El 31 de diciembre de 2024 fueron despedidos más de 300 trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos (entre los que se encuentran todos los miembros del cuerpo de delegados de ATE Capital), se dispuso el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti, que funciona en el predio de la ex-ESMA.
Desde la asunción de Milei como presidente, todos los meses hubo despidos, aproximadamente 200 en total, e implementaron una política deliberada de destrucción y vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos (la llamaremos también “la secretaría”): designación de Alberto Julio Baños como secretario de Derechos Humanos (un juez jubilado sin ningún antecedente favorable en la defensa de derechos humanos y cuyo único mérito para el cargo es ser amigo de Cúneo Libarona), falta de designación de cuadros intermedios (directores y coordinadores), falta de lineamiento alguno de trabajo (Baños no dio una sola directiva de trabajo en sus 13 meses de gestión), hacer correr todo tipo de rumores a fin de atemorizar a los trabajadores, llenaron el predio de la ex-Esma de policías uniformados y de civil armados, falta de reposición de elementos de trabajo (toner, papel, equipos informáticos), recortaron la limpieza de los edificios (lo cual generó suciedad y la aparición de ratas), y hasta sacaron el papel higiénico de los baños. Generaron una situación donde en cualquier momento los trabajadores se encontraban con una sorpresa desagradable.
Los responsables de esta política son Javier Milei, Cúneo Libarona (ministro de Justicia) y Alberto Julio Baños (secretario de Derechos Humanos de la Nación).
Durante 2024, sólo en el ámbito del Poder Ejecutivo, cerraron: 1) el equipo de investigación de crímenes de lesa humanidad que funcionaba en el Ministerio de Defensa (clave para las causas judiciales y en el análisis de los archivos de las fuerzas armadas); 2) la Unidad de Investigación de la Conadi que investigaba la apropiación de bebés; 3) el Inadi; 4) Ministerio de la Mujer; 4) vaciaron el Consejo Federal de DDHH (que articula el accionar con las provincias); 5) cerraron el Centro Cultural Haroldo Conti; 6) vaciaron varios sitios de memoria donde despidieron a todos los trabajadores; 7) despidieron a 13 abogados que acusan a los genocidas en las causas judiciales donde se juzgan los delitos de lesa humanidad, dejando sin abogados de la Secretaría en Córdoba, Corrientes, Chaco, Mar del Plata y Bahía Blanca.
Los trabajadores (nucleados en ATE Capital y apoyados por los organismos de DDHH, organizaciones sociales y sindicales) enfrentaron esta política. Llevaron adelante una lucha diaria que logró la reincorporación de muchos despedidos, mantener los sitios de memoria en funcionamiento, activas las querellas en las causas de lesa humanidad y, en distinto grado, las distintas políticas públicas que se llevan adelante en la Secretaría de DDHH (representación de la Argentina en instancias internacionales, leyes reparatorias, formación en derechos humanos, entre otras).
En estos últimos días Milei, Cúneo Libarona y Baños decidieron profundizar la destrucción de la Secretaría de Derechos Humanos amenazando con el cierre del Archivo Nacional de la Memoria (que guarda muchos de los archivos de la dictadura) y con el despido de 200 trabajadores más en los próximos dos meses.
Los pocos trabajadores que queden en la Secretaría no son suficientes para llevar adelante las tareas mínimas y tendrán contrataciones precarias que se renuevan cada tres meses (sin derecho a indemnización en caso de no renovación).
Todo esto ocurre en simultáneo con la visita a los genocidas, los decretos que ponen a las fuerzas armadas en temas de seguridad interior, poner a la SIDE a hacer inteligencia interna, la persecución a las organizaciones sociales y sindicales, el protocolo antipiquetes, las reformas legales que están impulsando (ley anti mafias – que es una ley contra el movimiento popular no contra las mafias-, baja de edad de imputabilidad, juicio en ausencia, reiterancia, extraer muestras genéticas a cualquier persona acusada de un delito, etc.), la campaña oficial contra el juzgamiento a los genocidas y el discurso oficial que busca instalar que los crímenes de la dictadura fueron excesos ejecutados en el marco de una guerra.
Estas acciones e iniciativas son parte de la ejecución, de una campaña política, mediática y cultural que tiene como objetivo barrer con las conquistas que nuestro pueblo logró en estos años. En este caso, con el juzgamiento a los represores de la dictadura (militares y civiles) y la lucha por los derechos humanos, entendidos como la lucha por las libertades públicas y populares, como el derecho a organizarse, a luchar, contra la violencia institucional y por los derechos de nuestro pueblo.
En la política de destrucción de la Secretaría de Derechos Humanos se está jugando, en este momento, un aspecto fundamental de la batalla política y cultural entre el gobierno de Milei y los sectores populares.
Debemos llevar adelante y sumarnos activamente, y con protagonismo, a esta lucha contra la destrucción de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Escribe Comisión Nacional de Libertades (Derechos Humanos)
hoy N° 2042 15/01/2025
