El viernes pasado, Alberto Fernández anunció que estaba pronto a la firma de un decreto para prohibir el aumento de las tarifas en los servicios de conectividad (internet, telefonía móvil y televisión por suscripción). Con esa medida dio una respuesta en favor de los usuarios, que cada vez más dependemos de la conectividad, desató el debate sobre un tema que está al rojo vivo en el contexto de pandemia y causó repercusiones en las embajadas de EE.UU., México, España y China.
El sábado (22/08) se publicó el Decreto 690/2020 con la firma del Presidente de la Nación y del resto del gabinete. En el mismo realiza modificaciones a la Ley 27078 Argentina Digital (2014), en los artículos 15, 48 y 54. Con los nuevos textos declara esenciales a los servicios de Tecnología de la Información y Comunicación y a las Telecomunicaciones; además incorpora en este segmento al servicio de telefonía móvil; y, por último, si bien mantiene que las ofertas de dichos servicios se desarrollan en el marco de un mercado en competencia, el decreto establece que es el Estado quien va a regular sus precios. Acto seguido, con el mismo decreto, afecta las tarifas de esos servicios al Decreto N° 260/20 y por lo tanto quedan congeladas hasta el 31 de diciembre de 2020. La Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización del Congreso de la Nación tiene plazo de días para revocar el decreto. (Ver en cuadro aparte los integrantes)
El contexto de pandemia y aislamiento, definió una discusión que se venía dando en distintos ámbitos en relación a si el acceso a internet es o no un derecho humano. Quedó demostrado que sí y por lo tanto el Estado debe velar por su cumplimiento. En ese sentido, el decreto de Alberto Fernández declaró como esenciales a los servicios de telecomunicaciones, y los puso en el mismo nivel que la provisión de agua potable, luz y gas.
La Ley 27078 original, ya reconocía el derecho humano a la conexión y ponía al Estado como garante del mismo, pero establecía que los precios se regulaban en un mercado en competencia, es decir por la ley de oferta y demanda. Situación que en la práctica no era sostenible por la cartelización de las empresas del rubro. Por lo tanto, congelar sus tarifas fue una medida justa para la población en estado de aislamiento, ya que la conexión es condición esencial para el teletrabajo, las gestiones de cualquier tipo y la recreación.
También hay otra lectura para el decreto: es una “patada en la ingle” para el Grupo Clarín y el resto de los monopolios extranjeros que controlan las telecomunicaciones. De hecho, es así, y queda claro en la reacción inmediata de esos empresarios ya que la medida afecta la fuente principal de ingresos de sus grupos de negocios.
Ese aspecto del decreto 690 es el que llama la atención y se instala en la agenda pública. Ahora tenemos un escenario similar al debate previo y posterior a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una previsible judicialización de las medidas por parte de las empresas y la polarización de la opinión publica en relación a dos relatos para describir una batalla épica entre el gobierno y el monopolio.
Es una historia que ya vivimos y en esta reedición, de no avanzar a un debate superior, vamos a tener el mismo resultado: un decreto o una ley no hacen desaparecer al monopolio, no disminuyen la concentración, es una batalla donde pierden los licenciatarios menores y posiblemente ingresen a competir en el mercado argentino otros gigantes del sector (quizás de la mano del ascenso chino en el país).
Congelar las tarifas de conectividad fue una medida justa y necesaria, pero debe ser el primer paso en un plan para garantizar la efectiva disponibilidad del servicio público esencial.
Un nuevo plan de conectividad
Una de las falencias de la Ley Argentina Digital fue que no diferenció tipos de licenciatarios de servicios TIC. Bajo una misma denominación entrega licencias a un cuentapropista que brinda servicio a 50 clientes con radio enlace en un pueblo y a una multinacional como Telmex, Movistar o Telecom que tiene cableado y antenas para redes móviles en todo el país.
Es una traba para una política pública correcta ya que el mercado de las telecomunicaciones no es plano. Hay un escenario diverso en nuestro país. A nivel nacional el mercado es dominado por un puñado de empresas, pero las realidades cambian según la provincia y entre las zonas urbanas y rurales.
Las estadísticas que publica el propio Ente Nacional de Comunicaciones, muestras esta disparidad. Hay provincias con velocidades promedio de bajadas de datos por arriba de los 60mbps, y otras por debajo de los 6mbps. Respecto a la penetración del servicio de internet fija por hogar, en un extremo está el AMBA con más de una conexión por domicilio y en otro, provincias como San Juan donde apenas supera los 30 de cada 100 hogares. Por lo tanto, si se observa un panorama más amplio se ve que las tarifas son una parte del problema, pero el principal sigue siendo la falta de infraestructura.
