El jueves 3/6 se realizó el acto de posesión del Estado nacional y provincial como parte mayoritaria de la empresa IMPSA (Industria Metalúrgica Pescarmona SA). Nuestro compañero Guido Peña, coordinador de la CCC de Mendoza y dirigente del PTP, estuvo presente junto a distintas organizaciones sociales, en la visita del presidente Alberto Fernández al acto.
Con un desembolso de 20 millones de dólares en la compra de acciones clase C (5 millones la provincia y 15 millones la nación), los estados nacional y provincial pasan a contar con el 85% del paquete accionario. La composición quedó de la siguiente manera: Nación 63,7%, provincia 21,2%, acreedores privados 9,8% (Banco Nación, BID, inversores chilenos, canadienses, brasileros, etc), y la familia Pescarmona 5,3%.
IMPSA que nació como una industria vinculada al mercado interno y a la producción vitivinícola, pasó a partir de la dirección de Enrique Pescarmona y de los vínculos en la Cámara de Comercio Argentina Soviética y de las relaciones con la dictadura, a “diversificarse” y “tecnificarse”, ganar la mayoría de las licitaciones de turbinas y represas y obtener obras sobre todo en Asia y Europa Oriental. Con el oportunismo político que lo caracteriza a “don Enrique”: “Yo no hago filosofía sino negocios, no me pregunto lo que está bien y lo que está mal, sino cómo se hace para ser más competitivo”, obtuvo contratos en Venezuela y Brasil, que ante los incumplimientos, abrieron una profunda crisis que se agudizó en el marco de la causa de los cuadernos. Los acreedores privados (centralmente bancos) que ya tenían el control central de la empresa, impulsaron la venta de acciones para enfrentar la crisis y afrontar las deudas.
Como titularon varios medios “oficialismo y oposición superaron la grieta con IMPSA”, ya que ambos impulsaron la participación del Estado para salvar la empresa. El gobernador Suárez y sobre todo Cornejo tienen un fuerte vínculo con la familia Pescarmona, y en el gobierno hay múltiples funcionarios que provienen de la empresa. El oficialismo provincial, que predica el liberalismo más ortodoxo, que se opuso a la estatización de Vicentin y que cínicamente impulsa la separación de Mendoza de la Nación, promocionó activamente el “rescate” de la empresa y la participación del Estado nacional. Entre otras razones, el objetivo reciente que unió la gestión con la empresa, ha sido la concreción del proyecto de Portezuelo del Viento, obra que supera los mil millones de dólares y que tuvo como único oferente un consorcio liderado por la empresa china Sinohydro, con sus socias locales: Ceosa, IMPSA y Obras Andinas.
La compra de acciones por parte del Estado provincial y nacional es un paso positivo. Se aseguró el trabajo de 500 obreros y 200 técnicos y de un conjunto de empresas que dependen directa e indirectamente de las obras de IMPSA; y sobre todo abre la posibilidad de transformar a la empresa en un verdadero rol para garantizar y potenciar la producción provincial y nacional.
Sin embargo, como se analiza en el documento de la Comisión de Estudios Regionales del PTP/PCR de Mendoza: “se encuentra el dilema sobre la compra de acciones por parte del Estado que básicamente presenta dos grandes caminos. La empresa rescatada por el Estado, puede ratificar y profundizar el rol de empresa intermediaria de los monopolios externos para avanzar en los proyectos de saqueo de nuestras riquezas que refuerzan la dependencia externa e impiden un verdadero desarrollo provincial. Este carácter se pondrá de relieve tanto en la elección del tipo de obras (en función de los intereses externos o internos), en los sectores participantes (grandes monopolios o las PyMES locales) y en la forma en que se realizarán las mismas (es decir el cuidado de nuestro medio ambiente y recursos). Si este es el camino, el Estado sólo servirá como financista y rescatista de los grupos privados, que aprovecharán las múltiples influencias que esta situación permite. Esta historia los mendocinos ya la hemos conocido con el famoso caso Greco, entre otros.
El otro camino es avanzar en una empresa 100% estatal, que priorice las obras indispensables para un desarrollo industrial y agrícola provincial en función de las necesidades de las grandes mayorías. Una empresa que coloque su capacidad técnica en función de las obras de ampliación e impermeabilización de riego, que permitan el acceso al agua a los pequeños y medianos productores; que emprenda obras necesarias como el dique los Blancos en Tunuyán, el dique La Estrechura con el trasvase al río Atuel. Obras de tratamiento de aguas en Lavalle que afrontan altos niveles de arsénico; la realización de cloacas y red de gas en Malargüe, obras intermedias que permitan el abastecimiento de agua suficiente para el este y norte de la provincia. El estudio y desarrollo de emprendimientos de energías renovables en nuestro territorio, el posible impulso y desarrollo para la fabricación de insumos y partes industriales que actualmente dependen de las importaciones, el desarrollo de plantas de tratamiento de residuos. La imprescindible renovación y expansión de la red de agua y cloacas en la provincia, la producción de materiales para la producción agrícola local, etc.
En síntesis, la compra de acciones por parte del Estado, que se ha realizado con múltiples intereses, en sí es un paso positivo, siempre y cuando avance en un camino de desarrollo industrial local. De las fuerzas y sectores populares y patrióticos dependerá que la empresa avance en un camino de soberanía o de nueva dependencia”.
Investigación completa: http://ptpmendoza.com.ar/notas/empresa-soberana-o-intermediaria-de-los-grandes-monopolios/
Hoy N° 1867 09/06/2021
