente y de las prestaciones en especie».
Esto significa que las ART podrán apelar la decisión de la comisión médica y, en caso de obtener un fallo favorable, reclamar al trabajador la devolución de lo ya pagado de más.
El año pasado con Carlos Del Frade, desde el Frente Social y Popular, impulsamos junto con Rubén Giustiniani de Igualdad y Participación y algunos sectores del peronismo una audiencia pública en la que se expresaron en contra de la adhesión más de 40 expositores, en su mayoría gremios de la provincia.
La diputada mandato cumplido por el FSP Mercedes Meier explicó en aquella ocasión que “previo a la audiencia desde el Frente Social y Popular convocamos a distintas organizaciones gremiales y políticas para intentar frenar el avance de la adhesión a la ley de ART que propone el macrismo, que no es otra cosa que la punta de lanza de la reforma laboral que los argentinos y principalmente el movimiento obrero pudo frenar en la calle en Argentina, pero que en otros países como Brasil ha pasado y destruido los derechos laborales. En nuestro país la historia de lucha del movimiento obrero demostró que es posible frenar estas avanzadas y seguir peleando por nuevos derechos que es la mejor manera de defender lo que tenemos”.
Desde el ámbito sindical, expresaron su rechazo el año pasado Claudio Girardi (CGT Santa Fe), José Testoni (CTA Santa Fe), Claudio Leoni (Festram), Adriana Monteverde (Amsafé), Jesús Monzón (CGT San Lorenzo), Diego Ainsuain (Siprus), Analía Ratner (La Bancaria), Ramón Acosta (UOM), Pedro Bayugar (Sadop), ); Matías Ruffini (Comisión interna de Acindar), Lorena Almirón (ATE), Oscar Vallejos (Adul), Gustavo Terés (Amsafe Rosario), Rodrigo Acosta (Jaboneros) y Marcos Pozzi (Aceiteros). El único gremio que en la previa se había mostrado a favor (Camioneros) no envió ningún representante a la audiencia pública.
Además, se manifestaron en contra de la nueva ley Diego Boglioli (Asociación de Abogados Laboralistas), Lautaro Ortega, (Centro de Estudios Laborales y Sociales), Diego Guirado (Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados Primera Circunscripción), Daniel Cosuello (Observatorio de Salud de los Trabajadores), Vanesa Blando (Instituto del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social) y Hugo Kofman (Foro Contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe), entre otros.
Entre los argumentos expresados en contra de la adhesión se hace mención a la inconstitucionalidad de la norma que vulnera el derecho de los trabajadores y trabajadoras a peticionar ante la Justicia; la pérdida de soberanía provincial que implica perder la potestad de gestionar la seguridad laboral por parte de la provincia.
La mayor cantidad de juicios laborales de los últimos años tienen como causa central la falta de inversión en prevención y el incremento del trabajo no registrado así como el subregistro de enfermedades profesionales y al rechazo de las ART a los reclamos de los trabajadores y trabajadoras que terminan yendo a la justicia.
Con esta modificación se profundiza el camino que impulsan las patronales y las aseguradoras de intentar borrar las enfermedades profesionales, principal afección de los trabajadores y trabajadoras y dejando solo el foco en los accidentes, último eslabón de la cadena de falta de protección que sufren.
Este avance por otro lado tapa el problema de fondo que es la necesidad de reformar profundamente la ley vigente de ART y volcar las fenomenales ganancias que tienen las aseguradoras a garantizar la inversión en prevención, donde está el verdadero problema de los trabajadores y trabajadoras.
Varios gremios de la provincia están convocándose para rechazar en conjunto el avance de esta legislación antiobrera.
Desde la Comisión Interna de Acindar (Villa Constitución) y el Frente de Unidad Metalúrgica 16M se emitió un comunicado en el que se expresa:
“Ratificamos nuestro rechazo a la adhesión a la ley nacional de ART a la que se le dio media sanción en el Senado provincial. Esta ley que impulsó Macri y que hoy se intenta aprobar entre gallos y medianoche no es más que un retroceso en las conquistas y derechos de los trabajadores y trabajadoras en su conjunto. Es necesario que los gremios nos pongamos a la cabeza de esta lucha y pedir a los diputados que repitan la posición del año pasado que fue de rechazo y así respondieron a los intereses de los trabajadores y trabajadoras”.
