El caso del tomate concentrado, utilizado para la elaboración de salsas y otros derivados, es significativo: durante el mes de enero se importó la misma cantidad que durante todo 2023. Esta situación resulta paradójica, ya que el año pasado, tras un prolongado plan gestado durante el gobierno anterior, el país había logrado el autoabastecimiento.
La invasión de productos importados representa un golpe letal para una extensa cadena productiva nacional, que incluye a productores directos, trabajadores rurales e industriales, comercios, Pymes, transportistas, servicios y agroindustrias. Por ejemplo, las conserveras de Mendoza han reducido su temporada de trabajo de tres meses a menos de un tercio, y la cantidad de trabajadores temporarios se ha reducido al 20%. Ya el año pasado en San Rafael, la empresa Canale cerró sus puertas como resultado de una situación económica crítica y de los aumentos desmesurados en las tarifas de luz y gas. Muchos productores han destruido sus cultivos o han regalado la producción en las plazas, como ocurrió en el departamento de Tunuyán.
La importación de tomate concentrado desde China ha afectado particularmente a las provincias de San Juan y Mendoza, responsables del 80% de esta producción. De manera similar, la importación de ajo chino, más barato que el nacional, ha perjudicado a los productores locales. También se han importado productos desde Chile, Brasil, Paraguay, Egipto, España y otros países. El año pasado, Peñaflor, la bodega más grande del país, importó 5 millones de litros de vino desde Chile, con autorización del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), con el objetivo de bajar el precio del vino local, que este año se pagó al mismo valor que el año pasado, a pesar de una inflación superior al 100%.
El aumento de las importaciones obedece a varios factores, pero principalmente a las políticas desreguladoras y aperturistas del gobierno nacional. Desde la asunción de Milei, se han ejecutado una serie de medidas, muchas incluidas en su DNU original y en la Ley Bases, que han facilitado el ingreso de productos del exterior. Entre ellas se destacan: la reducción de controles aduaneros y de aranceles a las importaciones; la disminución del impuesto PAIS del 17,5% al 7% a los productos importados; la modificación de la ley antidumping (que protegía a los productos nacionales frente a importaciones de menor valor); la flexibilización del Código Alimentario para permitir el ingreso de productos con simples autorizaciones internacionales de calidad; y la apertura de importaciones de unos 150 productos de la canasta básica mediante múltiples facilidades. A esta batería de medidas se suman las diferencias cambiarias y los subsidios que otros países otorgan a sus propias producciones.
Estas políticas aperturistas se implementan en un contexto de guerra comercial internacional, marcada por el aumento de aranceles impulsado por Trump. Mientras otros países refuerzan sus barreras aduaneras, protegen sus producciones locales y buscan nuevos mercados, el gobierno de Milei desregula y elimina toda forma de protección a la industria nacional y a las producciones regionales. Esta historia ya la hemos vivido: la apertura económica impulsada por Martínez de Hoz durante la dictadura provocó la quiebra de 20.000 industrias; la desregulación del menemismo eliminó un tercio de los productores nacionales; y las políticas de importación del gobierno de Macri generaron la crisis de miles de Pymes.
El gobierno sostiene que el estímulo a las importaciones busca contener la inflación. Sin embargo, los fundamentalistas del mercado olvidan que no puede haber consumo sin producción: sus medidas solo lograrán llevar al «déficit cero» en términos de producción. La apertura indiscriminada beneficia únicamente a los grandes intermediarios del comercio internacional y amenaza con transformar al país en una colonia de importación. Mientras se baten récords de exportación de carne, atravesamos la caída más drástica del consumo interno en el último siglo. Más que nunca, es necesario frenar las políticas de industricidio y quiebre de las economías regionales, defendiendo, apoyando y protegiendo la producción nacional. Una gran unidad en defensa de la producción y el trabajo que retome las mejores experiencias históricas como la lucha de la ex Terrabusi y las puebladas y cortes de ruta en defensa de las economías regionales.
hoy N° 2057 29/04/2025