La mayoría del territorio argentino tiene baja penetración del servicio de internet y mala calidad de conexión. Para resolver esa situación es necesario realizar inversiones e instalar infraestructuras que requiere tecnología que en su mayoría no se producen en el país. Somos dependientes de las tecnologías desarrolladas en EE.UU. o China. De no mediar un nuevo plan nacional y soberano para el desarrollo de las telecomunicaciones, vamos a terminar envueltos en la disputa entre monopolios y estados imperialistas, similar a la que vive Europa alrededor del 5G, entre Huawei, Apple, Nokia y Erikson.
Frente al decreto 690, las empresas que controlan el mercado de telecomunicaciones, responden que el control de precios desalienta a nuevas inversiones. Es una verdad a medias. En primer lugar, porque los operadores privados solo invierten en donde creen poder obtener ganancias a corto plazo, y es la razón por la cual hay “competencia” y calidad de servicio en los grandes centros urbanos. Para solucionar el problema de conectividad en las áreas marginales, se diseñó el Fondo de Servicio Universal y, en el 2010, un plan nacional de conectividad. Este último funciona y en él invierte el Estado a través de la empresa ARSAT, pero se asocia con empresas locales en el servicio de “última milla”. Estos últimos son los que más sufren el impacto del congelamiento de las tarifas.
San Juan es un claro ejemplo de esta situación. El operador incumbente, Movistar (Telefónica) ha decidido no invertir en mejorar la conectividad mediante internet fija y por lo tanto la provincia ha quedado a medio camino de ingresar en el mundo de la fibra óptica. Las Pymes locales, algunas se han asociado, no tienen capital suficiente ni acceso al crédito para realizar las inversiones necesarias para generar el “mercado en competencia”. Por lo tanto, la medida de congelar las tarifas a Movistar no le afecta demasiado, ya que sigue ganando con las mismas instalaciones que usa hace casi 30 años, pero al resto les da en la línea de flotación porque no va a poder trasladar el aumento de costos que tiene en dólares.
Hay varias alternativas para salir de esa situación. Una es aplicar el Art. 7, Inc. H de la Ley 27078, para declarar con “Poder Significativo de Mercado” a las empresas incumbentes. Esa medida obligaría a Movistar (Telefónica), en el caso de San Juan, a realizar inversiones para alcanzar el Servicio Universal, o sea brindar un servicio de calidad y precio similares a los que brinda en otras provincias.
También existe un Fondo de Servicio Universal, que se conforma con el aporte del 1% de la facturación de todas las empresas de telecomunicaciones del país, que debe cobrarse efectivamente y puede destinarse a créditos para que los estados provinciales y las empresas locales hagan inversiones. Los monopolios presionan para que con ese fondo se subsidien los precios de las tarifas, como alguna vez se hizo con el gas y la electricidad.
Otra opción, que no es contradictoria con las anteriores, es que el propio Estado nacional refuerce su presencia en el mercado de las telecomunicaciones. Esto es posible si realiza una nueva inversión en Arsat, empresa estatal que hoy desarrolla y comercializa la Red Federal de Fibra Óptica, para brindar servicios de última milla en los centros urbanos. Esta solución puede incluir la asociación con cooperativas, pymes del sector, universidades y estados provinciales y municipales.
¿Hacia dónde pondrá Alberto Fernández la proa de las políticas públicas en materia de comunicación? En el marco de la pandemia fue justo y necesario el decreto 690/2020, pero es un primer paso hacia la democratización de las redes. Es necesario andar un camino que lleve a desarmar efectivamente la concentración en las telecomunicaciones, y para eso es necesario involucrar a los usuarios, a los estados, universidades y cámaras por fuera de los grandes actores que hoy obstaculizan el acceso al servicio esencial.
Escribe Federico Aguero
Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización
Presidenta
CERRUTI, GABRIELA – CIUDAD de BUENOS AIRES – FRENTE DE TODOS
Vicepresidentes
LUENZO, ALFREDO HECTOR – CHUBUT – FRENTE DE TODOS
BANFI, KARINA secretaria – BUENOS AIRES – UCR
Vocales
BASUALDO, ROBERTO GUSTAVO – SAN JUAN – PRODUCCION Y TRABAJO
BAZZE, MIGUEL ANGEL – BUENOS AIRES – UCR
CARRO, PABLO – CORDOBA – FRENTE DE TODOS
CATALFAMO, MARIA EUGENIA – SAN LUIS – FRENTE DE TODOS
COSTA, EDUARDO RAUL – SANTA CRUZ – UCR
KUEIDER, EDGARDO DARIO – ENTRE RIOS – FRENTE DE TODOS
MASSETANI, VANESA LAURA – SANTA FE – FRENTE DE TODOS
PEREZ ARAUJO, HERNAN – LA PAMPA – FRENTE DE TODOS
PICCOLOMINI, MARIA CARLA – BUENOS AIRES – PRO
RECALDE, MARIANO – CIUDAD de BUENOS AIRES – FRENTE DE TODOS
ROMERO, JUAN CARLOS – SALTA – JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE
SNOPEK, GUILLERMO – JUJUY – FRENTE DE TODOS
WOLFF, WALDO EZEQUIEL – BUENOS AIRES – PRO
