Así lo definió la Mesa Ejecutiva Nacional de la Federación, consecuente con la postura asumida en sendos Congresos y Plenarios desde que el anterior gobierno de Macri contrajera tamaño endeudamiento externo a espaldas del pueblo argentino, sin respaldo parlamentario y que derivó en la mayor fuga de capitales para favorecer la especulación financiera en beneficio de los grupos económicos monopólicos aliados al gobierno de Cambiemos. Deuda que el FMI otorgó violando, incluso, sus propios estatutos, y que fue una decisión política del organismo para intentar el salvataje del gobierno neoliberal de entonces ante las inminentes elecciones nacionales. Además fue utilizada – como el propio Macri reconoció – para “pagar a los bancos que se querían ir”. Este desembolso de 44.000 millones de dólares fue el más importante realizado por el FMI a algún país y para la Argentina fue el mayor endeudamiento contraído en la historia. Por otro lado, esta deuda que no se utilizó para resolver ninguno de los acuciantes problemas de nuestro país ni para su desarrollo, convirtiéndose en una estafa para toda la ciudadanía.
Un enorme abanico integrado por organizaciones sindicales (entre ellas, la CTA Autónoma y la CONADU HISTÓRICA), sociales, políticas, religiosas, de Derechos Humanos, personalidades de la cultura, intelectuales y economistas de diversas corrientes, denunciamos y rechazamos este negociado que comprometía la soberanía de nuestro país, condenando a varias generaciones a hacerse cargo de una deuda fraudulenta, cuya legalidad y legitimidad era necesario investigar, suspendiendo los pagos a los supuestos acreedores.
El propio Presidente Alberto Fernández dijo que la deuda externa contraída por Macri se trataba de “la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”. Sin embargo, con el acuerdo sellado la semana pasada, el Presidente Fernández y su equipo económico optaron por la vía del reconocimiento de la deuda y su pago, en una negociación que garantiza al FMI un monitoreo trimestral, con los condicionamientos que ello implica y cuyas recetas ya hemos padecido en otros momentos de nuestra historia.
Denunciamos que este acuerdo, implica la legitimación de una deuda fraudulenta y la imposición de severos ajustes al aceptar la exigencia de la reducción del déficit fiscal a partir de este año, llegando a “cero” en 2025. Esta condición, según afirmara el propio Ministro de Economía pocos días antes del acuerdo, implicaba la paralización del proceso de recuperación económica y ajustes sobre el pueblo.
Por otra parte, el acuerdo establece la drástica reducción de los subsidios energéticos, lo que seguramente traerá aparejado nuevos tarifazos.
La aceptación de los condicionamientos del FMI compromete seriamente las capacidades de decisión soberana de nuestro país en materia económica y social y provocará nuevos padecimientos al pueblo.
Desde nuestro lugar de representación de la Docencia Universitaria y Preuniversitaria, seguiremos rechazando cualquier ajuste sobre la educación y sobre nuestros salarios y derechos laborales, promoviendo el más amplio debate y la movilización social para rechazar que sea nuevamente el pueblo quien sufra las consecuencias por el pago de una deuda ilegítima y fraudulenta.
Hoy N° 1900 09/02/2022
