El gobierno de Milei dio un nuevo paso en su política de impunidad para los genocidas de la dictadura, al avanzar en el desmantelamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), que busca a los niños y las niñas robados durante la dictadura.
Por decreto, disolvió la Unidad Especial de Investigación (UEI), el organismo que dentro de la Conadi podía hacer investigaciones y acceder a los archivos del Estado. La Conadi se creó en 1992, en tiempos del menemismo tan admirado por Milei, y tiene estrecha vinculación con el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), donde familiares de los niños y niñas apropiados durante la dictadura dejan muestras para cotejar con las y los que plantean dudas sore su identidad. El 90 por ciento de los casos que llegan al BNDG lo hacen desde la Conadi.
Con este decreto el gobierno consuma otro ataque a la lucha por memoria, verdad y justicia que viene librando nuestro pueblo, con los organismos de derechos humanos al frente, desde hace décadas. Ya los ministerios de Defensa y Seguridad habían anunciado que no iban a mandar documentación a la Conadi.
El argumento del Decreto, firmado por Milei y por el ministro de Justicia Cúneo Libarona, el que dijo que los genocidas presos “tienen el derecho de pasar sus días en sus hogares con el amor de sus familiares”, es que no puede hacer investigaciones “un órgano establecido por decreto”.
El objetivo, al igual que las “visitas” de diputados oficialistas a los genocidas presos, es avanzar en la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado, durante la dictadura videlista.
Sobre la presencia de diputados y “asesores” que se reunieron con la lacra de Astiz y otros asesinos, violadores, torturadores y secuestradores de bebés, en la Cámara de Diputados se vivió otro episodio de la degradación de la bancada radical, y de unos cuantos diputados y diputadas de pasado “progre”, o “nacional y popular”.
El miércoles 14 una mayoría de 113 diputadas y diputados votó en contra de tratar en esa sesión una sanción a los seis diputados que estuvieron en Ezeiza con los genocidas. Hubo 112 votos a favor de abrir el debate. Votaron en contra los bloques de La Libertad Avanza, el del Pro, un sector del bloque de Pichetto y la mayoría de los radicales. La complicidad con este rechazo se completa con las 4 abstenciones (entre ellas Margarita Stolbizer), y las seis ausencias de diputados de Unión por la Patria, ya que con el voto afirmativo de dos diputados más, se hubiera habilitado el debate sobre tablas.
Otro proyecto, que pedía directamente la expulsión de los seis libertarios, mostró con contundencia qué se puede esperar de esta Cámara: 102 diputados votaron a favor, y 121 en contra, sentando un precedente nefasto.
Más digna fue la actitud del Obispado de Zárate-Campana con el sacerdote Javier Olivera Ravasi, el organizador de la reunión de diputados libertarios con represores. Fue echado de la diócesis “por sus expresiones y actitudes que se oponían al testimonio cristiano”. Esta medida ocurrió tras las críticas a Olivera Ravasi por parte de la Conferencia Episcopal Argentina.
Como desde el mismo comienzo de la dictadura fascista, queda en manos de las y los trabajadores y los sectores populares la pelea por garantizar la prisión común y efectiva para todos los genocidas, así como la defensa de las libertades democráticas frente a este gobierno represor.
Foto: La reunión de diputados oficialistas con los genocidas no fue repudiada en el Congreso por la complicidad de radicales y de parte del bloque de Pichetto
hoy N° 2023 21/08/2024
