En primer lugar, el camarada nos contó sobre la lucha para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) aprobada en el comienzo del gobierno de derecha de Luis Lacalle Pou. Esta ley fue aprobada con urgencia, y consta de 476 artículos que castigan al pueblo uruguayo. Entre ellos el endurecimiento de penas y establecimientos de nuevos delitos que pretenden criminalizar las luchas populares. Se establece la prohibición de realizar piquetes como método de protesta. Extiende el concepto de “legítima defensa”, incentivando la ley de gatillo fácil. También establece cambios en la gobernanza de la educación, dándole un espacio de protagonismo a los establecimientos de educación privada, policial y militar. Se favorecen las privatizaciones de combustibles y otros, y se favorece la extranjerización de la tierra.
Para lograr la derogación de esos 135 artículos se necesitaban juntar 800 mil firmas (N. de la R: Uruguay tiene una población un poco superior a los 4 millones de habitantes). Estas 800 mil firmas obligan al gobierno a realizar un plebiscito nacional por esa derogación. Hasta el momento se llevan más de 900 mil firmas juntadas, y fueron aceptadas 600 mil. El resto siguen siendo verificadas, con lo que se descarta que se logrará el reconocimiento de más de las necesarias. Este plebiscito sería en marzo de 2022. El PCR-U critica a muchas organizaciones que forman parte del frente en esta lucha, que priorizan las elecciones y disputas internas frente a la necesidad del pueblo por derogar esta ley. El PCR-U fue protagonista en la recolección de firmas, a pesar de criticar que no se hayan incluido más artículos para derogar, buscando la unidad en la lucha. La derecha gobernante está en una feroz campaña, utilizando todos los medios de comunicación en contra del plebiscito.
El gobierno de Lacalle Pou, que el PCR-U analiza tiene elementos fascistas, quiere avanzar en una reforma previsional. No pudo avanzar hasta ahora por la lucha desatada por el plebiscito para derogar los 135 artículos de la LUC.
En el terreno económico-salarial, Ricardo nos cuenta que el 2020 trajo una pérdida del 5% del poder adquisitivo en los salarios, que vienen perdiendo valor desde 2015. La desocupación llega al 10%, y los empleados en el seguro de desocupación llegan a 80 mil. Se realizó un paro general con una movilización de 40 mil personas (la movilización más grande en Uruguay desde el 2001), pero los partidos políticos “opositores” priorizaron el oportunismo, y lograron enfriar la lucha, dejando en cada sindicato la negociación de los salarios por ramas. Con esto, algunos pocos lograron empatar la inflación, pero la mayoría de los trabajadores tuvieron pérdida de poder adquisitivo.
Ricardo nos entusiasmó también con la lucha histórica de los trabajadores portuarios, que reclamaban se les garantice el cobro mínimo de 18 días trabajo mensuales, pues las empresas están habilitadas a no pagar los días donde el movimiento es menor y no necesitan tanta mano de obra. La empresa que maneja el puerto de Montevideo, de capitales belgas, logró que el gobierno le extienda la licitación de 30 a 80 años. También nos detalló que hubo paros en la industria láctea, una marcha nacional de los sectores vinculados a la producción de la caña de azúcar y biocombustibles (que incluyó a sindicatos rurales), trabajadores de la pesca (que realizaron 6 campamentos), y de empleados de frigoríficos en contra de la represión sindical.
Por último, el camarada Cohen expresó que el PCR-U participa de un frente clasista de organización sindical, que abarca alrededor de 14 sindicatos (entre ellos el de empleados de la empresa nacional de electricidad, uno de los más grandes) que sacó el 20% de los delegados al congreso del PIT-CNT (Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores, central sindical única de Uruguay).
Hoy N° 1892 01/12/2021