Llevan a juicio a dirigenta y a otros compañeros por la lucha y defensa de los derechos a la tierra y al medioambiente.
Fecha de juicio oral y público 27, 28 y 31 de mayo
Lucía Ruiz es campesina, defensora de la tierra y los derechos ambientales, proveniente de una familia dedicada al trabajo de la tierra, y habitante de la zona conocida como El Pértigo, ubicada a 25 km de Coronel Juan Sola, en el departamento de Rivadavia Banda Norte. Como fundadora y titular de la organización campesina “Unión y Progreso”, perteneciente a la Coordinadora Zonal de Tierras de la Ruta 81 de Salta, Lucía fue una de las defensoras ambientales que encabezó la lucha contra los desmontes y la lucha por la tierra de gran cantidad de familias campesinas desde hace más de 20 años.
En virtud de esa trayectoria, en el año 2019, el Senado de la Nación distinguió a Lucia Ruiz junto a María Tolaba, referenta de la Organización “Mujeres mejorando el Chaco”, por la defensa de los Derechos Humanos, Ambientales y de Acceso a la Tierra con el premio “Berta Cáceres” (ver nota: https://www.pagina12.com.ar/251348-dos-saltenas-distinguidas-en-el-senado-por-su-lucha-por-la-t ).
Es importante remarcar que la lucha por la defensa de la tierra que Lucía y sus compañeras/os impulsan se enmarca en la aplicación de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, Ley 26.331, que establece que los territorios que grupos empresarios pretenden apropiarse y desmontar, pertenecen a la categoría 2 o amarillo según el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la Provincia de Salta. Es decir, que son sectores de mediano valor de conservación, quedando su uso limitado al aprovechamiento sostenible y recolección de las familias campesinas que allí habitan. Por lo tanto, es obligación del Estado proteger esos territorios del desmonte indiscriminado.
A pesar de ello, a finales de mayo Lucía Ruiz y otros campesinos, serán llevados a juicio por haber estado involucradas/os en la lucha y la defensa de la tierra y los derechos ambientales de los territorios en los que residen hace más de 100 años.
Desde 2010 Lucía y sus compañeros defienden la tierra en la zona conocida como Lote Colonia La Juanita y La Santafesina, donde las y los defensores ambientales y campesinas/os advirtieron que un grupo de empresarios, entre los que se encuentra Vidizzoni, estaban realizando desmontes y picadas en el territorio sobre el cual nunca tuvieron posesión ni títulos dominiales. En ese entonces, una acción de amparo les reconoció a los/as campesinos/as sus derechos y, en consecuencia, la Jueza de Personas y Familia N° 2 de Tartagal, Ada Zunino, prohibió a Vidizzoni realizar cualquier acción en la zona.
En el 2015, nuevamente, Lucía Ruiz junto a Carlos Guerra, Antonio Guerra, Omar Cruz y otros/as campesinos/as, pacíficamente les solicitaron que detuvieran el desmonte y se retiraran del lugar, evitándose.
En connivencia con el poder político local y la policía, Vidizzoni utilizó a uno de sus empleados, Bernardo Castellanos, quien junto con tres trabajadores más fabricaron una causa penal contra los/as campesinos/as donde los denunciaban de graves delitos que jamás ocurrieron: “Robo en despoblado y en banda, coacción con arma, abuso de armas y daños en concurso real” Causa JUI N° 74.450/16.
Desde Liberpueblo convocamos a todas las organizaciones políticas y sociales, en especial aquellas que bogan por los Derechos de las Mujeres, Derechos Humanos y Derechos Ambientales, a sumarse activamente a la CAMPAÑA NACIONAL POR LA ABSOLUCIÓN DE LUCÍA RUIZ Y SUS COMPAÑEROS. En tal sentido, invitamos a colaborar mediante la firma de comunicados y la presentación de Amicus Curiae para el respaldo y defensa de LAS/OS DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN ASUNTOS AMBIENTALES, que permita terminar con la criminalización y persecución de las personas que son legítimas poseedoras de la tierra.
A más de 20 años de la adopción de la Declaración sobre Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos por la Asamblea General de la ONU y a 20 días de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, que obliga al Estado a garantizar la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y la especial protección de los derechos de las y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, hoy más que nunca debemos defender la lucha de las mujeres por el ambiente y las tierras en Latinoamérica.
Para más información o para enviar comunicados de solidaridad y Amicus Curiae comunicarse a: liberpueblo@gmail.com
