La masacre o fusilamientos de Trelew refiere al asesinato de 16 miembros de distintas organizaciones políticas de izquierda, presos en el penal de Rawson, capturados tras un intento de fuga y ametrallados posteriormente por una partida dirigida por el capitán de corbeta Luis Emilio Sosa. Esto sucedió en la madrugada del 22 de agosto de 1972, en la Base Aeronaval Almirante Zar, una dependencia de la Armada Argentina cercana a Trelew, en Chubut.
La evasión
El 15 de agosto a las 18.30 hs se inició un masivo intento de fuga de la cárcel de Rawson, capital de Chubut, en el cual lograron su propósito solamente 6 de los 110 detenidos que intentaron fugarse. Pertenecían al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y a Montoneros, según los casos.
Mario Roberto Santucho, Marcos Osatinsky, Fernando Vaca Narvaja, Roberto Quieto, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Menna integraban el llamado Comité de fuga, y fueron los únicos que pudieron huir rápidamente en un automóvil Ford Falcon que los esperaba, y trasladarse al aeropuerto de Trelew para abordar una aeronave comercial BAD 1-11 de la empresa Austral, previamente secuestrada por un comando guerrillero de apoyo, cuyos integrantes viajaban como pasajeros.
Los demás vehículos de transporte que debían esperar al resto de fugados no se hicieron presentes en la puerta de la cárcel debido a una confusa interpretación de las señales preestablecidas. Sin embargo, un segundo grupo de 19 evadidos logró arribar por sus propios medios en tres taxis al aeropuerto, pero llegaron tarde, justo en el momento en que la aeronave despegaba rumbo a Chile, donde gobernaba entonces el socialista Salvador Allende.
La recaptura
Al ver frustradas sus posibilidades, luego de ofrecer una conferencia de prensa, este contingente depuso sus armas sin oponer resistencia ante los efectivos militares de la Armada que mantenían rodeada la zona, solicitando y recibiendo públicas garantías para sus vidas en presencia de periodistas y autoridades judiciales.
Una patrulla militar bajo las órdenes del capitán de corbeta Luis Emilio Sosa, segundo jefe de la Base Aeronaval Almirante Zar, condujo a los prisioneros recapturados dentro de una unidad de transporte colectivo hacia dicha dependencia militar. Ante la oposición de éstos y el pedido de ser trasladados de regreso nuevamente a la cárcel de Rawson, el capitán Sosa adujo que el nuevo sitio de reclusión era transitorio, pues dentro del penal continuaba el motín y no estaban dadas las condiciones de seguridad.
Al arribar el contingente al nuevo destino de detención, el juez Alejandro Godoy, el director del diario Jornada, el subdirector del diario El Chubut, el director de LU17 Héctor «Pepe» Castro y el abogado Mario Abel Amaya, quienes acompañaban como garantes a los detenidos, no pudieron ingresar con ellos y fueron obligados a retirarse.
El espectacular intento de fuga y el éxito parcial de los seis máximos jefes guerrilleros, que más tarde lograron un salvoconducto para viajar de Chile a Cuba, tuvieron a la dictadura y a la opinión pública en vilo durante tensos días. El sentimiento generalizado era que se tomarían cruentas represalias a manera de escarmiento contra los demás protagonistas de la fuga.
Debido a esta percepción, en la mañana del 17 de agosto el Partido Justicialista envió un telegrama al ministro del interior Arturo Mor Roig con el siguiente texto: «Reclamamos respeto derechos humanos presos políticos unidad carcelaria Rawson responsabilizándolo por su integridad física amenazada por medidas de represión».
La masacre
Mientras el dictador Alejandro Agustín Lanusse presionaba al presidente de Chile Salvador Allende para que deportara a los fugados en calidad de prisioneros, toda la zona de Rawson y Trelew era virtualmente ocupada por fuerzas militares del ejército y gendarmería, quienes patrullaban continuamente y hacían prácticamente imposible cualquier nuevo intento de fuga. La propia Base Aeronaval de Trelew mantenía una numerosa dotación de tres mil efectivos de la Armada. Regía en toda la zona un estado de máxima alerta, todo lo cual hacía impensable que los presos reintentaran evadirse.
En un clima de absoluto hermetismo y gran tensión, la noche del 21 de agosto permanecían reunidos en la Casa de Gobierno los miembros de la Junta de Comandantes en Jefe de las tres fuerzas armadas, colaboradores y ministros. No se brindó ninguna información a los periodistas que aguardaban noticias.
Esa misma noche, a las 3.30 hs del 22 de agosto, en la Base Naval Almirante Zar, los 19 detenidos fueron sorpresivamente despertados y sacados de sus celdas. Según testimonios de los tres únicos reclusos sobrevivientes, mientras estaban formados y obligados a mirar hacia el piso fueron ametrallados indefensos por una patrulla a cargo del capitán de corbeta Luis Emilio Sosa y del teniente Roberto Bravo, falleciendo la mayoría en el acto, y algunos heridos fueron rematados en el piso.
