El gobierno de los K, Sapag y el propio Guillermo Pereyra (Secr. del gremio petrolero) salieron a bancar con todo este tarifazo contra el pueblo, porque –como dijo Pereyra– se podía caer el acuerdo que hicieron con las operadoras de área de aumentar el precio del gas en boca de pozo de 1,40 a 2,60 dólares el millón de BTU (Unidad de medida para el gas).
La mitad del fondo fiduciario va a ir a parar a los bolsillos de las grandes petroleras para que hagan las “inversiones” que permitan sacar más gas. Estas no hicieron inversiones, lo que provocó una fuerte caída de las reservas y de la producción que obligó a importar gas de Bolivia, Ecuador y México, mucho más caro.
Ahora en vez de castigar el incumplimiento de los contratos, sacándole las concesiones a las compañías petroleras, se las va a premiar con este aumento de gas en boca de pozo. Lo mismo están discutiendo para el precio del barril de petróleo.
Sapag y Pereyra están actuando como verdaderos representantes de las petroleras. Fueron al Congreso a hacer lobby para apoyar el aumento de las tarifas. Las petroleras van a recibir 600 millones de dólares, pero significan migajas para la provincia, y no va a resolver las suspensiones y despidos que pesan sobre la cabeza de los trabajadores del petróleo.
La crisis no tienen por qué pagarla los trabajadores y el pueblo, para eso la lucha popular debe seguir hasta que caiga este decreto del Poder Ejecutivo.
Están a la vista el fracaso y las consecuencias de las privatizaciones de los ’90, que profundizó la política kirchnerista. Por esto, la única salida a la crisis en el sector energético es la nacionalización y estatización de los hidrocarburos y volver a la YPF de Mosconi.
02 de octubre de 2010
