En las últimas semanas, la Justicia abrió una investigación por coimas, sobreprecios y adjudicaciones amañadas que involucran a funcionarios y empresarios. Maniobras millonarias realizadas mientras miles de familias con personas con discapacidad pelean día a día para sostener terapias, tratamientos y pensiones que el Estado les niega, negándose a cumplir con la ley de emergencia en discapacidad.
La causa, que ya derivó en allanamientos, secuestro de documentación e imputaciones, muestra un esquema delictivo en el que se pagaron coimas a cambio de contratos direccionados. Esto contrasta con la continuidad del ajuste sobre las y los discapacitados, sus familiares y prestadores, y vuelve a mostrar el verso de que este gobierno vino a “terminar” con el Estado. Son una banda de delincuentes que usan el Estado para enriquecerse.
Con la lucha popular encabezada por la comunidad vinculada a la discapacidad, se logró voltear los vetos presidenciales a la emergencia. Pese a eso el gobierno se niega a aplicarla, y la semana pasada recusó al juez que había invalidado el veto.
A fuerza de una lucha sostenida se consiguieron además la restitución de una cantidad de pensiones, y un pequeño aumento a los prestadores, muy lejos del 70% que adeuda el gobierno a docentes, trabajadores de la salud, transportistas y todas y todos los que trabajan en el área de la discapacidad.
Se destapan más negociados
Después de los audios de Diego Spagnuolo, extitular de Andis, que reveló cómo Karina Milei se quedaba con un 3% de las coimas, el fiscal federal Franco Picardi realizó un dictamen en el que denuncia a Spagnuolo y otros personajes de llevar adelante una trama de licitaciones direccionadas, sobreprecios, pagos indebidos y coimas, especialmente en el Programa “Incluir Salud” de Andis.
En la causa ya son 15 los imputados, entre ellos el director de Acceso a Servicios de Salud Garbellini, Miguel Ángel Calvete, descripto como “el verdadero director para-estatal de la Andis”, otros como Pablo Atchabahian, que también actuaba desde fuera de la planta orgánica, y los representantes de las droguerías involucradas.
También se conoció el allanamiento a una hija de Miguel Calvete, Ornella, renunciada directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía, a la que se le encontraron en su casa 700 mil dólares.
El fiscal estimó que el robo realizado por esta mafia que metió el gobierno a dirigir la Andis es de cerca de $43.000 millones de pesos (aproximadamente USD 30 millones).
Mientras todos los días se conocen más y más chanchullos y porquerías, el gobierno sigue con el ajuste con el argumento de que se “está auditando”.
Las y los familiares vienen denunciando que en muchos casos tuvieron que interrumpir las terapias y/o medicaciones para sus hijos, que los prestadores quiebran por las deudas, que las y los niños no tienen asegurada la cursada escolar para el año entrante, entre otras infamias.
Por todo esto, la comunidad vinculada a la discapacidad anunció nuevas protestas para los próximos días.
Debemos rodear de solidaridad esta lucha para torcerle el brazo a la crueldad del ajuste del gobierno, y lograr que se aplique plenamente la emergencia en discapacidad.
hoy N° 2087 26/11/2025
