Se ha cerrado la discusión de tipo paritaria nacional en la alimentación con un acuerdo que es para lamentar. Es el peor acuerdo desde 2005 en adelante. Con una suma fija de $6.000 a repartir en mayo, junio y julio y un 6,5% de aumento al básico en setiembre, no hay ningún argumento que pueda justificar tal desvalorización del trabajo y el esfuerzo que vienen haciendo quienes trabajan en la producción de alimentos desde que se declaró la cuarentena en marzo.
Estamos frente a una pandemia mundial. Algo que nuestras generaciones no habían vivido antes, por lo tanto atender a esa realidad es la prioridad para cualquier hijo de vecino bien nacido. En ese sentido valoramos como positivas las medidas que tomó el gobierno nacional en cuanto a los bonos especiales para jubilados y Asignación Universal por Hijo. Los abuelos y los chicos son lo más urgente. La implementación del IFE para los monotributistas y personas que viven de changas fue otro acierto que permitió a la población tener aunque sea una capa para el temporal. Sin embargo, hay quienes aguantaron el chubasco más fuerte todo este tiempo. Por ejemplo, los equipos médicos, enfermeros, sanitaristas en los hospitales, otro sector que está al pie del cañón son las y los compañeros de las organizaciones populares como la CCC quienes sostienen comedores con muy pocos recursos. Los considerados servicios esenciales también han sido parte de esta lucha como los ligados al transporte, la seguridad, la energía, la tecnología y desde ya la producción de alimentos.
Pero en la producción de alimentos no pusieron el cuero todos iguales. Una cosa fue el esfuerzo de los y las trabajadoras y otra muy diferente los grandes empresarios como Arcor.
En el caso de Mondelez, la situación es realmente grave porque al 22 de julio había 58 trabajadores con Covid-19 positivo y la empresa se resiste sistemáticamente a llevar adelante el esquema de trabajo acordado con la Comisión Interna. Por otro lado, presiona amenazando con ajustes sobre los trabajadores. Ya hablan de tercerización de secciones de producción completas, recortes en los sueldos de los trabajadores de más de 60 años o con enfermedades preexistentes, etc. Se preparan para descargar sobre los trabajadores.
Otro ejemplo es Arcor Salto. A mediados de junio se detectó el caso de un trabajador con Covid-19. El criterio médico obligó a aislar a ese trabajador y cuando hicieron los hisopados a los contactos estrechos, en menos de 48 horas dieron positivos otros 13 casos de infectados en la ciudad, contactos estrechos de ese trabajador. La empresa debió ser cerrada inmediatamente. Sin embargo luego del fin de semana reabrió sus puertas con la explicación de que se habían realizado “tareas de limpieza y desinfección”. La cuarentena de Arcor Salto duró algo más de 48 horas. Las autoridades habían pedido mantener asilados preventivamente otros 118 trabajadores durante 14 días. ¿Lo cumplieron?
En las plantas de Arcor de Córdoba hasta hoy no hubo casos de Covid-19. Eso es muy bueno. Sin embargo la empresa aprovecha la pandemia para producir, exportar, super-explotar y ganar más que en tiempos normales. Con 60 trabajadores menos, los exceptuados por edad o condiciones físicas, la empresa produce más. Hay líneas de producción que en plena pandemia aumentaron los ritmos y se pasó de un enero/febrero con amenazas de despidos y traslados a un abril con horas extras, que la empresa exigía se llevaran adelante. ¡Una descaradurez!
Así, mientras muchos trabajadores, en medio de la pandemia tienen que sostener a otros miembros de la familia, incluso dos hogares, por tener hijos o padres sin trabajar, Arcor ha incrementado sus inversiones y sus ganancias: 20 millones de dólares una asociación y la apertura de otra planta en Angola, casi 4 millones para quedarse con la mayoría accionaria de Mastellone. Es decir, no todos sufrimos la crisis. Algunos la aprovechan para salir más poderosos y más ricos con el guiño del poder político como es el caso de Schiaretti en la provincia.
Las actitudes del gobierno de la provincia han sido durante la pandemia de beneficio a los poderosos y de ajuste para el pueblo. Todas las medidas que tomó Schiaretti han atacado los derechos de los empleados públicos: dio de baja los planes de oficio para los barrios populares, rescindió los contratos de los cuentapropistas que trabajaban para el Estado provincial, rebajó las jubilaciones de los docentes, atacó a los trabajadores de EPEC y con Llaryora en la intendencia quitaron derechos a los municipales y sacan una ordenanza de reestructuración del transporte que significa un brutal ajuste a los trabajadores de la UTA con un descuento de sus salarios de hasta un 20 %, con un transporte que será peor y más caro apenas salgamos de la cuarentena.
¡Eso no fue para todos! Schiaretti desvergonzadamente le acaba de inaugurar un gasoducto exclusivo para Arcor. El Gasoducto del Este iniciado hace dos años, cuando él empezó la gobernación, y cuyo objetivo explicitado era llevar gas a la planta de Arroyito, lo acaba de entregar con un moñito por videoconferencia a Luis Pagani. Es decir: la provincia con los recursos del Estado le hizo la obra que Pagani necesitaba. No hace esto Schiaretti para un empresario pequeño o mediano que necesita apoyo sino que es un “obsequio” vergonzoso con gastos de la provincia para la empresa propiedad de uno de los hombres más ricos de la Argentina. Luis Pagani y su familia tienen -declarados- 920 millones de dólares como fortuna familiar. Es el décimo hombre más rico de la Argentina.
No tiene la misma preocupación Schiaretti para con los Comedores de las organizaciones sociales. A los compañeros de la CCC, por ejemplo, no les llegó ni una sola vez ningún tipo de ayuda alimentaria en pandemia, a pesar de la propaganda oficial que vienen haciendo con la llamada #Activemos Córdoba Solidaria.
Arcor tiene plata. La viene levantando en pala desde hace varias décadas y eso se intensificó con la era Macri, porque también aprovecharon la brutal bicicleta financiera con el manejo de fondos de inversiones y la compraventa de dólares. ¿Por qué entonces firmar un convenio que es a la baja?, ya que es el peor convenio firmado desde el 2005 a la fecha. Un 6,5 % cubre apenas 4 meses de la inflación anual que tendremos. No se puede aceptar semejante injusticia sin poner todo esto en discusión y pensar cómo vamos a seguir.
La clase trabajadora y el conjunto del pueblo tienen todo el derecho de exigir al gobierno que dejen de ajustar para abajo y que busquen la plata para enfrentar la crisis en dónde está. Urge la decisión política de sancionar una ley de impuesto especial a las grandes fortunas como proponen los diputados del PTP Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva.
En estos días se ha dado a conocer que un puñado de familias millonarias atesoran más de 260 millones de dólares. Es decir el 1% tiene en sus cuentas bancarias más de la mitad de lo que produce la Argentina en un año. Y, algo más de 1000 argentinos tienen más de 30 millones cada uno. En Córdoba también hay a quien tocar. Las fortunas de Pagani o de Urquía -sólo por nombrar a dos pulpos- fueron hechas principalmente de dos formas: con la superexplotación a los trabajadores y los acuerdos leoninos con el Estado, como el gasoducto del Este.
¡Sí! hay de dónde sacar la plata para sostener la economía durante la pandemia y después. Que la crisis no se siga descargando sobre los trabajadores y el pueblo.
Corresponsal
