El 28 y 29 de octubre la población de Río de Janeiro se vio sorprendida por la llamada “megaoperación” de la policía militar del gobierno del fascista Cláudio Castro (PL-RJ). La operación tuvo lugar en la madrugada en los complejos Penha y Alemão, donde residen más de 100.000 trabajadores, supuestamente con el objetivo de arrestar a dirigentes del Comando Vermelho (Comando Rojo).
En la mayor masacre perpetrada por la policía en la historia del país, al menos 120 personas fueron asesinadas, muchas con claras señales de ejecución sumaria o rendición. Al menos 74 cuerpos fueron recuperados por los propios vecinos en las calles y bosques aledaños a los barrios. Además de estas personas, decenas resultaron heridas. Esto constituye, en la práctica, la continuación de una política de exterminio contra nuestra población marginada, que vive en un clima de guerra.
“No he dormido, sigo despierto porque siguen dejando cadáveres aquí en la plaza cerca de mi casa. Y siguen llegando, siguen llegando, muertos y familiares gritando, gritando cuando reconocen a la persona y los cuerpos. Torturaron los cuerpos de los chicos que estaban en el bosque. Gente a la que le faltaba un pedazo de la cabeza, media cara, un dedo roto, una pierna colgando, y torturaron mucho a los chicos que estaban en el bosque”, dijo un residente del Complejo Penha.
Contrariamente a lo que los principales medios de comunicación burgueses y el Estado presentan como una operación victoriosa con la incautación de aproximadamente 100 rifles, 81 detenciones y la muerte de más de cien personas, lo que los residentes ven en esta operación es otra masacre contra la clase trabajadora.
Durante la operación, todas las universidades cerraron, el comercio en al menos 20 barrios quedó paralizado, 200 líneas de autobús se vieron afectadas, dos autopistas y una carretera federal fueron cerradas, y los centros de salud en diversas partes de la ciudad no pudieron atender a los pacientes.
Para justificar esto, la estructura de la Policía Militar refuerza esquemáticamente la idea de que “el único criminal bueno es el criminal muerto”, mientras que los mayores criminales de nuestro país son precisamente los comandantes de las corporaciones militares y sus aliados económicos. Mientras el fascista Cláudio Castro y sus militares celebran la muerte de inocentes, la periferia sufre una vez más la muerte de sus niños, que ni siquiera tienen acceso a la educación, la salud y el saneamiento básico.
Genocidio en las favelas
El genocidio en las favelas de Río de Janeiro no es nada nuevo para la población. Año tras año, los políticos son elegidos en el Estado de Río con el discurso de que el Estado debe acabar con el crimen organizado y que solo la inversión en la policía puede brindar la tan ansiada seguridad a toda la población, pero en la práctica este argumento no se sostiene.
En los últimos cinco años (2020-2025), 6.024 personas murieron a causa de intervenciones policiales en el estado de Río de Janeiro, según datos del Instituto de Seguridad Pública de Río de Janeiro.
Este resultado no es un error de política pública; al contrario, es el éxito de un proyecto político que concibe la muerte de la población negra y trabajadora como solución a la crisis de seguridad pública. Prueba de ello es la declaración del alcalde de la capital, Eduardo Paes (PSD), tras el operativo: “Río no puede seguir siendo rehén de grupos criminales”, ignorando las decenas de muertos y afirmando que la ciudad no puede detenerse.
Durante al menos 40 años, Río de Janeiro ha sufrido miles de operativos policiales. En total, desde principios de 2007 hasta agosto de 2024, se registraron más de 22.000 operativos policiales solo en Río de Janeiro, según la investigación «Nuevas Ilegalidades» de la UFF (Universidad Federal Fluminense). De todas las personas asesinadas en estos operativos, aproximadamente el 84% son negras.
La mayor operación contra el crimen organizado en el país tuvo lugar en Faria Lima, el centro financiero de la burguesía brasileña. Ninguna de ellas en las favelas. Ninguna disparó un solo tiro. Pero la favela siempre se considera territorio enemigo.
Según el gobernador, la operación es un éxito porque cumple su objetivo: asesinar a la clase trabajadora y apoderarse de todo el dinero de la población de esa ciudad, mientras la burguesía se beneficia de cada muerte. Su único inconveniente es que el pueblo se rebela y se organiza. La construcción de una nueva sociedad está más cerca que nunca, y solo cuando el pueblo esté en el poder tendremos una política de seguridad pública que priorice la vida, no la muerte.
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El gobernador de Río oculta pruebas de los asesinatos
La Defensoría del Pueblo del Estado de Río de Janeiro (DP-RJ) denunció que se le impidió acompañar el examen forense de los cuerpos de las víctimas de la masacre policial en los complejos Penha y Alemão. Según la institución, a sus representantes se les prohibió el acceso al Instituto Médico Forense Afrânio Peixoto (IML), en el centro de Río, sin autorización para entrar en la sala de autopsias ni para realizar el examen técnico de los cuerpos.
Según el diputado federal Tarcísio Motta (PSOL-RJ), una comisión parlamentaria descubrió que se practicaron autopsias (examinaron) a 100 cuerpos sin el acompañamiento de familiares ni de organismos de control como la Defensoría del Pueblo.
La intención de Cláudio Castro y sus aliados es ocultar las pruebas que están surgiendo de que muchas de las personas asesinadas por la policía este martes son inocentes y no tienen ninguna relación con el crimen organizado.
El jueves 30, dos días después de la masacre, decenas de familiares de los fallecidos ocuparon la avenida Francisco Bicalho, frente al Instituto Médico Forense, para protestar por la demora en la entrega de los cuerpos.
hoy N° 2084 05/11/2025
