El miércoles 29/9 se aprobó en el Congreso de Paraguay una ley que penaliza hasta con 10 años de prisión a quienes luchen por recuperar tierras. Ahora, el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez debe firmar la ley para promulgarla. Pero el pueblo no se queda de brazos cruzados ante este avance fascista de los terratenientes.
Manifestantes acamparon cerca del Parlamento, cuando se aprobó la ley en el Senado. Y llamaron a una importante movilización de campesinos y originarios para el día del tratamiento en la Cámara de Diputados. Esta marcha terminó con varios heridos por la brutal represión sufrida. Los manifestantes declararon que las protestas continuarán si la ley no es retirada o vetada por el presidente.
Teodolina Villalba, secretaria general de la Federación Nacional Campesina (FNC) declaró “Nuestro lema desde hace años se mantiene vigente: Recuperación de las tierras malhabidas será justicia”, en alusión a extensas propiedades entregadas a civiles y militares durante la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989), con la excusa de realizar una “reforma agraria”. También declaró que el problema de la tierra es un problema político, que no se soluciona con una ley que plantea mandar a la cárcel a las personas que luchan por tener acceso a la tierra. Y agregó que existen muchos que invadieron y ocuparon de manera ilegal tierras que eran para la reforma agraria, en algunos casos extranjeros y a ellos debería caerles todo el peso de la ley. Sin embargo, las instituciones encargadas no hicieron lo que debían. Villalba insistió en que para que exista armonía, debe haber una distribución equitativa de las tierras y mejores oportunidades para los campesinos, acceso a crédito público, asistencia técnica de calidad de tal manera a evitar el desarraigo y la pobreza.
Un informe de la Comisión de la Verdad y Justicia, creada para investigar las violaciones ocurridas durante el régimen de Stroessner, señaló en 2006 que cerca de dos tercios de la tierra entregada durante la reforma agraria orquestada por ese gobierno se destinó a amigos de las autoridades. Estas tierras son llamadas “malhabidas”.
En 2008, el censo agropecuario mostró que apenas un 2,5% de terratenientes poseen el 85% de las tierras aptas para la agricultura y la producción forestal, mientras que los pequeños agricultores (menos de 20 hectáreas) poseen en total sólo el 4,12 % de las tierras. Derlis López, dirigente originario, declaró: «Nunca solucionaron el problema de las tierras y nos quieren hacer ver como criminales».
La Federación Nacional Campesina, el Movimiento Campesino Paraguayo y la Organización de Lucha por la Tierra sacaron un comunicado en conjunto, condenando al gobierno paraguayo por blindar las usurpadas tierras públicas (malhabidas), y responsabilizándolos por lo que pueda suceder si se promulga la ley. Repudiando la represión y reivindicando la lucha por la recuperación de la tierra y la Reforma Agraria, por una distribución verdaderamente equitativa y en contra del modelo extractivista y agroexportador. Y hacen un llamado para avanzar en unidad hacia la instalación de un gran debate nacional sobre la problemática de la tierra.
Hoy N° 1884 06/10/2021