Lo que se intentó mostrar como una “visita privada”, con los días se fue viendo que es parte de la política del gobierno de Milei-Villarruel. De la vicepresidenta se conocen sus visitas a Videla y a otros represores presos, incluido Astiz, desde hace años.
Durante meses varios diputados y funcionarios oficialistas se vienen reuniendo con asesores, planificando proyectos de leyes y decretos para darles la libertad y eximir de penas a los genocidas.
Están registradas entradas a los penales, además de diputados y diputadas, de funcionarios del Ministerio de Defensa a cargo de Luis Petri. “De ese encuentro, los funcionarios se llevaron un boceto de decreto para establecer que el plazo máximo para las investigaciones era de 25 años. El decreto circuló en el bloque de La Libertad Avanza (LLA). En base a esa propuesta se armó un proyecto de ley que establecía en 20 años el plazo razonable” (Página 12, 7 de agosto).
Para entrar a los penales, las y los diputados contaron con la complicidad de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, de quien depende el Servicio Penitenciario Federal. Tan servil a este proyecto es la alfombra roja que les extendió Bullrich, que pudieron entrar con celulares, con el que se sacaron impunemente una foto, sonrientes y desafiantes, los presos y los “visitantes”.
También se expresaron a favor de que los genocidas pasen “sus últimos años de vida en la paz y el amor de sus familias” el ministro de Justicia Cúneo Libarona y el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra.
Quiénes son los genocidas que quieren liberar
En la foto aparecen represores condenados pertenecientes a la SIDE, la Armada y el Ejército. El más conocido es Alfredo Astiz, el que se infiltró en una reunión de Madres de Plaza de Mayo para “marcar” a tres madres de Plaza de Mayo (entre ellas la fundadora de Madres, Azucena Villaflor) y a un grupo de militantes de derechos humanos para secuestrarlas, incluidas dos monjas francesas. Como se supo años después, fueron torturadas y arrojadas vivas al Río de La Plata.
El Papa Francisco recibió el 8 de agosto, a Anita Fernández, hija de Ana María Careaga, secuestrada cuando estaba embarazada de ella, y nieta de Esther Balestrino de Careaga,
una de estas secuestradas. Francisco tomó posición contra la impunidad: “No aflojen, conserven la memoria de lo que han recibido, no solo de las ideas sino de los testimonios”.
Los otros genocidas, que disfrutan de condiciones privilegiadas de encierro, son Raúl Guglielminetti, Mario Marcote, Miguel Britos, Honorio Martínez Ruiz, Adolfo Donda, Marcelo Cinto Courtaux, Julio César Argüello, Manuel Cordero, Gerardo Arráez, Antonio Pernías y Carlos Suárez Mason (hijo).
Todos ellos han sido condenados por secuestros, crímenes aberrantes, torturas y violaciones, y siguen manteniendo silencio sobre el destino de miles de detenidos desaparecidos, y cientos de los niños y niñas apropiados por la dictadura.
Estos son los que la diputada Lemoine describe como “octogenarios”, “ilegalmente detenidos”.
Una historia de lucha contra la impunidad
Nuestro pueblo peleó contra la dictadura, cavando trincheras contra el fascismo, desde el mismo 24 de marzo de 1976. Con la organización de las Madres de Plaza de Mayo avanzó la pelea y la denuncia del terrorismo de Estado que asoló esos años nuestra patria. Desde el “Ahora resulta indispensable, aparición con vida y castigo a los culpables”, se viene dando una inmensa lucha popular por memoria, verdad y justicia.
En estos 41 años que pasaron desde el fin de la dictadura en 1983, la lucha por juicio y castigo a los genocidas ha sido permanente, enfrentando distintos planes de impunidad.
Sucesivos gobiernos luego de la dictadura trataron de enterrar esta lucha. Durante la presidencia de Alfonsín, tras el juicio a las juntas militares de 1985, se sancionaron entre 1986 y 1987 las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, que paralizaron los juicios que comenzaban en ese momento.
A poco de asumir Carlos Menem, vinieron los indultos entre 1989 y 1990, que beneficiaron a los militares que habían sido condenados.
En todos estos años, siempre la lucha popular, demostrando que los crímenes de la dictadura fueron y son una herida abierta, se fue abriendo camino y derrotó estos planes.
Tras el Argentinazo del 2001, y en una situación de creciente auge de luchas, en el 2003 se consiguió la derogación en el Congreso de estas leyes de impunidad, lo que posibilitó la reapertura de los juicios a los genocidas hacia 2006.
El propio desarrollo de los juicios, como se ha visto en estos años, es una batalla concreta. Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde el 2006 se dictaron 326 sentencias, en las que las y los condenados por crímenes de lesa humanidad fueron 1.187 y 190 fueron absueltos. De las 642 personas detenidas por causas de delitos de lesa humanidad en la actualidad, solo 78 cumplen condena en el servicio penitenciario, 56 en la unidad penal de Campo de Mayo. Son 508 los que tienen arresto domiciliario. Como varios juicios están en proceso, hay 1.484 represores que continúan en libertad.
Conocemos por experiencia propia, como han contado camaradas y familiares de Manuel “Quebracho” Guerra, secretario de Organización de la JCR secuestrado por la dictadura en 1977, que en muchos juicios son los propios familiares y las organizaciones de derechos humanos los que pelean la apertura de las causas, y tienen que aportar las pruebas, denunciando a jueces permisivos con los genocidas.
Un plan represivo
Este plan de impunidad para los genocidas es parte de la política de este gobierno, que como dijimos ni bien ganaron las elecciones, está sustentado en los sectores más reaccionarios y fascistas del bloque de las clases dominantes.
Desde que asumió, este gobierno viene descargando un brutal ajuste hambreador y entreguista. Las luchas populares vienen enfrentando en las calles, con paros y centenares de actividades, que desgastan los planes antipopulares de Milei.
El gobierno sabe que esta política, de robar a las y los trabajadores y al pueblo para beneficiar a unos pocos, no pasa sin represión. Esto lo vimos en toda su magnitud el 12 de junio, cuando reprimieron salvajemente, con decenas de heridos y detenidos, a los miles que protestábamos contra la infame Ley Bases.
Por eso, quieren liberar a los genocidas, no sólo como parte del negacionismo de los crímenes de la dictadura, sino para alentar a los sectores fascistas de las fuerzas armadas a que se sumen a la represión a las luchas populares.
El pueblo, que en estos casi 50 años desde que se instaló la dictadura nunca dejó de pelear, no va a descansar hasta que todos los genocidas paguen por sus crímenes.
En la pelea cotidiana contra este plan de hambre y entrega, seguiremos levantando la bandera de las libertades democráticas, reafirmando que la memoria, la verdad y la justicia no se negocian, que seguimos reclamando la apertura de los archivos de la dictadura, la restitución de la identidad de las y los apropiados, y la cárcel común y efectiva para los responsables y los ejecutores del terrorismo de Estado.
¡30.000 detenidos desaparecidos, presentes! ¡Ahora y siempre!
Y a los genocidas y sus cómplices de ayer y de hoy les decimos ¡A dónde vayan los iremos a buscar!
Escribe Germán Vidal
Foto: Diputadas y diputados oficialistas con los genocidas en el penal de Ezeiza
hoy N° 2022 14/08/2024
