Úrsula Bahillo era una adolecente de 18 años que el lunes 8 de febrero fue encontrada muerta, tras recibir más de 15 puñaladas, en un pastizal a la altura del paraje Guido Spano, a 13 kilómetros de la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires, de donde era oriunda. Su femicidio conmovió y sobre todas las cosas indignó al país tras conocerse que la víctima realizó de forma previa 18 denuncias contra su femicida, el policía de la Bonaerense y ex pareja de Úrsula, Matías Martínez, de 25 años.
Previamente, la única contención que recibió fue por parte sus amigas y familiares, conscientes de la gravedad de la violencia que sufría. Fueron ellos, junto al pueblo de Rojas, quienes manifestaron su indignación en las calles reclamando justicia por su hija perdida. Como respuesta padecieron una brutal represión por parte de los efectivos policiales, que dejó un saldo de 8 detenidos, la mitad de ellos menores de edad, y una joven gravemente herida tras recibir un disparo de bala de goma en el ojo. La represión generó la posterior intervención de la policía de la localidad por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El femicidio de Úrsula muestra cómo el Estado, tanto en lo que hace al ejecutivo municipal, provincial o nacional, las distintas instancias judiciales, y su fuerza represiva, en este caso la Policía Bonaerense, no garantizó su protección; al contrario, se encargó de garantizar la impunidad de Martínez, quien contaba con denuncias por abuso sexual y violencia de género por parte de otras víctimas. Esta impunidad no puede ser analizada sin tener en cuenta la pertenencia del femicida a la Bonaerense, cuando hay estudios que indican que uno de cada cinco femicidios es cometido por miembros de fuerzas policiales.
La pregunta que surge y miles se hacen es ¿Qué respuesta nos dan frente a la brutalidad de la injusticia, el desamparo y el dolor de la pérdida? Se vuelve necesaria la implementación de políticas públicas que garanticen el cuidado de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, el caso de Úrsula deja al descubierto la ineptitud de la justicia ante los casos de violencia, es una realidad que el mismo hecho de denunciar es entorpecido por las fuerzas de seguridad, a su vez muchas de las víctimas de femicidios contaban con denuncias realizadas e inclusive perimetrales para sus agresores. La falta de refugios, botones antipánico y presupuesto para abordar la problemática deja al desnudo que el Estado es responsable de no dar respuesta a un reclamo que ha sido tomado por el conjunto de la sociedad. Necesitamos y exigimos justicia y contención para nuestras hermanas.
Por eso es absolutamente necesaria la declaración de la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres, con presupuesto que asigne partidas presupuestarias extraordinarias para desplegar las medidas necesarias de asistencia y prevención, refugios, etc. Con patrocinio jurídico y asistencia económica para las víctimas de violencia, y que asegure remuneración económica a las promotoras que a diario asisten a las víctimas, todo lo cual nos permitiría contar con una estructura adecuada para dar respuesta a una situación que no puede seguir siendo postergada.
Las mujeres venimos realizando un recorrido histórico contra la violencia machista patriarcal que a diario nos arrebata las vidas de nuestras compañeras. La organización del movimiento de mujeres y feminismos de nuestro país logró instalar el debate en torno a la violencia de género, presente desde el inicio de los Encuentros Nacionales de Mujeres y masificado a partir del primer Ni Una Menos realizado en el 2015, poniendo sobre la mesa una problemática que atraviesa al conjunto de la sociedad.
A través de la práctica, hemos logrado generar espacios de contención como lo son las casas de las mujeres o la organización de las promotoras en violencia de género, que a diario contienen y acompañan a mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y para las que hace falta reconocimiento económico.
El camino a recorrer es largo, luchamos contra una estructura poderosa como es este Estado oligárquico imperialista, y peleamos contra creencias arraigadas en lo más profundo de nuestra sociedad, no obstante, la lucha y las conquistas recientes, como lo es la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, nos demuestran que el camino correcto se encuentra en las calles, junto a nuestras compañeras y hermanas. Por eso saldremos a las calles en todo el país este 17 reclamando justicia por Úrsula y por todas las víctimas de femicidio.
Y seguiremos, junto a las luchas de nuestro pueblo, en el camino de poder conquistar una sociedad sin explotadores ni explotados, en donde nuestro género no sea un condicionante, ni ser mujer sea un factor de riesgo.
Escribe Azul Soriano
Hoy N° 1852 17/02/2021
