Camila Peñalva fue asesinada por Roberto Quipildor el 5 de marzo de 2020. La impunidad al femicida que la envenenó, gracias al informe falso del perito Alba (quien señaló como causa de muerte la bronco aspiración por ebriedad y fue denunciado penalmente por la mamá de Camila pero sin noticias aún de dicho proceso), solo duró algunos meses, hasta diciembre del mismo año, gracias a la lucha de esa mamá, Matilde, para garantizar justicia.
En el caso de Camila, un hijo y una hija se configuraron con el crimen en víctimas colaterales del femicidio. Un año después de ser Quipildor acusado por la fiscalía, ésta requirió la elevación de la causa a juicio, clausurándose la investigación penal preparatoria el 20 de diciembre de 2021 y elevándose al Tribunal Criminal Nro. 1 el expediente.
La Ley Brisa establece que desde esa última fecha mencionada, la hija y el hijo de Camila debieron ya poder percibir la reparación mensual.
Pero la burocracia de la ANSES, que parece que en Jujuy carga con más desidia e insensibilidad que en otras geografías, pone una y otra vez más trabas que resultan a esta altura absurdas.
Si una ley plantea que las víctimas colaterales de femicidio merecen una reparación por la responsabilidad estatal en la muerte no evitable de la madre víctima de violencia de género, la ANSES viene a gritarnos que lo absurdo es más importante que la emergencia, la racionalidad, la digitalización y la necesidad de esas víctimas colaterales de percibir esa reparación porque la muerte de quien era el principal sostén económico y quien cuidaba, dejó el mundo de esas criaturas de cabeza.
A la ANSES no le alcanzan las firmas digitales, a pesar de que tengamos un nuevo mundo digital después de la pandemia, no le alcanzan los oficios que el propio Tribunal le envía diciéndole que Matilde Peñalva, abuela de esas criaturas, tiene su guarda judicial. Los turnos van de uno en uno como si no se pudiera establecer un carril rápido para estos casos, que son tan especiales y tan sensibles, especialmente en Jujuy, donde fueron los femicidios los que marcaron el fin del aislamiento pandémico en las masivas movilizaciones del 2020 en el que no hubo un pueblo en el que la comunidad no marchara ante el asesinato incesante de nuestras mujeres y la inacción estatal vista en directo.
Matilde perdió su trabajo de docente entre la muerte de su hija y el turno que recién tiene en la ANSES a mediados de septiembre.
Aun no cobra la Ley Bisa aunque ya la ANSES tiene todo lo que requería: requisitoria de elevación a juicio de Quipildor, guarda judicial que el propio Tribunal le remitió, a lo que solo atinó a contestar y sin vergüenza, también en forma digital, que Matilde deberá pedir turno y acercarse con el testimonio en original de lo que el propio Tribunal le había enviado en forma directa en formato digital. ¿Es absurdo verdad? Es desidia y es crueldad.
El absurdo lo pagan dos criaturas, que hoy quedaron a cargo de su abuela, docente sin empleo, ante quien el gobierno no se sensibiliza. Esto es llamativo cuando todo el tiempo funcionarias y funcionarios del poder ejecutivo provincial –incluido el gobernador- ofrece empleos a familiares de víctimas de femicidio. Ello como una forma de intentar silenciar con dádivas la lucha por justicia que incluye la denuncia al Estado por no hacer lo que debió y está obligado por ley (prevenir, sancionar, investigar y erradicar la violencia de género contra las mujeres).
Pero ni Matilde, ni su nieta, ni su nieto, que hoy constituyen un nuevo núcleo familiar desde el femicidio de Camila, junto a otros integrantes de esa familia, no solo no tienen ningún ofrecimiento, sino que hacer conocer la situación por parte de funcionarios y funcionarias, no ha generado ninguna sensibilidad. Matilde sigue sin empleo, y la Ley Brisa no llega con la urgencia que requiere la situación por la repudiable burocracia y desidia de la ANSES que en Jujuy parece enrolada en la crueldad y absurdo formalismo.
Que el Ejecutivo considere -faltó una ley que transforme la pretendida dádiva en obligación estatal- que hay situaciones extremas que requieren especial reparación, como garantizar empleos al familiar que se encarga de la guarda de las hijas e hijos de victimas de femicidio -en general abuelas y abuelos- y que la ANSES ponga a disposición un personal específico que atienda con flexibilidad, urgencia y empatía estos trámites -Ley Brisa- es una cuestión que no merecería ni mencionarse en este escrito, si no fuera por la desidia estatal y crueldad que emana del Estado ante estas situaciones. En Jujuy no necesitamos pretensas dádivas que apaguen fuegos, necesitamos políticas públicas que abracen con calor protector y reparador a las víctimas colaterales de los femicidios, nuestras infancias lastimadas a resguardar.
Escribe Mariana Vargas
