El viernes 21 el gobierno nacional declaró como servicios públicos a la telefonía móvil, internet y TV paga y congeló sus tarifas hasta fin de año.
El presidente Alberto Fernández, al anunciar la medida que se plasmó con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690, dijo en Twitter que de esta manera se están «recuperando herramientas regulatorias que el Gobierno anterior quitó al Estado, y que «En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado».
Esto ha desatado una feroz ofensiva por parte de los medios de comunicación y los políticos serviles a los grandes monopolios de la telefonía móvil, internet y TV paga. La razón es muy sencilla, con este decreto el gobierno se mete con las inmensas ganancias de Telecom, Claro, Telefónica y el Grupo Clarín.
En lo inmediato, este decreto implica impedir un nuevo aumento en los abonos, que las empresas buscaban que fuera de un 20% a partir del comienzo de septiembre. Con esto llegarían al 55% de aumento de las tarifas en lo que va del año, por lejos valores superiores a la inflación.
El odio desplegado por Clarín, La Nación, sus loritos mediáticos y los principales dirigentes del macrismo, se corresponde con lo que les duele una medida que afecta las inmensas fortunas acumulados por los monopolios del “triple play”, que tuvieron grandes beneficios durante el pasado gobierno de Macri. Recordemos que ese gobierno derogó la ley que en 2014 clasificaba a la telefonía móvil, internet y tv de cable como servicios públicos «en competencia».
Si tomamos el ranking de la revista Mercado de junio de este año, Telecom es la cuarta empresa en ventas en Argentina con $221.970 millones en 2019. Claro ocupa el puesto 23 con $102.624 millones. Telefónica Móviles ocupa el puesto 25 con $97.308 millones. Si tomamos el ranking por grupo, Clarín está cuarto, con una facturación de $266.109 millones.
En pleno desarrollo de la emergencia sanitaria por la pandemia, el crecimiento de la telefonía móvil y de internet en lo laboral y educativo ha sido exponencial, además de su uso hogareño. Lo mismo ocurre con los servicios de tv paga.
El declararlos servicios públicos es una medida correcta que favorece a los usuarios de los sectores populares, ya que obliga a las empresas a garantizar el acceso a estos servicios a toda la población que lo demande, según establece el DNU.
Se abre un nuevo capítulo en el ya abierto enfrentamiento de estos monopolios, en particular del Grupo Clarín, con el gobierno.
Hoy N° 1829 26/08/2020
