El conflicto que estalló tras la puesta en marcha del Proyecto Artigas en tierras pertenecientes a la familia Etchevehere (donadas por la hermana del ex ministro de Agroindustria) generó fuertes reacciones de los sectores más concentrados del campo, que buscan arrastrar en su defensa a los productores que aún subsisten a la concentración de la tierra en la provincia. Pero también revela una historia de despojos a un pueblo que supo albergar un frigorífico modelo y motor de la economía de la provincia y pone sobre la mesa la necesidad de políticas para que tengan tierras quienes necesiten y quieran trabajarlas.
Las tierras en disputa se ubican en las afueras de Santa Elena, en el paraje El Quebracho, junto al cruce de las rutas 48 y 12, a 12 kilómetros de la ciudad. Hay sobradas denuncias respecto del modo en que las mismas fueron mal habidas por la familia Etchevere. Pese a ello, se hicieron convocatorias a socios y productores de la Sociedad Rural y Federación Agraria Argentina para movilizarse hasta el lugar del conflicto y defender la “propiedad privada” en cuestión, con fuertes expresiones de odio de clase y acusando al gobierno nacional de promover la toma de tierras y una virtual reforma agraria en todo el país.
Llamativamente, las tierras que los empresarios llaman a defender con “jinetes, camionetas y tractores” (así dice uno de los afiches que circulan) bien podrían ser caratuladas de tierras usurpadas, previamente, por la propia familia Etchevehere.
Los Etchevehere: una historia de usurpaciones y saqueos
El dirigente de la Federación Nacional Campesina (FNC) de Entre Ríos, Pablo Benetti, cuenta que el predio en conflicto «es parte de las tierras que tenía el Frigorífico Santa Elena y que fueron vendidas a precios irrisorios en su momento a los Etchevehere y a la empresa Tres Arroyos, que posee una cabaña de reproductores avícolas. Además el Estado les quitó tierras a la Escuela Agrotécnica El Quebracho: 70 has que se sumaron a las que ya poseían los Etchevehere, quedando la escuela con menos de la mitad de las tierras que originariamente se les había entregado para hacer las prácticas de cría y producción de los alumnos”.
La familia del expresidente de la Sociedad Rural Argentina adquirió esas tierras en 2007, durante la gestión de Jorge Busti, por $2.500 pesos cuando los valores de mercado eran de U$S 2.000 que –con el dólar en ese momento a $3,07– significaban $7.675, el triple de lo que se pagó.
“Ya en ese momento diferentes organizaciones sociales y gremios salimos a defender las tierras de la escuela pero no fue suficiente, ya que se las dieron en propiedad a la familia Etchevehere. Paradójicamente, el pozo de agua que alimentaba a la escuela quedó del lado de la Estancia ‘Casa Nueva’”.
Pero la prepotencia oligárquica de Luis Miguel Etchevehere y su familia no se limitan a este caso: vaciaron El Diario de Paraná dejando en la calle a 80 trabajadores y hasta el día de hoy adeudan sueldos e indemnizaciones.
En 2018, como ministro de Agroindustria, comenzó a aplicar un brutal ajuste en el marco de lo que el macrismo llamó Plan de Modernización del Estado y desmanteló la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que cumplía un importante rol en la asistencia técnica, capacitación y provisión de insumos a familias de horticultores y campesinos pobres de todo el país, que fueron dejados a su suerte, en favor del modelo agroexportador y de concentración de la tierra que, precisamente, representa Etchevehere.
El proyecto Artigas
En ese marco, desde la FNC acompañan la perspectiva (agroecológica y en contra de la concentración de la tierra) del Proyecto Artigas, propuesta presentada públicamente hace unos días por Dolores Etchevehere, que dona el 40% de su herencia a un proyecto que además de poner en cuestión el modelo de concentración y exclusión que sus hermanos defienden, plantea la devolución a la escuela agrotécnica «El Quebracho» de las tierras. “Reivindicamos que se devuelvan las tierras a la escuela, también celebramos que se esté planteando la posibilidad de generar un proyecto agroecológico que genere alimentos sanos para ser consumidos por las poblaciones vecinas, y creemos necesario que los que sean beneficiarios y pongan en producción estas tierras sean los vecinos de Santa Elena, devolviendo parte de lo que les robaron cuando fue el cierre y desguace del frigorífico”, destaca Benetti.
Asimismo, la organización con presencia en varias localidades sobre todo del norte entrerriano, se pone a disposición de la iniciativa «y los compañeros de la organización que son vecinos de estas tierras y que viven en Santa Elena quieren ser parte de este proyecto que implica un paso más que importante en un lugar donde la desocupación es muy alta y apremia la necesidad de trabajo genuino, más que nada en los jóvenes y en las mujeres”.
El conflicto entró en una pausa el viernes 23/10 con la decisión del juez Raúl Flores de rechazar el pedido de desalojo de la Fiscalía y del abogado de la familia Etchevehere. Asimismo, Flores dispuso una restricción perimetral a raíz de una denuncia por extorsión en contexto de violencia de género que Dolores Etchevehere realizó contra sus hermanos, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego y su madre, Leonor María Belén Barbero Marcial.
La lucha histórica por la tierra en Entre Ríos
“Como Federación desde hace años venimos planteando la necesidad de tierras para los que quieren y necesitan trabajarlas, más en una localidad como Santa Elena, que es una de las ciudades con mayor porcentaje de desocupación, desde el cierre del frigorífico histórico de esta localidad. El grupo de colonos que tomaron tierras en el ‘99, la lucha de los pastajeros en el 2009, así como la pelea actual que dio sus frutos con la cesión por parte de la municipalidad de una hectárea a los compañeros de la CCC -FNC de Santa Elena para ponerla en producción, que es un gran logro de la organización y la lucha; son las banderas que venimos levantando hace años en esta localidad”.
En la misma línea, la FNC y la CCC vienen impulsando y desarrollando, en algunos casos coordinadamente y en otros en forma independiente, huertas urbanas y en zonas rurales en toda la provincia, con el objetivo de generar fuentes de ingresos, alimentos sanos y a precios accesibles, proveer a los comedores de las organizaciones y también tratar de lograr convenios con el estado provincial y municipales para proveer comedores escolares y comunitarios. Así ya suman cerca de 20 huertas agroecológicas en Paraná, Concordia, La Paz, San Gustavo, Colonia 3 y 14, Chajarí, Bovril, Santa Elena y Federal. A esto deben sumarse las experiencias de trabajo junto con pequeños y medianos productores de las economías regionales como los algodoneros del centro norte de la provincia o los quinteros de la zona citrícola, entre otras.
Corresponsal
Foto: Movimientos sociales de Santa Elena movilizan en solidaridad con el Proyecto Artigas y plantean la necesidad de ser parte
Hoy N°1838 28/10/2020
