Expresamos nuestra solidaridad con Mónica Gurina y Leandro Sánchez, ambos docentes y dirigentes gremiales (CTAA-UTEM) que están siendo procesados por la lucha llevada adelante en el año 2024 para la mejora de las condiciones salariales y de enseñanza en Misiones. Son llamados a ser juzgados y condenados como un “escarmiento” a los que reclaman por necesidades y derechos.
Justo en momentos que se ha desatado del mayor ajuste en décadas al pueblo argentino, que está empobreciendo a la provincia y a toda la Nación con la destrucción del Inym, cercenamiento a comedores escolares y comunitarios en todo el país, cercenamiento de presupuestos de salud, educación, cultura, discapacidad, infraestructura de transporte y seguridad pública, etc.
Que está llevando al cierre de miles de fábricas, al endeudamiento externo indiscriminado e ilegal; a la quiebra de producciones agrarias e industriales regionales, etc. Al mismo tiempo se beneficia con maniobras especulativas a un grupo de 7-8 grandes empresas, la mayoría extranjeras, con la exportación de granos, harinas y aceites como ha sucedido con la suspensión de las retenciones a las exportaciones por solo 3 días recientemente. Maniobras especulativas que terminan vaciando las reservas del Tesoro nacional y hasta el traslado físico de las mismas (oro) al exterior. Todas medidas “dentro de la legalidad” que no han merecido la intervención del gobierno provincial, ni el pedido de enjuiciamiento para la puesta en marcha del INYM.
En todas ellas está el fondo del ajuste y la protesta consecuente del los trabajadores y pueblo, que ahora se procesa y juzga, como es el caso que nos ocupa.
En este marco el estado provincial ha dispuesto el procesamiento de representantes gremiales por “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte por tierra en concurso ideal” en el Juzgado Correccional y de Menores Nro. 1 de Posadas para el día 15 de octubre del año 2025.
Siendo un derecho fundamental el de peticionar o protestar o de reunirse y peticionar garantizado por la Constitución Nacional, resulta inadmisible la presente criminalización.
Invitamos todos los sectores populares a solidarizarse dado que el desarrollo del juicio – debate oral y público será el 15 de octubre a partir de las 7.30 ante el Juzgado Correccional y de Menores Nro. 1 de Posadas, Av. Centenario casi Santa Catalina.
