La causa se inicia por la falsa denuncia que imputa a Lezica como responsable de la caída de tres planes sociales, que en realidad fueron dados de baja por la política de ajuste aplicada por el gobierno de los Kirchner, la que se ha descargado con especial dureza contra los desocupados pertenecientes a organizaciones populares independientes como la CCC.
Lezica es acusado de haber cometido el delito de “Exacciones ilegales” (Art. 266 del Código Penal), denigrando su condición de militante y dirigente político de los desocupados de Tandil, con la infame acusación de obligar a los desocupados a realizar aportes compulsivos como condición de la entrega del plan social. Afirmamos que es una acusación infame, porque lo que realmente pretende es desacreditar tanto a Lezica como a la CCC y destruir el funcionamiento democrático de las organizaciones de desocupados y sus métodos de toma de decisiones.
Son los desocupados quienes libremente asociados y en asamblea deciden realizar o no aportes a las organizaciones en las que militan. La posibilidad de participar en la CCC y democráticamente decidir sobre la realización de aportes para su organización es un derecho básico consustancial con el derecho constitucional de asociación con fines útiles (Art. 14 de la Constitución Nacional).
Con su accionar arbitrario e ilegítimo, el gobierno nacional, a través de la Justicia cómplice, ataca el derecho que tienen todas las organizaciones a darse su propia estructura y programa de funcionamiento. Se busca destruir los mecanismos democráticos a través de los cuales el conjunto toma, en asamblea, las decisiones que considera apropiadas y necesarias, entre las cuales se encuentra el de aporte sindical o fondo de lucha al que libremente se comprometen los compañeros.
Esta práctica política, que no es más ni menos que el aporte sindical al que se comprometen los trabajadores en relación de dependencia, es utilizada para criminalizar a las organizaciones y a sus principales dirigentes, considerando las decisiones asamblearias de los desocupados como delito.
Esta ofensiva contra la CCC y su dirigente Lezica no es antojadiza: se dirige contra quien encabezó la lucha contra el hambre y la desocupación de miles de compatriotas provocada por los gobiernos de Menem, De la Rúa, Duhalde y de los Kirchner, así como por el gran papel que jugó la CCC en la rebelión agraria.
Contra este infame ataque, se impone en lo inmediato luchar por la absolución de Jorge Lezica; y tomar el reclamo de amnistía a los luchadores populares como la herramienta política para enfrentar la creciente criminalización de los luchadores populares.
Para enfrentar este nuevo ataque contra la CCC, convocamos a todos a concurrir el 1 de septiembre a las 9 de la mañana al Tribunal Oral Nº 1, Alem 1.400 de Tandil, provincia de Buenos Aires.
02 de octubre de 2010
