El 22 de octubre miles de personas marcharon desde el Congreso hasta el Ministerio de Salud en CABA, uniendo nuevamente en las calles a familiares, trabajadores y prestadores del sector de la discapacidad. Por la noche hubo cacerolazos en varias provincias.
La jornada de lucha estuvo convocada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y tuvo como eje denunciar el incumplimiento de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, aprobada tras sortear el veto de Javier Milei, pero boicoteada por un gobierno que prioriza el ajuste y la represión al pueblo. Miles de sillas de ruedas, combis adaptadas y carteles con consignas como “Respeten los derechos adquiridos” y “No al ajuste libertario” coparon la 9 de Julio, mientras cacerolazos nocturnos se hicieron sentir en Mendoza, Santa Fe y otras provincias.
Un pueblo en lucha contra la crueldad del ajuste
Madres, padres, terapeutas y transportistas marcharon en unidad mostrando cómo este gobierno y su política están dejando al borde del cierre a los centros de día, obligando a suspender terapias y dejando sin medicamentos a miles.
En el trayecto de la marcha recibieron la solidaridad de automovilistas, transeúntes y hasta empleados de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que desde las ventanas tiraron papelitos de solidaridad. Para variar, la Policía Federal que dirige la ministra Bullrich volvió a provocar con empujones a los manifestantes.
El gobierno de Milei no reglamenta la Ley de Emergencia, aprobada en 2024, y mantiene congelados los aranceles de prestaciones desde diciembre pasado, con aumentos irrisorios (0,5% a 1% mensual). A esto se suman irregularidades en pagos, denegación de tratamientos y los curros de Karina Milei y su ya famoso “3%”.
La gota que colmó el vaso fue el maltrato a familiares y prestadores el 17 de octubre, cuando irrumpieron en la sede central de la Andis exigiendo respuestas, y el interventor Vilches se negó a recibirlos.
Frente al Ministerio de Salud, en un acto, los organizadores leyeron un comunicado que expresa “No aplicar la Ley de Emergencia es incumplimiento de los deberes de funcionario público y una violación de la división de poderes establecida en la Constitución Nacional. Advertimos al presidente Javier Milei, al ministro Mario Lugones y al interventor Alejandro Vilches que garanticen los derechos de las personas con discapacidad, cumplan la ley y respondan a la crisis terminal que atraviesa el sector”.
Hablaron familiares y prestadores, reiterando sus denuncias ante la crueldad de esta política. Adriana, madre de dos hijos con discapacidad, rompió en llanto al describir la situación: “Es desesperante e insostenible. Mis hijos van a perder su calidad de vida si cierran los centros. ¿Por qué congelan pagos mientras hay 121.000 millones sin ejecutar? Esto es crueldad contra los más vulnerables”.
En el cierre de la jornada llamaron a votar el 26 “contra el ajuste que mata” y convocaron a una nueva jornada de lucha para el 29 de noviembre.
hoy N° 2083 29/10/2025
