La marcha fue definida en un plenario de delegados del gremio, que reunió a 239 representantes sindicales y obreros de diversas plantas de la industria alimentaria. El compañero Jorge Penayo, integrante de la Comisión Interna de Mondelez Pacheco, miembro de la Agrupación Celeste y Blanca y del Comité Central del PCR, declaró en distintos medios: “Estamos en el período de paritarias donde se ha hecho plenario del gremio de la filial Capital. Ya hubo cinco a seis reuniones con las cámaras empresarias a través de la federación de la industria de la alimentación en donde las cámaras no quieren salir de la pauta que indica el Gobierno nacional que es el 1 por ciento”.
Penayo aseguró que la marcha es justa porque el ofrecimiento de la patronal “es inaceptable por varias cuestiones. Primero porque la inflación no es esa; segundo, las empresas vienen acumulando en todo este último periodo ganancias, porque después de los Precios Cuidados ellos han aumentado enormemente lo que quisieron los precios y no se condice con lo que están ofreciendo en la cámara”, explicó.
En el plenario de delegados, Penayo planteó que “La paritaria no va a ser una más, va a ser muy complicada, porque lo que está detrás es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos volvió a endeudar. El STIA salió a la calle a defender nuestros sueldos”.
Según Penayo, “hay que recuperar los tres puntos que perdimos en la paritaria anterior y luego discutir en serio”. La situación salarial refleja el deterioro del poder adquisitivo, según explicaron desde el sindicato: un operario calificado cobra en promedio 1.035.000 pesos brutos, mientras que la línea de pobreza supera el millón cien mil y la contrapropuesta sindical pretende superar estos números.
En Mondelez-Pacheco, ubicada en el partido de Tigre, zona norte del Gran Buenos Aires, la planta cuenta con unos 2.300 trabajadores, de los cuales 1.500 están bajo convenio del gremio. La empresa argumenta pérdidas por ausentismo, que ronda el 5 o 6 por ciento, pero según Penayo, no se trata de faltas injustificadas sino de casos derivados del ritmo de producción y enfermedades laborales.
Por su parte, el STIA calificó la oferta del 1 por ciento de incremento de “miserable”, y acusó al gabinete de Milei de alentar una “reforma laboral a la baja”, que precariza las condiciones de trabajo. En este escenario, Penayo comentó que el plan de lucha puede escalar si no hay respuestas: “Después de la movilización, si no hay avances, vendrán los paros escalonados. Nos preparamos para una lucha más larga”.
Molinos Río de la Plata
En la planta de Molinos Río de La Plata en Esteban Echeverría, la empresa anunció la intención de despedir entre 23 y 25 trabajadores, reducir salarios un 30 por ciento y modificar las dotaciones por línea, en nombre de una supuesta reestructuración.
El compañero Luciano Grecco, delegado de la Comisión Interna de la planta, en distintos medios se refirió a la situación en Molinos: “La empresa, basándose en un relato falso de crisis, avanza más allá de lo que incluso las reformas de Milei permiten”.
La planta tiene 200 empleados bajo convenio, más trabajadores administrativos, supervisores y tercerizados. Grecco afirmó que la empresa “quiere imponer de hecho una reducción de personal y salarios, sin discutirlo en el Comité Mixto de Salud y Seguridad, como exige la ley”.
“La situación en las líneas de producción es crítica. En la de bizcochuelos, donde trabajan cuatro personas por turno, la empresa querría reducirla a tres. Esto implica más carga laboral, menos descanso y mayores riesgos. Además, Molinos dejó de denunciar accidentes ante la ART y, en muchos casos, no pagaría los días que los trabajadores deben tomar por lesiones. “La empresa está desbocada. Quiere acumular más a costa de nuestra salud”, sostuvo el delegado.
En cuanto a los salarios, el promedio de un trabajador que recién inicia apenas supera el millón de pesos, mientras que uno con antigüedad oscila los dos millones de pesos, pero la empresa insiste en que “son caros” y buscaría recortarlos, lo que implicaría renunciar a adicionales de convenio. Esto fue rechazado por unanimidad en las asambleas. “Quieren que aceptemos algo ilegal. Ni siquiera están respetando los pisos mínimos que marca nuestro convenio colectivo”, señaló Grecco.
Desde el sindicato remarcan que en Molinos “no sobra ningún trabajador”. La reducción de personal sin evaluación previa en el Comité Mixto viola los protocolos de salud y seguridad. “La salud y la seguridad no se negocian. Los salarios de convenio, tampoco”, concluyó Grecco.
Tanto Penayo como Grecco coincidieron en que el gobierno de Milei “Quiere destruir la Ley de Contrato de Trabajo y prohibir el derecho a huelga”, y que las empresas quieren avanzar sobre la base de este apoyo del gobierno. Además aseguraron que el acuerdo con el FMI, las reformas propuestas y la apertura indiscriminada de importaciones, son parte del ataque del gobierno a la industria nacional.
hoy N° 2062 04/06/2025
