Contexto macroeconómico
Los ingresos tributarios incluidos en el proyecto de Ley, a partir de los cuales se establecen las partidas del gasto público, surgen de la proyección de un escenario macroeconómico de base. Ese escenario luce muy poco realista y con marcadas inconsistencias en muchos aspectos, especialmente en lo que refiere al 2025.
Para 2024 se estima una caída promedio del PIB (Producto Interno Bruto) de 3,8%, que excluido el sector agropecuario (sube 32,5% por la recuperación de la cosecha gruesa), implica un desplome de 5,8% en los restantes sectores de la economía. Sin embargo, el “optimismo” desmedido llega en 2025, con un crecimiento del 5,0% del PIB, a todas luces muy difícil, sino imposible, de concretarse.
Por otro lado, se incluye una proyección de inflación de 104,4% interanual para diciembre de 2024, cuyo cumplimiento exige que la inflación sea en promedio del 1,2% en septiembre-diciembre. Este cálculo se realizó antes de conocerse los últimos datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que evidentemente fueron superiores a lo esperado por el gobierno; así y todo, esta disparatada pauta se mantuvo sin cambios. Para diciembre de 2025, la inflación proyectada se reduce a sólo un 18,3% interanual, que significa una tasa mensual promedio de 1,4% durante todo el 2025. Ver para creer; con esta política económica, semejante dinámica sólo sería posible con una recesión aún más brutal que la actual.
El Presupuesto plantea un dólar oficial cuasi congelado de $1.019 en diciembre de este año, que implica mantener un ritmo de devaluación en torno al 2,0% en los tres meses que quedan. Pero una cosa son los deseos y otra la realidad.
Los números fiscales
El Presupuesto para 2025 viene con nuevos recortes en términos reales (descontada la inflación proyectada en el mismo) en salud, educación, gasto social, así como en otras numerosas partidas. Además, propone una inédita “regla fiscal”, según la cual el Sector Público Nacional deberá obtener a partir del ejercicio 2025 y en todos los subsiguientes, un resultado financiero (luego del pago de intereses) equilibrado o superavitario. Esto implica que la política económica recesiva del gobierno, al afectar los recursos esperados, puede llevar a un ajuste incluso superior al que ya plantea el propio Presupuesto.
Así, con el actual proyecto de Ley, el gobierno busca, según el caso, consolidar o profundizar el brutal ajuste fiscal que viene realizando desde que asumió. En el acumulado enero-agosto de 2024, respecto de iguales meses de 2023, disminuyeron drásticamente todas las partidas del denominado gasto social, en términos reales: jubilaciones y pensiones (-20,8%); planes de empleo (-60,2%); políticas alimentarias (-20,6%); becas Progresar (-65,1%); PAMI (-24,7%); y pensiones no contributivas (-15,5%). La única excepción corresponde a la AUH (+23,2%). También cae el gasto en personal (-17,9%); transferencias a universidades (-30,1%); subsidios económicos (-35,8%); transferencias a provincias (-82,8%); y la inversión real directa (-79,9%). Estos datos -que son los más actualizados- corresponden a la Administración Pública Nacional.
Esta es la base sobre la cual el gobierno plantea el presupuesto para el próximo año.
En primer lugar, el gobierno estima un superávit fiscal primario equivalente a 1,3% del PIB y un equilibrio financiero (luego del pago de intereses).
Por el lado de los ingresos, se proyecta un aumento real del 7,3% en la recaudación del Sector Público Nacional para 2025. Esto sobre la base de las optimistas pautas de crecimiento e inflación. Por su parte, el gasto total aumentaría 3,6% real. Sin embargo, al interior del mismo, se encuentran recortes en numerosas partidas en términos reales. Según recopila el centro CEPA, entre otras, el presupuesto del Ministerio de Salud disminuye 18,2% respecto de 2024; en Educación y Cultura -1% menor a 2024 y 44% inferior a 2023; jubilaciones, 3,2% superior a 2024 y 10,1% por debajo de 2023; universidades nacionales, -5,2% respecto de 2024; Ciencia, Tecnología e Innovación, +4,6% respecto de 2024 pero -32,1% respecto de 2023; CONICET, -18,3% respecto de 2024 y -39,7% con relación a 2023; Comisión Nacional de Energía Atómica, -10,8% con respecto a relación a 2024 y -37,8% frente a 2023.
Como ya es harto evidente, el “ajuste más grande en la historia de la humanidad” no recae sobre ninguna casta, sino sobre los sectores populares, empezando por los jubilados y pensionados, que encima han sido bestialmente reprimidos.
hoy N° 2028 25/09/2024
