El aplauso de pie de los más de 500 invitados en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno por el Día de la Industria, transmitido a través de la cadena nacional de radio y televisión, volvió a hacer recordar el momento cuando en diciembre de 2001, tras el Argentinazo, el entonces presidente provisional Adolfo Rodríguez Saa anunció la suspensión del pago de la deuda externa argentina, ilegítima y usuraria.
Pero entre aquel acto y el actual de Cristina Fernández hay al menos dos diferencias abismales. Una que aquel acto se hizo en el Congreso, el ámbito constitucional para tratar el tema de la deuda externa, y el actual no se realizó allí sino en uno de tipo corporativo con invitados seleccionados desde el propio gobierno, principalmente dirigentes empresariales, sindicales, gobernadores y ministros. La otra diferencia: lo que aplaudían fervorosamente estos “invitados” era el pago de parte de esa deuda, que se arrastra desde la dictadura militar que asoló el país entre 1976 y 1983.
La propia presidenta se encargó de decirlo en su discurso: “la deuda con el Club de París es aproximadamente (¡sic!) de 6.706 millones de dólares y tiene fecha de corte el 10 de diciembre de 1983”. Es decir que se trata de una deuda “odiosa”, una calificación reconocida internacionalmente desde hace más de un siglo cuando se trata de deudas contraídas por gobiernos no constitucionales, que recientemente se aplicó por ejemplo respecto de la deuda de la ex URSS en beneficio de Rusia o en el caso de Irak a favor del régimen títere de los invasores anglo-yanquis.
La presidenta se escudó en que fue una deuda “para prefinanciación de exportaciones”. Pero eso no legitima su origen, ya que fueron préstamos para una dictadura en relación a la cual se vienen rasgando las vestiduras tanto el gobierno kirchnerista como los gobiernos reclamantes. Peor aún, esas prefinanciaciones fueron principalmente para la compra de armas por esa dictadura, cuando masacraba al pueblo y preparaba la guerra contra Chile por el llamado Conflicto del Beagle.
Es cierto que los gobiernos de Alfonsín, Menem y De la Rúa, aceptaron los condicionamientos de la dictadura y los imperialistas “renegociando” esa deuda, pero no la pagaron. Además una deuda que es ilegítima en su origen y odiosa en término de las relaciones internacionales, no se convierte en legítima porque haya sido refinanciada. Así como las leyes de obediencia debida y de punto final de Alfonsín, ni los indultos de Menem, no pudieron borrar los crímenes de la dictadura y el reclamo del castigo a los responsables, las refinanciaciones de esas deudas y sus intereses no pueden ser excusa para que no se hagan cargo de ella los criminales de la dictadura y los gobiernos imperialistas que financiaron sus compras. Más aun existiendo el fallo del juez Ballestero, basado en la histórica investigación de Alejandro Olmos, que demostró la existencia de “no menos de 477 ilícitos, delitos penales”, que hacen que “la deuda no tiene justificación económica, ni jurídica, ni moral”.
Ilegitimidad e ilegalidad
Ni los discursos desde el atril ni los aplausos de los interesados e incondicionales de turno pueden dar legitimidad a algo que es ilegítimo por su origen. Tampoco dan legalidad a un anuncio hecho por fuera de su propia legalidad. Según la Constitución Nacional corresponde al Congreso cualquier arreglo sobre la deuda externa; tampoco de por sí el Poder Ejecutivo puede hacer uso de las reservar del país, lo que requeriría una ley que modifique la Carta Orgánica del Banco Central.
Los defensores del sistema oligárquico imperialista ponen el grito en el cielo argumentando esa legalidad frente a quienes planteamos que las reservas, hechas a costa de los sacrificios de los trabajadores y el pueblo, podrían y deberían ser utilizadas para promover su bienestar y el desarrollo de la producción. Pero no tienen empacho en aplaudir que se utilicen esas reservas, aun violando sus propias normas legales, para pagar una deuda externa ilegítima y fraudulenta con la cual han venido medrando todos estos años, desde la dictadura.
Cuando Kirchner hizo esto en 2005 con el FMI, el argumento fue que se trataba de una excepcionalidad al ser un pago a un organismo internacional. Ahora Cristina menciona al “Club” como un ente similar al FMI, cuando es un grupo informal que no tiene personería jurídica y por lo tanto no puede recibir pagos del Banco Central. Es simplemente un organismo coordinador de países acreedores de préstamos que son bilaterales, para evitar arreglos por separado que puedan beneficiar a unos en desmedro de otros.
Pero más allá de estas “desprolijidades” de Cristina, el anuncio del pago al contado fue recibido con beneplácito por el Club de París, aunque elevando “la deuda” de los “aproximadamente” 6.706 millones de dólares anunciados por Cristina a 7.900 millones de dólares. Es decir unos 1.200 millones más de intereses y punitorios por los vencimientos posteriores a 2004, que no piensan perdonarle aunque Cristina en “su apuro” se los haya olvidado. Además España se anota para el cobro inmediato de otros 1.000 millones de dólares del “blindaje” a De la Rúa, que anteriormente renegoció con Néstor a seis años de plazo con “el paraguas” del Club de París.
Como se ve, “¡muy bien Cristina!” pero esto es solo “un paso”, como también lo recordaron los imperialistas yanquis por medio de un comunicado, diciendo que la administración de George W. Bush estaba “complacida” con la decisión, pero señalando que se trata de “un primer paso” y que espera trabajar con la Argentina en la normalización de “sus relaciones financieras con todos los acreedores externos y con la comunidad financiera internacional”. Es decir “vamos por todo”, incluyendo los tenedores de bonos que no entraron en el canje de la deuda (holdouts), que desde los 22.000 millones que eran a fines de 2004, con el reclamo de intereses y punitorios desde entonces ya suman unos 31.000 millones de dólares. La orden de pago de Cristina a los gobiernos del Club de París deja al país sin el argumento jurídico principal para su defensa, que es el que legalmente no está permitido pagar deudas del gobierno con fondos del Banco Central.
Qué es el Club de París
Paradójicamente el Club de París, llamado así por su sede en la capital francesa, fue creado por los países imperialistas de Europa y Estados Unidos en 1956 especialmente para la Argentina, tras el derrocamiento del gobierno de Perón, para liquidar los convenios bilaterales de gobierno a gobierno con que se manejaba éste en sus relaciones comerciales. De esa manera se cobraron compensando saldos entre ellos y logrando que el país se hiciera cargo de las diferencias a través de la dictadura de Aramburu.
Luego este club de los ricos se extendió a más países a fin de coordinar el otorgamiento por organismos de sus gobiernos (como el Eximbank de Estados Unidos y similares de otros países imperialistas) de préstamos y sus cobros a los gobiernos de los países dependientes, para “facilitar” las compras de estos a sus monopolios (como ocurrió bajo la dictadura con la compra de armamentos a la alemana Tyssen, o ahora los K quieren hacer con la francesa Almston por el tren bala). Actualmente son 19 países ricos los que integran el Club de París: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Rusia, Suecia, Suiza y Reino Unido.
La deuda que quiere pagar Cristina, originada en préstamos a la dictadura por 3.000 millones de dólares y aumentada por los intereses de las prórrogas “renegociadas” por los gobiernos posteriores a los 6.706 millones que dijo Cristina (y que ellos dicen que ahora son 7.900 millones, por el tiempo transcurrido desde 2004), es principalmente con los gobiernos de Alemania (en un 30%, ya que sus monopolios fueron los que más vendieron a la dictadura), Japón (un 25%), Holanda (9%), e Italia, España y Estados Unidos, en orden decreciente.
