Sigue sucediendo en nuestro país que los símbolos patrios, como la bandera, las efemérides o los próceres que fueron forjados por la lucha del pueblo y dirigentes revolucionarios, son tomados por quienes en la práctica son expresión de todo lo contrario a la soberanía popular y a los intereses nacionales.
No deja de sorprender la decisión del presidente Alberto Fernández de poner en la primera línea del peculiar acto por el 9 de Julio de 1816, Día de la Declaración de la Independencia de Argentina, al presidente de la Sociedad Rural Argentina. Tal decisión no se justifica con la definición de que la política es “administrar la realidad” como dijo el Presidente AF o por el “pragmatismo y la flexibilidad” a la que alude el ministro Guzmán, sino todo lo contrario: transformarla.
En la definición marxista de lo que constituye la nacionalidad sus principales componentes son la historia común, el lenguaje y el territorio. Dentro de este marco existen las clases sociales, los intereses económicos, los que producen bienes y los que viven de rentas, los que miran países extranjeros como modelos a seguir y los que combaten a los responsables internos y externos de la Patria, que nos impusieron un tipo de país agroexportador que nos ubica en un sitial de atraso económico y desigualdad social.
La hegemonía cultural también está ligada a la hegemonía económica que se expresa a través de distintos sectores de las clases dominantes, llámense grandes capitalistas financieros, grandes terratenientes, monopolios nativos y extranjeros en la producción de bienes y servicios. La hegemonía de “los vende patria”, como los definiera Arturo Jauretche, impuso su propia valoración del largo periodo revolucionario de Mayo de 1810, para ellos da lo mismo Moreno que Saavedra, Dorrego que Lavalle, Belgrano que Rivadavia. En la lucha de lo más preciado de nuestro pueblo anida lo que puede permitir que en la evolución de la Nación Argentina reine y gobierne la justicia social y la soberanía, como consecuencia de una segunda y verdadera revolución, que ponga fin a la dependencia de los imperialismos y a quienes se apropiaron de la tierra pública usurpando la Revolución del 25 de Mayo.
La amplitud que quiso mostrar en este 9 de Julio el Presidente es con aquellos que, por el contrario, expresan la cerrazón de los que quieren seguir mandando en la Argentina, siempre en función de sus intereses y privilegios.
Lo dicho sirve como preámbulo a la preocupación por el rumbo de la situación económica a la que nos ha llevado la pandemia y a las decisiones o indecisiones de política económica del gobierno. Se hizo campaña electoral para terminar con el nefasto gobierno de Macri con la frase: “entre los bancos, las leliq y los jubilados, me quedo con los jubilados”. Sin embargo, el gobierno emitió mucho dinero, el 30% fue a la circulación asistiendo el consumo de sectores populares y a empresas, mientras que el 70% se destinó a esterilizar la emisión de moneda, para ello en estos momentos se paga a los bancos intereses por 950 millones de dólares mensuales, el capital financiero interno y externo aplaude entusiasmado. El argumento oficial es que con la continuidad de las leliq se saca de circulación gran parte de los pesos emitidos, que de lo contrario presionarían los precios al alza agravando el flagelo de la inflación. Estamos a siete meses de gobierno, la pandemia puso en primer lugar la necesidad de atender la crisis de los sectores populares a los que afecta fuertemente la cuarentena, la salud como prioridad sigue siendo correcta, emitiendo desde el Banco Central el dinero que haga falta para asistir al pueblo y a las Pymes, no a los monopolios capitalistas ni a la Sociedad Rural. Todo esto condicionó fuertemente la política fiscal, monetaria y la producción.
La otra opción era y es cortar de un solo tajo la especulación financiera, “la timba”, nacionalizando los depósitos bancarios, que como dijimos desde el PTP y el PCR en nuestra propuesta de marzo pasado, lo que no significa la expropiación de ningún depósito sino su intangibilidad, el tema es que el Banco Central debe ser el único administrador del destino de esos depósitos que hoy monopolizan los bancos porque está vigente la Ley de Entidades Financieras de la dictadura. Lo hizo el General Perón en 1946, es decisivo hacerlo ahora, como política patriótica y anti monopólica sobre el capital financiero. Al mismo tiempo la nacionalización del comercio exterior y la recreación de la Junta Nacional de Granos es el instrumento más adecuado para sacarle a los monopolios del comercio exterior y por tanto el control del negocio y de las divisas. Esta medida empalma con el intento de intervenir y expropiar a Vicentin, autores de un gigantesco vaciamiento y estafa, lamentablemente el presidente considera que tal propuesta fue una equivocación.
Un giro en el rumbo económico de estos grandes temas favorecería al pueblo para ponerle freno a la recomposición de la derecha desplazada por el triunfo del Frente de Todos, que no pierde oportunidad para recomponer su poder. A su vez, se está negociando la deuda externa subiendo cada vez más el reconocimiento del capital, la suba de la tasa de interés y el acortamiento del plazo para empezar a pagar, en un momento donde se cumplieron 20 años del estudio y la propuesta del patriota Alejandro Olmos, que con fallo judicial pidió al Congreso la investigación de toda la deuda, para poner en limpio cuál es la parte legítima y cuál no. Por último se marcha hacia una moratoria general y “universal”, impositiva, aduanera y previsional, no se puede igualar al empresariado nacional con los monopolios, los que sean grandes deudores monopólicos de contribuciones a la seguridad social tendrán hasta 10 años para pagar, perjudicando a los jubilados de hoy y del futuro.
Escribe Carlos Aramayo
Hoy N° 1824 22/07/2020
