Los sectores políticos vinculados al macrismo, y otros del propio gobierno, como el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni y algunos intendentes de la misma provincia, reclaman “mano dura” y desalojos de los ocupantes en nombre de la “inviolable propiedad privada”.
Esta nueva oleada de tomas pone sobre la mesa el problema estructural del déficit de viviendas que hay en nuestro país. Nos decía el compañero arquitecto y coordinador de Desarrollo Socio-Productivo en una de las Secretarías del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que “en la Argentina se calcula que el déficit habitacional es entre 3 y 4 millones de viviendas. De esta cifra, que implica a cerca de 16 millones de personas, un 70% es un déficit cualitativo parcial, es decir que son viviendas incompletas o a recuperar, y que hay un 30% cuantitativo, que falta en su totalidad. Esta es la base de las oleadas de tomas de tierras, que es recurrente”.
En nuestra Argentina atrasada y dependiente, la falta de tierra para vivir y trabajar está entroncada con esa misma conformación, que tuvo como parte fundamental el genocidio de los pueblos originarios para la apropiación de millones de hectáreas por parte de la oligarquía y los monopolios imperialistas.
El crecimiento urbano está condicionado por esa historia. Hoy hay registrados, recuerda el compañero, 4.416 barrios populares (villas y asentamientos) relevados por las organizaciones sociales entre 2016 y 2017, dando origen al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y a la Ley de Urbanización 27.453. En estos barrios registrados, que no son todos los que hay, viven cerca de cuatro millones de personas, en condiciones sumamente precarias.
El compañero Juan Carlos Alderete, dirigente nacional del PCR hoy diputado nacional por el PTP en el Frente de Todos, recordó recientemente que “En nuestro país, muchas veces las personas se ven empujadas, ante la falta de oportunidades, a tomar tierras para mejorar su situación. Esa ha sido la historia, en los últimos 35 años, de la mayoría de los barrios populares en la Argentina. Esa incluso ha sido mi propia historia”, haciendo referencia al barrio María Elena en La Matanza.
Frente a tanto político y periodista servil de los poderosos, que lo único que plantean es que la toma de tierras es un “delito” y dan como única solución el desalojo de los ocupantes, Alderete afirma que “A nadie le gusta ir a tomar un terreno, exponerse a todo lo que eso significa y en las condiciones que eso pasa. Pero las desigualdades son tan grandes, que muchas veces no se encuentra otro camino. Se necesitan políticas de Estado para resolver el problema habitacional”.
La pandemia agravó el drama de la falta de tierra y vivienda para miles y miles. La pérdida de puestos de trabajo, formales e informales, llevó a no poder pagar alquileres, se paralizó la construcción, la movilidad de las familias, etc. Esto por un lado.
Por el otro, siguen avanzando los desmontes y los incendios premeditados en muchas provincias, con su consiguiente apropiación por poderosos grupos económicos terratenientes e inmobiliarios, que desplazan a los pobladores ya sea para plantar soja, poner ganado o construir emprendimientos inmobiliarios ¿dónde van los desalojados?
Sólo en el conurbano bonaerense, según algunos medios “fueron tomadas unas 4.300 hectáreas de tierras fiscales y privadas” (Infobae, 2/9). Berni, alineándose claramente con los sectores más reaccionarios, no sólo reclama represión sino que salió a acusar al Movimiento Evita y a los movimientos sociales de impulsar las tomas de tierras.
Alderete reafirmó la necesidad de avanzar con el proyecto de ley de Tierra, Techo y Trabajo que ha propuesto dentro del Frente de Todos, para cumplir la premisa de que “todas las personas que viven en Argentina tengan un hogar y un empleo digno”, y finalizó “Lo que nunca puede ser respuesta del Estado, es llevar a mayor sufrimiento y miseria a quienes se ven empujados a tomar tierras como último recurso”.
Escribe Germán Vidal
Hoy N° 1831 09/09/2020
