Año a año, centenares de barcos chinos, españoles, británicos, coreanos, taiwaneses, etc., depredan nuestro mar, apropiándose de más de un millón de toneladas de “especies migratorias originarias de la ZEE (Zona Económica Exclusiva Argentina)”. Cesar Augusto Lerena, especialista en el tema, agrega que el monto de esta pesca ilegal tiene “un valor FOB de 4.320 millones de U$S y de 24.000 millones de U$S en el mercado final (Mercado Central de Valencia, 11/22), a lo que se agregan 325.000 toneladas de recursos pesqueros que se extraen anualmente en el área de Malvinas con licencias ilegales británicas, por un valor de 1,5 mil millones de U$S FOB que, en el comercio final, se transforman en unos 9 mil millones por año”.
Hace pocos días, el 10 de enero, infobae.com publicó un informe sobre la pesca ilegal de centenares buques chinos al borde de la Zona Económica Exclusiva de nuestro país, en la llamada “milla 201”. Vienen por el calamar, la merluza y otras valiosas especies. Llamativamente, la nota no dedica ni una línea a la ocupación colonialista británica en nuestras Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, a partir de la cual los gobiernos del Reino Unido otorgan licencias de pesca en el Atlántico Sur, incluido el sector antártico a buques de distintas nacionalidades, especialmente españoles.
Afirma Lerena, en varios artículos publicados por el Instituto de Estudios Nacionales del Foro Patriótico y Popular, que “los efectos devastadores de la Pesca Ilegal y de la captura de los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), por parte de buques extranjeros que, forma subsidiada, pescan en el Atlántico Suroccidental argentino. Y, en la Pesca Ilegal no solo hay perjuicios económicos, biológicos, ambientales y sociales, sino que estas prácticas provocan violaciones en materia de trabajo esclavo y narcotráfico, además de menoscabar la soberanía de los Estados ribereños”.
La disputa alrededor de la construcción de un puerto “multipropósito” en Río Grande, Tierra del Fuego, acordada con el gobierno fueguino y la empresa estatal China Shaanxi Chemical Industry Group, muestra otro aspecto del avance de esta potencia imperialista sobre nuestra soberanía, y tiene puntos de contacto con el favorecimiento de la pesca ilegal. La ministra de Producción y Ambiente de esa provincia, Sonia Elizabeth Castiglioni, afirmó en noviembre pasado que este “puerto multipropósito, está planteado así porque la cantidad de servicios que pueda dar un puerto en estas latitudes a todo el Atlántico Sur es importante y posicionará a la Argentina. Respecto de la milla 201 yo lo veo como una oportunidad de trabajo en los territorios: hoy Malvinas, Punta Arenas y Uruguay ofrecen servicios y nosotros la vemos pasar” (www.escenariomundial.com).
Desde el gobierno nacional ya han manifestado su oposición a la construcción de este puerto, que según la ministra fueguina se haría “una inversión de 210 millones de dólares de la firma argentina Mirgor SACIFIA, cuyo principal accionista es el empresario Nicolás Caputo”.
Pesca ilegal
Dice Lerena, en otro artículo en el que analiza la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), de la que la Argentina es firmante: “Se entiende como Pesca ilegal, y con el tecnicismo de Indnr (ilegal, no declarada, no registrada) a aquella que se realiza infringiendo las leyes nacionales, regionales y/o internacionales; cuando no se declaran o se lo hace en forma inexacta, las operaciones; cuando no hay control de las capturas y/o desembarcos, porque se realiza sin observadores e inspectores inobjetables o los transbordos se efectúan en el mar; la que recibe subvenciones del Estado de origen, facilitando este tipo de pesca; la pesca de juveniles o de tamaños no autorizados; cuando se utiliza redes con mallas inferiores a las aprobadas para la especie que se trate; cuando se descartan pescados al mar, porque se trata de pesca incidental o no comercial; cuando se sustituyen las especies o se falsean las declaraciones; la que sobreexplota los stocks disponibles o no hay forma de determinarlo; el uso de banderas de conveniencia para evadir controles y penalidades; la que no se conoce el origen ni la trazabilidad de los productos; la que se realiza sin control de las buenas prácticas de pesca; cuando se apropia de recursos de terceros países y/o se afecta a regiones en desarrollo o que en sus economías tienen en este recurso un importante medio de sustento; la que causa contaminación marina; la que se realiza con trabajo esclavo u otras irregularidades ambientales, ecológicas, sociales y económicas”.
Y agrega el especialista “un 77% de los que pescan son buques que provienen de China, Japón, la Unión Europea (España), Corea del Sur, Taiwán, Gran Bretaña y Rusia, y, todos ellos, se amparan en esta Convención que los protege y que, además de apropiarse -en la mayoría de los casos- de los recursos migratorios de los Estados ribereños, sus embarcaciones reciben 35 mil millones de dólares anuales de subsidios, un monto equivalente al 35% del mercado mundial y, donde el 84% de estos subsidios, van destinados a las grandes compañías pesqueras que disponen de buques congeladores y procesadores, capaces de trasladarse a grandes distancias. Un altísimo monto que supera al de todas las exportaciones pesqueras de Latinoamérica.
“Los buques pesqueros no depredan en forma autónoma. Son los países que los subsidian y promueven con ello la pesca ilegal y, la Convemar, reserva a los países de origen de esos buques la sanción penal, que no efectiviza”.
La continua depredación de las especies marítimas que se da en nuestro mar es parte del accionar imperialista que saquea nuestros recursos, y se da en medio del recrudecimiento de la disputa por el Atlántico Sur, en estos tiempos que resuenan con fuerza los tambores de guerra de las principales potencias, que buscan reforzar sus dispositivos de guerra en todo el mundo, y también en el Atlántico Sur y la Antártida. Las concesiones del gobierno nacional, y de los gobiernos provinciales, a favor de una u otra potencia sólo exacerban esa disputa, y van a contramano de una política soberana sobre nuestros recursos.
Como hemos dicho repetidas veces, no hay política soberana en nuestros mares sin la denuncia de los Acuerdos de Madrid firmados por el gobierno menemista con Gran Bretaña, y sin avanzar, como proponen las Diez Medidas de nuestro PCR en una “Nueva ley de pesca que proteja el trabajo, el recurso y la soberanía sobre nuestro caladero nacional. Renovación de la flota pesquera y promoción de la industria naval. Todo el pescado a tierra para su manufacturación para generar puestos de trabajo. Ley de descarte cero que refuerce la lucha contra el hambre”.
Escribe German Vidal
Semanario Hoy N° 1948
