La responsabilidad del gobierno de Hipólito Yrigoyen en la masacre de obreros patagónicos en 1921 está probada. Ya hemos reproducido las informaciones dadas por Otto Vargas en El marxismo y la revolución argentina, tomo 2. Es ilustrativo el “bando” del teniente coronel Varela, a cargo de las fuerzas represivas, que dictó el 22 de noviembre en Río Gallegos. Allí Varela le indica a “los señores estancieros y mayordomos de estancias” que “el suscripto cree en su deber significar la conveniencia de que cada uno ocupe su puesto… ya sea repeliendo los ataques de que fuera objeto o propendiendo por los medios a su alcance a la normalización del trabajo. Deberán poner en conocimiento de sus empleados que, en lo sucesivo, toda persona que tome parte en cualquier movimiento subversivo, ya sea como instigador o adherente y a los que se encontraran en armas en las manos o hubieran hecho uso de ellas contra las personas, quedarán sujetos a la sanción de la ley que será aplicada con todo rigor”.
En el mismo bando, Varela reclama a los estancieros un listado de todo el personal y establece que “Todo obrero empleado de las estancias, deberá estar matriculado en la policía donde deberá muñirse del correspondiente justificativo, en el que se hará constar filiación y antecedentes, requisitos indispensables para ser admitido, sin el cual no serán aceptados”.
Como expresa Bayer en La Patagonia rebelde, este bando muestra cómo el ejército toma partido por los estancieros, decretando de hecho el fin de la organización gremial y dejando en mano de patrones y policía las condiciones de trabajo de los obreros rurales.
Esta “legislación” de Varela complementaba la tremenda ofensiva represiva. Escribe Vargas: “Varela puso a la policía del Territorio bajo sus órdenes. Y, dividiendo su fuerza en grupos, partió a la caza de los campamentos de los peones. Desde diciembre de 1921 a enero de 1922 los localizaron, les intimaron rendición –lo que salvo alguna excepción consiguieron–, fusilaron y asesinaron a los líderes y a los más combativos y apalearon y apresaron a los sobrevivientes. En ocasiones les hicieron cavar sus propias tumbas y fusilaron a los peones al borde de ellas. A otros se los degolló o quemó vivos con gasolina y mata negra, después de mantenerlos atados a los alambrados, desnudos, durante toda una noche helada. A muchos se los arrojó al Lago Argentino con una piedra al cuello o se los enterró vivos con la cabeza afuera para que se la devorasen las aves de rapiña. Se les robó todo lo que tenían. Se estimó en 1.500 el número de peones asesinados”.
La huelga se desarrollaba en tres áreas de la provincia de Santa Cruz, con la modalidad de columnas de obreros que hacían base en algunos lugares alejados de las poblaciones, y se abastecían de armas, caballos y víveres incursionando en las estancias. Los contingentes variaban en cantidad, y sus dirigentes principales fueron Ramón Outerelo en la zona de Puerto Santa Cruz, José Font “Facón Grande” en el norte, y Antonio Soto en el sur.
La columna de Outerelo, que contaba con 400 huelguistas, se encuentra en Puerto Santa Cruz con Varela, tras tomar algunos poblados y la comisaría de Piedra Clavada. Los obreros le presentan su pliego de condiciones –cumplimiento de las condiciones del acuerdo con los estancieros y libertad de los presos-. Varela exige rendición incondicional, lo que Outerelo acepta en asamblea, confiando en que Varela repetiría su accionar negociador de la primera huelga. El trágico resultado: 200 huelguistas fusilados, incluido Outerelo.
La columna dirigida por Facón Grande se divide a mediados de diciembre, tras una incursión a la estancia Los Granaderos. Font se adentra en el territorio, y deja en la zona a sus lugartenientes Albino Argüelles, aquel sobre el que se discute su afiliación al Partido Comunista, y otros lugartenientes. Éstos serán perseguidos por tropas al mando del entonces capitán Elbio Carlos Anaya, y asesinados en las estancias San José y Alma Gaucha, en una cantidad superior a 50 encubriendo los fusilamientos con la tristemente célebre “ley de fugas”. Los mismos partes revelan que los detenidos y fusilados fueron prolijamente saqueados de todas sus pertenencias. Bayer recuerda que en esas estancias las tumbas “son las únicas que han permanecido señalizadas con cruz durante más de medio siglo. Esto habla de la actitud de los obreros rurales que mantuvieron así el recuerdo de sus compañeros asesinados. Particularmente emocionante es el detalle de la inscripción que lleva una cruz —cercana a la enorme roca que sirvió de paredón— grabada rústicamente: “1921. A los Caídos por la Livertá”.
Desconociendo la realidad de lo que ocurría en Santa Cruz, el periódico anarquista La Protesta, el 21 de diciembre titulaba “¡Hurra, bandoleros del Sur!” y terminaba con un “¡Viva el malón libertario!”.
Hoy N° 1892 01/12/2021
