El gobierno avanza con el remate de las empresas estatales. Mediante el Decreto 493/2025 del 21 de julio, habilitó la privatización de Aysa y eliminó la prohibición de cortar el servicio en los hogares con facturas impagas.
Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA) es la empresa que provee de agua potable y cloacas a más de 11 millones de personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 municipios del Conurbano Bonaerense.
Con este decreto, Milei y sus secuaces entregan una empresa vital para la población de la patria, repitiendo lo hecho durante el menemismo. Un paso más en lo que José Ainsuain describe afirmando que “El agua dejó de ser un derecho de la población que garantiza la salud y el desarrollo para convertirse en un negocio que sólo busca ganancias extraordinarias para las multinacionales”. (Agua, patrimonio de la humanidad o de Wall Street, pág. 13).
Porque hay que recordar que AySA surge con la estatización de Aguas Argentinas, la empresa que el grupo francés Suez operó entre 1993 y 2006.
Hoy el gobierno de Milei, según varias publicaciones, ya tiene todo arreglado con la empresa israelí Mekorot, controlada mayoritariamente por el Estado. Mekorot, que ya tiene acuerdos con 12 provincias de nuestro país, forma parte de las empresas denunciadas “por favorecer, promover y financiar la ocupación israelí del territorio palestino a través de nuevas colonias” (ver “Mekorot, agua, soberanía y colonialismo” de Mauricio Cornaglia, en el libro de Ainsuain).
Las tratativas con Mekorot, para quedarse con los servicios de agua en la Argentina no empezaron con Milei. Ya en tiempos del gobierno de Alberto Fernández, quien era su ministro del Interior, Wado de Pedro, sostuvo varias reuniones con la empresa israelí. También el hoy “libertario” Daniel Scioli, cuando era gobernador de Buenos Aires intentó un acuerdo con Mekorot, que fue descartado por la oposición de organizaciones populares.
Párrafo aparte merece la vergonzosa postura a favor de la entrega por parte de la dirección del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS). Su secretario, José Luis Lingeri, contento por mantener el 10% del paquete accionario de AySA, dijo que “la reestructuración de la compañía no es una privatización tradicional”.
Las consecuencias de la privatización de AySA ya las conocemos: junto con los despidos y la precarización laboral, vendrá el aumento de las tarifas, encima con la autorización del gobierno a cortar el servicio a los morosos. Además, como ya conocimos con Aguas Argentinas, caerá la inversión en infraestructura, con la consecuente baja en la calidad del servicio.
Este es un paso más en la política entreguista del gobierno, ni más ni menos que privatizando el acceso a un derecho humano esencial como es el agua.
hoy N° 2070 30/07/2025
