La rebelión agraria ha conmocionado al país y ha provocado un gran debate nacional. Los trabajadores que no compartimos la posición inconsulta de apoyo al Gobierno de los jerarcas sindicales, creemos necesario pronunciarnos en solidaridad con la lucha de los pequeños y medianos productores del campo y a favor de una verdadera redistribución de la riqueza.
El Gobierno, por el aumento del precio internacional de los alimentos y en particular de la soja, alentó a los grandes terratenientes y pooles de siembra que extendieron las fronteras agropecuarias arrinconando a pueblos originarios, talando bosques, corriendo a otras producciones como la ganadería, el algodón, etc. Promovió y apoyó como modelo productivo a los Grobocopatel (150.000 ha. propias y 100.000 explotadas bajo arrendamiento), Elsztain de Cresud (600.000 ha. Propias), Werthein (100.000 ha. en la Pcia. De Bs.As.), al senador Urquía dueño de 200.000 ha, de Aceitera Gral. Deheza y de la Terminal 6 del puerto de Rosario.
Esta política aumentó la concentración de la tierra, la extranjerización de millones de hectáreas, la desaparición de miles de pequeños productores y la expulsión del campo de ramas enteras de obreros rurales. El 10% de las explotaciones concentran el 80% de la tierra cultivable mientras el 70 % de los productores, con menos de 200 ha., suman solo el 3% de la tierra.
El aumento de las retenciones dispuesto el 11 de marzo castiga con brutalidad a los pequeños y medianos productores provocando su expulsión del campo y el crecimiento de la propiedad latifundista.
Ahora se presenta esta medida como parte de un proyecto progresista, argumentando que es para redistribuir la riqueza entre los más desposeídos, cuando todos vemos que destinan lo principal de las retenciones al pago de una deuda externa ilegitima y fraudulenta, a la compra de políticos, sindicalistas y dirigentes sociales y a subsidiar a empresarios amigos.
En cinco años de crecimiento económico y superávit fiscal record una parte importante del pueblo sigue sumergido en el hambre, los planes sociales para desocupados siguen siendo de $150, el sistema público de salud esta colapsado, las escuelas y universidades no tienen presupuesto ni para el mantenimiento de sus instalaciones, el sistema de transporte público somete a penurias cotidianas a quienes lo utilizan. Mientras los grandes monopolios acumulan fabulosas ganancias la mayoría de los trabajadores tienen salarios que no cubren el costo de la canasta familiar.
El discurso del Gobierno sería creíble si nacionalizara el comercio exterior y en lugar de extender por décadas las concesiones del petróleo, la minería, el juego y las empresas privatizadas, el Estado se reapropiara de la multimillonaria renta que producen esos sectores.
Acusan de golpistas a los que impulsan la protesta agraria, cuando ésta, es protagonizada fundamentalmente por miles de contratistas, chacareros pobres y medios, trabajadores rurales y pueblos que asumen la defensa de sus derechos y recuperan las banderas de la Argentina federal, a través de mecanismos asamblearios y democráticos de decisión.
Responsabilizan al campo por la inflación que viene de mucho antes y que ellos ocultan con las mentiras del Indec.
El gobierno se negó a las negociaciones, manipuló y suspendió entrevistas, avanzó con el anuncio de medidas unilaterales y con acciones intimidatorias y represivas. Ahora golpeado y aislado por la pueblada y el gigantesco cacerolazo que respondió a la represión en Gualeguaychú y las provocaciones del oficialismo, debió retroceder y mando la decisión de las retenciones al Congreso. Sin embargo las causas que motivaron la lucha agraria y popular se mantienen por lo que es necesario profundizar la unidad para luchar por:
• Retenciones diferenciadas y coparticipables que favorezcan al pequeño y mediano productor.
• Reapertura de las paritarias por salarios de acuerdo al costo de la canasta familiar de no menos de $ 3.200.-
• Trabajo social de $ 500 para todos los desocupados.
• 82% móvil para todos los jubilados.
• Eliminación del IVA al pan, la leche y la carne.
• Aumento inmediato del presupuesto para la salud y educación públicas.
• Aplicar el impuesto a las ganancias a los pooles de siembra y demás rentas financieras.
Primeras firmas
Abel Jaimez, secretario general Atese (sindicato docente Santiago del Estero); Angela Sandoval, delegada Hospital Regional Comodoro Rivadavia; Carlos Mandrafina, delegado Foetra–Edificio Lezica; Claudio Carreño, secretario general adjunto Unión Ferroviaria Seccional Victoria; Daniel Basetti, delegado Foetra–Edificio Parral; Daniel Mercado, delegado general Banco Nación; Daniel Tazzoli, delegado Banco Provincia Suc. Villa Martelli; David Garutti, delegado Gral. Hospital Francés; Débora Miranda, delegada Foetra-Edificio Cuyo; Eduardo Montenegro, delegado edificio Piedras y congresal Foetra Bs. As.; Fabián Patachiutta, secretario Gral. Junta Interna ATE Hospital del Quemado–Ciudad de Bs. As.; Francisco Palumbo, delegado Foetra–Edificio Lezica; Gabriel Giordano, Nora Oraziuk, Maria Isabel Ramos, Adalberto Morgado y Gonzalo Giordano Echegoyen, ATE Educación La Plata; Guillermo García, secretario Gral. Adjunto Suteba La Plata; Guillermo Pacagnini, secretario Gral. Adjunto de Cicop (Profesionales de la Salud Pcia. de Bs. As.); Gustavo Jiménez, coordinador nacional Movimiento Sin Trabajo “Teresa Vive”; Hugo Basetti, delegado Foetra–Edificio Lezica; Jesús Nieto, delegado Sutecba–Hospital Ramos Mejía; Jorge Tazzoli, delegado Banco Provincia Suc. Vicente López; José Mini, secretario adjunto Adicus (docentes universitarios) San Juan; Lucía Sandoval, secretaria gremial Apunp (Asoc. Personal Univ. Nac. de la Patagonia) y consejera nacional Fatun; Manuel Panaia, delegado Foetra–Edificio Cuyo; Marilin Alaniz, secretaria de Asuntos Universitarios Adiuc/Conadu (docentes universitarios) Córdoba; Martín Reyes, auxiliar de escuela ATE, La Plata; Miguel Mugueta, secretario gremial Adunce (docentes de la Universidad Nacional del Centro-Conadu Histórica); Mónica Melián, delegada Gral. Anexo Hospital Francés; Néstor Segovia y Francisco Ledesma, Cuerpo de Delegados Subterráneos de Buenos Aires; Omar Romero, delegado Gral. Hospital Italiano (ATSA); Orlando Restivo, Consejo Directivo Provincial de Cicop; Pablo Lopreiato, delegado Foetra–Edificio Cuyo; Priscila Otón, secretaria de Nivel Primario de ATEN Capital (docentes de Neuquen); Ricardo Bruno, secretario general ATE-Comisión Nacional de Energía Atómica; Sergio Escobar y Omar Morán, Cuerpo de Delegados ATE–Astilleros Río Santiago; Silvia Molina, Comisión Directiva, Sindicato DGI Capital; Vilardo, Denis ATE-ARS Astillero Río Santiago, Ensenada; Yamila Almeida, ATE Ministerio de Desarrollo Humano y Familia (siguen las firmas).
