En mayo, el Índice de precios al consumidor (IPC) registró una suba del 60,7% respecto de igual mes de 2021 y apunta a cerrar el año con un alza superior al 70%. En particular, el índice de precios de alimentos y bebidas, con mucho mayor peso en el consumo de los hogares de menores ingresos, mostró en mayo una suba del 64,2% interanual.
Se trata de la mayor inflación interanual en treinta años, que sigue corroyendo los salarios, jubilaciones, planes sociales y otros ingresos populares. En este contexto de inflación galopante es que el salario real promedio de los trabajadores registrados viene de cuatro años consecutivos de caída; en 2021 acumuló un descenso de 16,9% desde 2017, ubicándose en su peor nivel desde 2007.
¿Qué es la inflación?
La inflación consiste en el aumento sostenido y generalizado de precios, que se refleja en una caída del poder adquisitivo del dinero. En la Argentina, usualmente se mide a través del citado Índice de precios al consumidor elaborado por el INDEC, que computa la variación de precios de una canasta de bienes y servicios representativos del gasto de los hogares.
Pero no todos los precios se elevan en la misma proporción, cuyo ejemplo más notable queda contenido en la famosa expresión: “los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera” (el salario es un precio más en la economía capitalista, el de la fuerza de trabajo).
Así, la inflación constituye un mecanismo de redistribución de ingresos desde los trabajadores y demás sectores populares hacia los capitalistas; y dentro de estos, a favor de los sectores más concentrados (principalmente, monopolios imperialistas y grandes empresarios locales asociados a ellos), con enorme poder de mercado para trasladar aumentos de precios bien por encima del promedio. Como la cadena de supermercados “La Anónima”, cuyo dueño, el oligarca Federico Braun, confesó recientemente que remarcaba precios todos los días. En este marco, las pequeñas y medianas empresas también pierden en la carrera inflacionaria. Es por todo esto que muchos economistas “heterodoxos” suelen hablar de “la puja distributiva” como una de las causas centrales de la inflación; generalmente sin aclarar que es una “puja” desigual donde siempre terminan perdiendo los asalariados, jubilados y demás sectores populares.
La inflación también constituye un aceitado mecanismo de ajuste del gasto público, en rubros como salarios estatales y jubilaciones, entre otros. Esto mediante el recurso de “elevar” el gasto por debajo de la inflación, que al mismo tiempo permite incrementar los ingresos del Estado; por ejemplo, a través del IVA, un impuesto al consumo cuya recaudación crece con la suba de precios (y que recae con más peso sobre los sectores de menores ingresos). Por eso se suele afirmar -con justa razón- que la inflación es el más regresivo de los impuestos, ya que por este medio el Estado puede hacerse de recursos, extrayéndolos principalmente de los sectores de ingresos más bajos.
Por qué hay inflación
La inflación es un fenómeno con diversas causas, por lo cual un análisis profundo del tema excede estas líneas. Por esto mismo debe desecharse cualquier explicación simplista al respecto, como aquellas que propagan economistas liberales o los autodenominados “libertarios”, los cuales achacan unilateralmente toda la culpa a la emisión monetaria, que resultaría de la necesidad de financiar un gasto social supuestamente desbocado. La solución para ellos: profundizar el ajuste, eliminando planes sociales, despidiendo empleados públicos, recortando aún más salarios y jubilaciones, y privatizando las pocas empresas estatales que quedan; recetas que una y otra vez han demostrado sus efectos nefastos sobre el pueblo argentino y la producción nacional.
La reducción del déficit fiscal (entre ingresos y gastos del Estado) efectivamente es una necesidad para una política monetaria “sana”, pero debe surgir de una reforma tributaria que haga pagar proporcionalmente mayores impuestos a los que más tienen, combatiendo también la evasión o “contabilidad creativa” que realizan estos sectores; y de terminar con el saqueo sistemático del Estado, llevado a cabo también por los mismos que dicen querer “achicarlo”, entre otras cuestiones.
Concurren asimismo en la explicación del fenómeno inflacionario una estructura productiva caracterizada por una creciente concentración y extranjerización de la economía que permite un abuso del poder de mercado de un reducido número de grandes empresas y terratenientes; la necesidad de devaluar sistemáticamente el peso para intentar estabilizar las cuentas externas, siempre apremiadas por la pesada carga de la deuda externa y otros tributos que arrancan sistemáticamente los imperialistas y sus socios locales; políticas económicas recesivas, que favorecen la inversión especulativa y contribuyen al estancamiento crónico de nuestra economía; un déficit fiscal persistente que lleva a la emisión monetaria sin fines productivos para financiarlo; y en determinadas coyunturas, la suba de los precios internacionales de los granos y la energía.
La supuesta “guerra contra la inflación” anunciada por el gobierno nunca empezó; para peor, ante la falta de controles, el anuncio oficial sólo sirvió en su momento para desatar remarcaciones adicionales (“preventivas”) de precios. La única medida (paliativa) existente al respecto, a saber, las reducidas canastas de “precios cuidados”, limitadas a grandes supermercados, casi no se consiguen. De esta forma, se sigue dejando sueltos a los lobos (como la cadena “La Anónima) en el gallinero.
En este contexto, son necesarias medidas inmediatas a favor de la producción nacional y del empleo, que pongan fin a la especulación de unos pocos, con un estricto control sobre los monopolios formadores de precios; el aumento de las retenciones a los más ricos del campo, con una segmentación de las mismas a favor de los pequeños y medianos productores, que contribuya a desacoplar los precios internos de los internacionales; la nacionalización del comercio exterior para garantizar la administración de los dólares generados; la suspensión e investigación de la deuda pública, que desde hace ya décadas se ha convertido en una pesada carga sobre las espaldas del pueblo argentino. Todo esto en el camino de acumular fuerzas para una salida revolucionaria que termine con el latifundio y la dependencia, en la vía de la liberación nacional y social, para que sea el pueblo el que decida qué se produce y cómo se distribuye lo producido, única forma de terminar de raíz con el flagelo de la inflación en nuestro país.
Escribe Ramiro Suárez
25 de junio 2022
