Javier Milei propone como “novedad” el voucher educativo. En Argentina, el 71,2% de los alumnos (de nivel inicial, primaria y secundaria, excluyendo universitarios) concurren a escuelas conocidas como “de gestión estatal” (públicas y gratuitas). Sólo el 27,7% lo hacen a escuelas de “gestión privada”. Un 0,1% lo hacen a escuelas de gestión llamada “social-cooperativa”. Milei quiere “sacarse de encima” el presupuesto educativo.
El sistema de vouchers consiste en que el Estado entregue un cheque mensual y que las familias concurran a escuelas (que serán privadas) a las que pagarán con el papel en cuestión. Así, se supone que se elegirán escuelas privadas que competirán por tener más vouchers y para ello brindarán mejor enseñanza.
¿Es así? Veamos el asunto más en detalle.
En julio de 2023, el costo mensual mínimo de una escuela privada (sin subvención) rondaba los $50.000. El dólar blue costaba en ese mes alrededor de $500 y el oficial unos $280. O sea, el voucher de $50.000, sería equivalente a 175 dólares a precio oficial o 100 dólares blue.
Para los 11.620.873 alumnos no universitarios de Argentina, significaría que el Estado, entregaría (a valor blue) 1.162.087.300 de dólares sólo para cubrir las cuotas mensuales escolares.
¿En serio alguien cree que los que quieren ajustar el gasto público (Milei, Macri, Bullrich, etc.), destinarán más de 1000 millones de dólares mensuales y más de 12.000 millones de dólares anuales para pagar las matrículas escolares no universitarias?
Ni hablemos de las Universidades, cuyo costo anual se estima en unos $3.000.000 al año, unos 3.000 dólares blue a octubre de 2023. Y un promedio, por carrera de 6 años, de 18.000 dólares por lo bajo, sin contar gastos de viajes y materiales.
¿Cuántos alumnos y cuántas familias podrán sostener ese gasto, si muchos ni siquiera pueden pagar el alquiler o la alimentación?
Ni hablemos del caso de escuelas rurales que tienen pocos alumnos, pero que son necesarias ¿podrán sostenerse con el magro ingreso de una docena de vouchers? “Si no pueden subsistir serán deficitarias y deberán desaparecer”, dirán a coro en la manada de antipopulares y antinacionales. Pero resulta que no es así, es de interés nacional (no sólo individual) que esas escuelas existan.
Un agravante es que algunas escuelas podrían decidir dar un nivel mínimo por ese voucher y agregar ítems no incluidos que debieran pagarse aparte. “Es la libertad de los dueños”, dirán nuestros modernos anarcocapitalistas.
¿El mercado lo arreglará?
Especialistas en pedagogía han hecho críticas a las experiencias internacionales con vouchers. La principal crítica de estos vales es que ponen a la educación pública en competencia con la educación privada, reduciendo y reasignando los fondos de las escuelas públicas a las escuelas privadas.
El caso más regresivo es Chile, donde este subsidio terminó favoreciendo a las capas de ingreso más alto, dado que la educación se concibe como un bien de consumo.
En Suecia, el sistema educativo era centralizado y monopolizado por el Estado. A principios de los años ‘90 se buscó aumentar la competencia y fomentar la formación de escuelas privadas. Se pregonaba que las escuelas de baja calidad sufrirían la pérdida de sus alumnos y eventualmente cerrarían, premiando de esta forma a las que mejor satisficieran las demandas de los padres. Posteriormente a la implementación de los vouchers, los resultados de los exámenes PISA, una muestra global del conocimiento de los alumnos de 15 años, fueron un duro golpe para el país. Suecia sufrió el más brusco descenso en sus calificaciones entre todos los países evaluados entre los años 2003 al 2012.
Además, las escuelas privadas presionaban a los docentes para otorgar buenas calificaciones aun cuando no correspondieran, para que los padres continuaran enviando a sus hijos a esa institución. Es decir, el alumno, que antes era un sujeto de derecho, pasó a ser un cliente al que había que conservar… si podía pagar.
A través de la introducción de la libre elección, el resultado fue que la sociedad tuvo una tendencia mayor a la división de acuerdo a su condición social. El índice de inclusión académica cayó más que en el resto de los países miembros de la OCDE entre 2003 y 2012.
Historia de un debate
El debate sobre la necesidad o no de la gratuidad y obligatoriedad de la Escuela fue uno de los más intensos de la historia argentina
La Ley Nº 1.420 de 1884 estructuró un sistema de instrucción primaria pública, gratuita y obligatoria. En el plano universitario, el movimiento estudiantil de 1918, conocido como La Reforma Universitaria, impulsó medidas de democratización en ellas. Se propuso la gratuidad, pero no se logró la aprobación en el Congreso, aunque el movimiento contaba con la simpatía de Hipólito Yrigoyen. Fue el primer gobierno del general Perón, en 1949, quien la estableció.
Un retroceso en la gratuidad se produjo durante la dictadura golpista de 1955 que aprobó el decreto-ley 6403, que permitía la creación de universidades privadas; el artículo 28 de la norma las facultaba para entregar títulos y diplomas académicos. La reglamentación de este decreto la hizo Arturo Frondizi (elegido en las elecciones de 1958) que, traicionando el programa por el que fuera votado, puso en vigencia ese artículo. Esto originó una gran huelga que abarcó universidades y escuelas secundarias, en la segunda mitad de 1958, y que duró varios meses. Quien esto escribe participó en esa huelga como estudiante de primer año del bachillerato secundario estatal. El debate estudiantil se extendía mucho más que al tema de la emisión de títulos. Se denunció que era un paso en dirección a la privatización de la enseñanza. Debo decir que lo que pronosticaban jóvenes, casi niños, se cumplió. Era un intento más de llevar a la enseñanza estatal y gratuita al ahogo presupuestario y a su extinción. Como ahora, si triunfa Milei.
En los ‘90 (gobierno de Menem), se aplicaron políticas contrarias a la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza, promocionadas por organismos imperialistas internacionales. Se delegó en las provincias la responsabilidad de mantener la educación, lo que llevó al colapso financiero de la educación estatal. Los resultados fueron deserción escolar, aumento de la brecha entre clases, etc.
Recién a fines de 2006, se sancionó la Ley de Educación Nacional N° 26.206, que extendió la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza al nivel secundario.
El debate, que continúa, es entre dos posiciones: una es que la educación es un derecho inalienable de todos y que la gratuidad y la responsabilidad estatal en su implementación y sostenimiento presupuestario es irrenunciable, y la otra es la que impulsa la privatización y mercantilización de la enseñanza, como Milei.
Es positivo, y un logro a defender, el alto porcentaje de educación gratuita y estatal. Pero hay muchos derechos por los que luchar en este aspecto. La cuestión es qué soluciones se proponen:
¿Profundizar el camino de privatización y mercantilización de la enseñanza, que deja en el camino cada vez a mayor número de alumnos, como hace Milei?
¿O profundizar el camino de considerar a la educación como un derecho inalienable y, a la vez, una necesidad nacional?
Lo segundo es lo que vale (y valdrá el 19 de noviembre) en camino a una Argentina independiente de toda dominación extranjera (como dice el Acta de nuestra Independencia) con un Estado de democracia grande, con total vigencia de los derechos del pueblo.
Escribe Horacio Micucci
Hoy N° 1987 15/11/2023
