El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, Javier Milei y todos sus ministros publicaron en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia 1083/24, con el cual deroga el DNU 805/2021 de Alberto Fernández que extendía la vigencia de la Ley 26.160 hasta el 2025. Esto liquida la Emergencia Territorial Indígena que prohibió durante 18 años los desalojos a las comunidades originarias en todo el país y obligaba al relevamiento territorial por parte del INAI.
Este gobierno, conservador y fascista, que asume la totalidad de los poderes públicos opta en forma clara violar la Constitución Nacional de 1994, Artículo 75, inciso 17 y el Convenio 169 de la OIT, que es supraconstitucional y obligatorio de cumplimiento.
Desata las manos de los sectores venales de la Justicia nacional y de las provincias para que avancen rápidamente las 254 causas, que estaban paralizadas por la Ley 26.160 y sus extensiones, pretenden resolver a sangre y fuego con el aval de fiscales y jueces corruptos al servicio de los usurpadores de nuestros territorios ancestrales.
Es el complemento del RIGI que le exigen los monopolios imperialistas para saquear los recursos del país, sin dejar nada aquí, solo desolación, daño ambiental, muerte, presos y desplazados de los territorios a la pobreza más extrema en las barriadas de las grandes ciudades.
Pero los gobernadores y todas las fuerzas políticas de las provincias deben tener muy presente que la nueva Campaña al Desierto tipo Roca y Victorica, que ahora encabezará Patricia Bullrich, va avanzar con sus fuerzas represivas en los territorios provinciales.
Por lo tanto, la pregunta ¿a los demócratas de todos los colores políticos, a los que defienden el país, se sumarán al exterminio de las 40 naciones y pueblos originarios que habitamos por centenares y miles de años estos territorios?, ¿seguirán el ejemplo del General San Martín que nos respetó como tales o dejarán hacer para que nos maten?, ¿habrá nuevos Napalpi en las provincias? Aunque nos apresen, destruyan nuestras familias y comunidades, tengan claro que vamos a enfrentar este atropello. Nos uniremos con todos los sectores que defiendan la Constitución, vamos a pedirles a los miles de hermanos que están en las Fuerzas Armadas, Policías provinciales que se nieguen a cumplir órdenes inconstitucionales para desalojarnos y reprimirnos.
Los ciudadanos de bien deben repudiar hoy en todo el país, en Legislaturas, Concejos Deliberantes, en el Congreso Nacional este Decreto 1083/24, debe anularse en la Justicia y en la Bicameral de los DNU.
Frente a estos atropellos vamos a defender nuestros territorios y la integridad del país, hasta que se realice la reparación histórica que nos merecemos.
hoy N° 2040 18/12/2024