La versión oficial fue que se había producido un nuevo intento de fuga, con 16 muertos y tres heridos entre los prisioneros, pero sin bajas en las filas de la Marina.
La misma noche del 22 el gobierno sancionó la ley 19.797 que prohibía toda difusión de informaciones sobre organizaciones guerrilleras. En los días sucesivos, hubo manifestaciones en las principales ciudades de la Argentina, y numerosas bombas fueron colocadas en dependencias oficiales como protesta por la matanza.
Los asesinados fueron: Alejandro Ulla (PRT-ERP), Alfredo Khon (FAR), Ana María Villarreal de Santucho (PRT-ERP), Carlos Alberto del Rey (PRT-ERP), Carlos Astudillo (FAR), Clarisa Lea Place (PRT-ERP), Eduardo Capello (PRT-ERP), Humberto Suárez (PRT-ERP), Humberto Toschi (PRT-ERP), José Ricardo Mena (PRT-ERP), María Angélica Sabelli (Montoneros), Mariano Pujadas (Montoneros), Mario Emilio Delfino (PRT-ERP), Miguel Angel Polti (PRT-ERP), Pedro Bonet (PRT-ERP) y Susana Lesgart (Montoneros).
Y los heridos que lograron sobrevivir: Alberto Miguel Camps (FAR – desaparecido luego en 1977), María Antonia Berger (FAR – desaparecida en 1979) y Ricardo René Haidar (Montoneros – desaparecido en 1982).
El parco comunicado oficial fue brindado a la prensa por el contralmirante Hermes Quijada, jefe del Estado Mayor Conjunto, quien a los pocos meses, el 30 de abril de 1973 fue muerto a balazos en el barrio Congreso de la Capital Federal por Víctor José Fernández Palmeiro (ERP) desde una motocicleta, quien a su vez cayó acribillado por los disparos del chofer del militar.
Principales responsables
A pocos días de la masacre, el 5 de septiembre de 1972, el entonces capitán de navío Horacio Mayorga, jefe de la Aviación Naval, dijo en un discurso en la misma Base Aeronaval Almirante Zar donde ocurrieron los hechos, y frente a todo el personal de esa dependencia: “No es necesario explicar nada. Debemos dejar de lado estúpidas discusiones que la Armada no tiene que esforzarse en explicar. Lo hecho bien hecho está. Se hizo lo que se tenía que hacer. No hay que disculparse porque no hay culpa. La muerte está en el plan de Dios no para castigo sino para la reflexión de muchos”.
Aunque no hayan dejado órdenes por escrito, todo indica que la matanza fue un hecho planificado y decidido por los máximos exponentes del gobierno, es decir, la Junta Militar presidida por el general Lanusse. Este en su posterior libro Mi testimonio, ratifica la versión oficial de un nuevo intento de fuga de los prisioneros, escribiendo que el 16 de agosto le había ordenado al general Eduardo Ignacio Betti, comandante de la IX Brigada, que los detenidos fueran trasladados de la base aeronaval a la cárcel de Rawson, “por no tener la base de Trelew instalaciones adecuadas ni personal capacitado para su vigilancia”. Según el propio Lanusse, tal orden no fue cumplida, aseverando de una manera pretendidamente auto exculpatoria que «los trágicos hechos del 22 de agosto ponían en evidencia que mis temores habían sido lamentablemente acertados». Con el país en vilo como estaba entonces, resulta notorio que pasaran varios días desde aquella supuesta orden hasta que finalmente ocurrió la masacre, sin que el presidente tomara conocimiento que los detenidos aún permanecían en la base.
Los mandos involucrados con mayor responsabilidad eran los siguientes: general Alejandro Agustín Lanusse, presidente de facto y comandante en jefe del Ejército; almirante Guido Natal Coda, comandante en jefe de la Armada; brigadier Juan Carlos Rey, comandante en jefe de la Fuerza Aérea; contralmirante Hermes Quijada, jefe del Estado Mayor Conjunto; general Eduardo Ignacio Betti, jefe del operativo militar en la zona de emergencia; capitán de navío Rubén Norberto Paccganini, jefe de la Base Aeronaval Almirante Zar; capitán de navío Horacio Mayorga, jefe de la Aviación Naval. Y los principales actores de la masacre fueron: capitán de fragata Luis Emilio Sosa; capitán Emilio Jorge Del Real; teniente de corbeta Roberto Guillermo Bravo, y cabo primero Carlos Marandino. Los principales civiles involucrados eran: Arturo Mor Roig, ministro del Interior, y Jorge V. Quiroga, juez de la Cámara Especial.
En el 2012 el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a prisión perpetua a Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como “coautores responsables del homicidio con alevosía” de 16 presos políticos y tres tentativas de homicidio. El Tribunal absolvió a Rubén Paccagnini, que era jefe de la base Zar, y Jorge Bautista. En 2014, la Cámara Federal de Casación Penal anuló las dos absoluciones, dejó firmes las penas de prisión perpetua y calificó a los crímenes como “delitos de lesa humanidad”.
