En un contexto represivo, con doble vallado, más de 200 efectivos policiales, policía montada y motorizada, el 30 de agosto se llevó adelante en Jacobacci la audiencia pública del proyecto minero a cielo abierto “Calcatreu”, tan promocionado por el gobierno de Juntos Somos Río Negro.
El proyecto de extracción de oro y plata con la utilización de cianuro de la empresa inglesa Patagonian Gold, ubicado a unos 60 kilómetros de la ciudad en 16.921 hectáreas. Estará a cargo Minera Aquiline Argentina SAU, subsidiaria de Patagonia Gold S.A., empresa argentina que cotiza en la bolsa de Toronto.
Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, pretendía obtener licencia social para legitimar un saqueo inédito: la empresa entraría en productividad por cinco años, justo cuando el RIGI les permite dejar regalías mínimas, el 3%. El resto, se lo llevan afuera.
Se promete desarrollo, miles de fuentes de trabajo y crecimiento, pero lo real es que, según los datos de la empresa, en el mayor auge no empleará a más de 250 personas mientras la mina esté en funcionamiento.
El Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera (Copeam) que debía hacer el estudio de impacto ambiental, se conformó sin convocar al Consejo de Comunidades Indígenas, ignorando las palabras de la mayoría de las comunidades que habitan ese territorio.
El encuentro fue presidido por la secretaria de Energía, Andrea Confini, junto a la titular de Ambiente, Judith Jiménez, y el intendente José Mellado. Con un público mayoritariamente a favor del proyecto, se colmó la capacidad del gimnasio. Públicamente se expresaron voces del oficialismo de JSRN, del PRO y Primero Río Negro con respaldo férreo al proyecto.
Al margen de los vecinos que fueron convencidos del proyecto y mientras el circo aplaudidor de funcionarios le hacía el juego al gobierno con algunos oradores “comprados”, por fuera el Parlamento Mapuche Tehuelche, junto a distintas organizaciones ambientales, vecinas y vecinos de Jacobacci, realizaron una concentración con radio abierta en la plaza de los ferroviarios, para luego movilizar a la cooperativa ganadera en donde se hizo una conferencia de prensa dejando en claro que no hay licencia social.
Voces disidentes acalladas
El frente “No a Calcatreu” nucleó a una larga lista de agrupaciones como la Asamblea Wawel Niyeo de Jacobacci, el Parlamento Mapuche; secciones de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de ATE y la CTA-A; la Pastoral Social; Comarca Marítima; la Asamblea por la Tierra y el Agua; Participación Vecinal; comunidades costeras organizadas; la Asamblea Anti megaminería de Bariloche y la Coordinadora de Jubiladas y Jubilados de Río Negro son solo algunas firmas, sin contar a los autoconvocados, ONGs y especialistas.
La legisladora Magdalena Odarda de Vamos con Todos manifestó su rechazo al proyecto Calcatreu en la audiencia y afirmó que pedirá la nulidad por el «marco represivo» en el que se realiza, con el entorno vallado y la fuerte presencia policial en la ciudad. La referente planteó su rechazo porque viola la normativa ambiental, el convenio 169 de la OIT, el principio precautorio de la Ley general de Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Además, considera que “hipoteca la tierra y el agua”.
“Otra vez se persigue un supuesto progreso, construido sobre las ruinas de los pueblos originarios. ¿Ha terminado la Conquista al Desierto? ¿O está hoy la colonización más presente que nunca?”, se preguntó Orlando Carriqueo, werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.
Participó de la audiencia Maristella Svampa, doctorada en Sociología con una tesis sobre la megaminería, investigadora superior del Conicet, reconocida autora rionegrina. “La minería metalífera a cielo abierto no representa trabajo intensivo, sino capital intensivo. A nivel mundial, solo emplea al 1% de la población económicamente activa. En Argentina, en 2024, emplea solo a 12 mil personas”, dijo Svampa.
Hasta el obispo de Roca, monseñor Alejandro Pablo Benna, pidió un “diálogo transparente” y pidió a Dios que estos proyectos mineros «no hipotequen el agua y la tierra”.
Cabe recordar que en 2011 durante el gobierno de Carlos Soria (PJ), se había derogado la ley anti-cianuro en la provincia, la cual frenaba la minería a cielo abierto en Río Negro con uso de químicos. No obstante, acá la solución a un posible derrame por parte de esta empresa es un “plan de contingencia” sin detalles. Mientras tanto, Rio Negro está en emergencia hídrica.
El debate de fondo: vienen por todo
El 17 de noviembre de 2023, JSRN había modificado la Ley de Tierras N° 279 por la Ley 5705, para favorecer la explotación minera. Río Negro posee 4,3 millones de hectáreas fiscales donde viven, trabajan y producen 3000 crianceros y comunidades originarias.
El gobierno provincial, hoy más que nunca, viene avalando las políticas y medidas más antipopulares y entreguistas de Javier Milei, y pretende una provincia minera y petrolera. Lo hace sobre las falsas promesas de trabajo y progreso para la población, pero a costa del saqueo y la contaminación. Así, cambia la matriz productiva en beneficio de unos pocos y deja los territorios como zonas de sacrificio.
Si bien este debate se centró en Jacobacci, detrás hay decenas de iniciativas de explotación de otros metales, litio, uranio, hidrógeno verde a lo largo de todo el territorio. En la zona de Mamuel Choique y Comallo se están explorando unas 300.000 hectáreas concedidas por la provincia a la empresa canadiense Green Shift, en busca de litio. Se trata de pegmatita de litio que, a diferencia del carbonato de litio, se encuentra en la profundidad de la tierra.
Desde el PTP-PCR de Río Negro en el frente Vamos con Todos, defendemos el derecho a la propiedad colectiva de comunidades originarias, la consulta previa, libre e informada, según garantiza el convenio 169 de la OIT. Además, exigimos el cumplimiento de la Ley 26.160 en Río Negro. Las mineras solo pagan un 3% de acuerdo con la ley 24.196 de la época de Menem. Es necesario derogar esta ley y aumentar sustancialmente este impuesto.
Corresponsal
hoy N° 2026 11/09/2024
