Quienes perdieron a una madre o a una hija por la violencia de género en Jujuy, saben en carne propia a dónde nos lleva la desidia estatal.
Los asesinatos de Marina Patagua y Alejandra Álvarez, ocurridos después de octubre de 2020, motivaron que en sus causas penales, donde se investigan los femicidios, se haya constituido como querellante, no solo las y los herederos forzosos (las hijas de Marina en una causa y la mamá y el papá de Alejandra en la otra) sino también el Consejo Provincial de la Mujer, al margen de la voluntad de las familias y en base a un decreto del gobernador que intentó que la culpa no recayera en él (léase el poder ejecutivo que dirige desde 2015 y su desidia, que no actúa como Estado sino como ONG en lo que hace a prevenir la violencia machista en la provincia). Muestra de ello es que Marina Patagua no recibió ningún acompañamiento del Consejo desde 2018, en que formuló la primer denuncia policial contra su femicida, y que seguimos sin tener una campaña fuerte de prevención de violencias machistas en noviazgos adolescentes, donde dichas violencias en una gran porción de los mismos está increíblemente naturalizada, sin que se produzcan “alertas” con hechos que claramente las develan. La edad de los femicidas es muestra de ello, y la edad de las víctimas también. Tema aparte merece las fotos de Morales con las familias, usando los subsidios legales para la ocasión. Pero es otro tema.
En la causa de Marina Patagua, apelamos la constitución de querella por parte del Consejo Provincial de la Mujer. En la causa de Alejandra no. Hoy está en trámite la apelación en la causa de Marina, y el viernes, en el mismo decisorio en el que la Jueza de Violencia Nro. 2 rechazó planteos de nulidad de la defensa, intimó a unificar las querellas entre el Consejo Provincial de la Mujer y la mamá y papá de Alejandra. Es decir, la jueza nos plantea que quien con su desidia permitió el femicidio de Alejandra -siempre evitable, y al que llamamos feminicidio por la responsabilidad estatal (por su acción u omisión) y sus progenitorxs, debe tener la misma representación legal.
¿No sufrieron demasiado ya familiares de víctimas de femicidio, que siguen en duelo, para tener que seguir enfrentando semejante provocación? ¿Esta es la forma de intervención del Poder Judicial en el camino de “reparación” de las víctimas y sus familias?
Parece que las familias de las víctimas, abrazadas por el movimiento de mujeres, deben ser castigadas. Lamentablemente, ello en el marco del planteo de Jury al Juez Pullen Llermanos, por el mal desempeño que terminó en el femicidio de Marina Patagua, y en el no disciplinamiento de familiares a Morales, a pesar de los subsidios estatales usados para sus fotos y twitters.
Escribe Mariana Vargas
