En los últimos días de diciembre el gobierno nacional cerró temporariamente la exportación de maíz. La imposibilidad de registrar nuevas Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) para el producto hasta 1 de marzo de 2021, responde a la preocupación por la caída del stock para consumo interno que se recuperarían a partir de esa fecha con el arranque de la nueva campaña 2020/21 del cereal.
Desde las entidades rurales agrupadas en la Mesa de Enlace, salvo Coninagro, se anunció un cese de comercialización de 72 horas desde el lunes 11/1 como forma de protesta contra la medida.
Las bases de Federación Agraria por su parte se manifestaron en contra del paro. Pablo Paillole, director del Distrito VI de Federación Agraria minimizó la gravedad de la medida que algunos sectores quieren imprimirle a la definición estatal al explicar: “son solos dos meses que no se puede exportar el 10% de la cosecha que quedó del año pasado, para dimensionar de lo que estamos hablando”.
Según datos oficiales, de la campaña 2019/20 de maíz la exportación habría comprado 37,7 millones de toneladas y la industria 4,22 millones. Sobre una producción récord de grano comercial estimada en 50 millones de toneladas, este volumen de comercialización equivale a un 83,8% de la cosecha.
“Para nosotros es importante que intervenga el Estado como en su momento lo hizo con la Junta Nacional de Granos, que compraba directamente el maíz y disponía una parte para el mercado interno y otra para la exportación”, explica Paillole.
Sobre la efectividad de la medida Paillole afirma que “esto no tiene que ser una medida aislada y coyuntural solo por la escasez de maíz. Debería estar acompañada de un conjunto de medidas que incentiven el agregado de valor de la producción”.
“Si existe política para industrializar el maíz, no solo mejora la oferta porque bajan los precios de la carne de vaca, de cerdo, etc., sino que se generarían muchos puestos de trabajo”, asegura el representante de los pequeños productores. Y agrega que “es fundamental una batería de medidas que acompañe para empezar a cambiar esta matriz productiva primarizante que tiene la Argentina, que solo exporta granos”.
Finalmente sobre la necesidad de otros instrumentos de política pública para intervenir en el comercio de granos Paillole asegura que “6 o 7 multinacionales terminan controlando del 80% de la producción de granos del país, y no puede ser que estas multinacionales agarren del cuello a cualquier gobierno democrático y le digan si no me devaluás no liquido o si no bajás retenciones no liquido los dólares. Es inadmisible”.
“Si no cambia lo estructura, con un órgano estatal, del nombre que quieran, pero con participación de las cooperativas, los productores, etc., que tenga algún control de soberanía sobre el comercio exterior, y sobre todo sobre los granos, estos problemas estructurales que tuvimos estos meses y que se repiten de manera cíclica lo vamos a seguir teniendo”, aseguró.
Hoy N° 1847 13/01/2021
